Un informe advierte de cómo los políticos instrumentalizan a la infancia migrante y la colocan en el centro de los discursos de odio

Imagen de archivo de unos menores de un grupo de migrantes rescatados por Salvamento Marítimo en Canarias. EFE/Carlos de Saá

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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El informe Monitoreo Derecho a la Vida presentado este jueves por Caminando Fronteras ha puesto de manifiesto las desgarradoras cifras de personas fallecidas en lo que va de año en la ruta canaria: 9.757 muertos en pateras o cayucos que trataban de llegar a Canarias en 2024, lo que supone 28 al día. Se trata de unas cifras que suponen un aumento del 62,4% frente a los datos del año pasado y una muerte en el Atlántico cada 51 minutos. 

El documento, además, pone el foco en la infancia migrante y destaca cómo los políticos la utilizan y la colocan en el centro de los discursos de odio. Esto que denuncia Caminando Fronteras ocurre en un año en el que el PP en el ámbito nacional ha bloqueado el acuerdo para acoger a menores migrantes por todas las comunidades autónomas presionado por Vox, al tiempo que estos partidos han intensificado su discurso contra las personas que migran. 

En concreto, el informe hace hincapié en que “considerar a los menores como migrantes antes que como infancia es una práctica constante en los discursos gubernamentales y en las prácticas administrativas e institucionales. Esta visión, junto con la instrumentalización de los niños, niñas y adolescentes migrantes como moneda de cambio entre los políticos, los coloca en el centro de los discursos de odio”. 

Caminando Fronteras pone el ejemplo de que el Gobierno canario llegó a activar un protocolo “que consideraba que los niños, niñas y adolescentes migrantes recién llegados a las islas estaban protegidos simplemente por estar bajo custodia policial, sin necesidad de declararlos en situación de desamparo para que pudieran ser tutelados por los servicios de protección de menores canarios”. Este protocolo “intentaron implementarlo tras las demandas de las autoridades canarias, que solicitaban el traslado de los niños a otros territorios del Estado español debido a una saturación de sus recursos”, explica.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió de manera urgente el protocolo impuesto por el Gobierno regional para la acogida de menores no acompañados. La Sala de lo Contencioso Administrativo admitió el recurso presentado por la Fiscalía, que señaló que la medida podía vulnerar los derechos fundamentales de los niños y niñas que llegan a las islas. 

“He perdido a mis dos hijos, los únicos que tenía”

“He perdido a mis dos hijos, los únicos que tenía. Les tuve que cerrar los ojos y tirarles al mar. Nos metieron en la barca, no teníamos GPS, ni comida, el motor se rompió. Pedimos ayuda, pero no venía nadie. Pasamos 11 días en el mar. La vida de mis hijos se fue apagando, les daba mi ración de comida pero se apagaban. Se murieron en mis brazos. Mi niña, mi niño, mis vidas,no pude salvarles. Pido a Alá que me mate a mí también, es lo único que quiero”, narra M.C., una mujer guineana, en uno de los testimonios que recoge este informe de Caminando Fronteras. 

El documento recuerda que la presencia de niños, niñas y adolescentes en la ruta Atlántica, del Estrecho y hacia Baleares ha crecido significativamente durante este período, “mientras persiste la desprotección y la falta de garantías por parte de las administraciones públicas”. De hecho, incide en que el año 2024 ha estado marcado por el “mercadeo con la infancia migrante entre las diferentes administraciones del Estado español que deberían protegerla”. 

“Si esta situación es devastadora para la infancia que sobrevive al cruce de fronteras, podemos imaginar cómo se ve despojada de toda dignidad cuando forma parte de las víctimas mortales y desaparecidas”, remarca el informe.

‘Monitoreo Derecho a la Vida’ cita como ejemplo que en el Centro Canarias 50, ubicado en una antigua base militar en Las Palmas de Gran Canaria, se acoge a migrantes adultos, tanto hombres como mujeres con hijos. Todo ello “a pesar de que oficialmente no debería haber menores en este espacio, niños y niñas no identificados como tales conviven con población adulta”, recalca. 

Un experto explica en este informe que a estos menores se les puede ver “en la calle, en grupos, dándose la mano y jugando como críos que son. A simple vista ves que son niños. ¿Cómo puede ser que no estén en el sistema de protección? Esto ocurre por múltiples razones: el sistema, ya saturado, no los identifica como menores, alguien les aconseja declararse mayores de edad, o ellos mismos prefieren seguir su viaje a Europa y evitan ser clasificados como menores. Así, se están perdiendo muchos niños y niñas, teniendo en cuenta que cada vez la infancia es más numerosa en esta ruta, la desprotección hace que nos preguntemos ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde acaban?”, resume. 

Aumenta el número de niños de Malí

El documento de Caminando Fronteras advierte también de que durante este año, la presencia de niños provenientes de Mali ha aumentado significativamente. “La expansión del conflicto armado ha generado miedo constante al reclutamiento forzoso, el secuestro para trabajos forzados y la violencia generalizada. Este contexto ha llevado a muchas familias a priorizar la salida de sus hijos como estrategia de protección”, apunta. 

Asimismo, se recuerda que el cambio climático también juega un papel definitivo en la zona agravando la desertificación, especialmente en el norte y este de Mali, “y provocando desplazamientos internos y conflictos por el uso de los recursos naturales”. “Los ganaderos, especialmente del grupo étnico fulani, enfrentan dificultades para encontrar pastos, lo que intensifica la competencia por tierras y los enfrentamientos entre comunidades”, destaca.

Por último, en este capítulo sobre la infancia migrante y las mujeres se apunta también a que destaca la salida en las rutas migratorias atlánticas de niñas y adolescentes de Guinea, Costa de Marfil y Senegal. “Ellas migran tratando de escapar de los matrimonios forzados, la mutilación genital y las violencias estructurales contra las mujeres. En algunas zonas de conflicto el secuestro para matrimonios forzosos con soldados se mantiene. El riesgo que tienen las niñas es que muchas de ellas no son identificadas como menores, por las deficiencias del sistema o porque ellas mismas se declaran mayores incitadas por otros adultos, eso hace que no estén protegidas y se encuentren en una situación de vulnerabilidad frente a los posibles riesgos”, concluye. 

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