El proyecto de ley de vivienda vacacional llega al Parlamento canario, el último trámite para su aprobación

El Gobierno de Canarias trasladará al Parlamento regional el proyecto de ley que regulará la vivienda vacacional tras introducir “múltiples cambios” respecto al borrador inicial, según ha reconocido la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León.

De León ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que, “por fin”, el anteproyecto de ley llegará como proyecto de ley al Parlamento de Canarias, el último trámite para su aprobación, antes de que finalice el año, tal y como se comprometió el Ejecutivo regional, cuyo carácter “reformista” ha ensalzado, ya que hoy se ha abierto el trámite de consulta pública para reformar la ley de ordenación del turismo de 1995.

La consejera ha calculado que la ley de vivienda vacacional podría aprobarse en un plazo de tres meses, teniendo en cuenta que enero es inhábil, aunque pedirá a la Mesa del Parlamento de Canarias que habilite la última semana del mismo para apurar los plazos.

De León ha hecho hincapié en que en el Ejecutivo regional han sido “bastante flexibles” y se han introducido “múltiples cambios” a petición de otras administraciones, órganos consultivos y ciudadanos durante el proceso de alegaciones, en el que se han recabado más de 5.000.

Uno de esos cambios, ha detallado De León, es que en el borrador inicial no se diferenciaba entre propietarios y explotadores de viviendas vacacionales y se establecía una temporalidad de cinco años, revisables a otros cinco, hasta un máximo de 20 años.

Tras un proceso de “escucha activa”, el Gobierno de Canarias ha acordado que todos los propietarios que cumplen con el decreto que en estos momentos regula la actividad puedan ejercerla de forma ilimitada.

Otro de los cambios introducidos en el texto legal, más allá de los que pueda haber durante el trámite parlamentario, es que los ayuntamientos con la capacidad de carga sobrepasada (90% vivienda-10% turismo) puedan emitir un informe por núcleos.

La norma canaria pretende establecer un porcentaje máximo del 10% de la “edificabilidad residencial prevista” del municipio a las viviendas vacacionales, es decir, autoriza que una de cada diez casas (dos de cada diez en las llamadas Islas Verdes, estas son, La Palma, La Gomera y El Hierro) en cada localidad puedan explotarse con fines turísticos. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de pisos turísticos sobre el total supera el 10% en 17 municipios canarios. En el resto, aún hay mucho margen.

En este sentido, el Consejo Consultivo del Ejecutivo regional, a pesar de haber avalado el texto legal, hace unos días formuló reparos y observaciones a una veintena de artículos y disposiciones de la norma. Entre estas objeciones descarta que la ley canaria de alquiler vacacional evite la saturación turística.

Pues bien, el anteproyecto de la ley canaria de alquiler turístico propone modificar un artículo de la polémica Ley del Suelo de Canarias, aprobada en 2017, a través de una disposición final. El apartado en cuestión dice lo siguiente:

“En las zonas reservadas para el desarrollo turístico, los planes insulares de ordenación podrán identificar aquellas zonas o núcleos de las mismas en las que no se deban permitir nuevos crecimientos turísticos ni residenciales por ser incompatibles con el principio de desarrollo sostenible o tener el carácter de espacios saturados”.

Ese cambio ha llamado la atención del órgano consultivo, que le ha espetado al Ejecutivo regional que su proyecto para regular el alquiler vacacional, precisamente, “no guarda correlación” con el desarrollo sostenible “y con la evitación de la sobrecarga cuando el espacio ya se encuentre saturado”.

El Consejo Consultivo fundamenta esta consideración en la “posibilidad de crecimientos, bien turísticos o bien residenciales”, que permite la futura ley.

De León llegó a afirmar en la Radio Televisión Canaria (RTVC) que en las Islas hay poco más de un millón de casas y que “lo que ha dicho el Gobierno” es que, de ese total, el 10% puede incorporarse al alquiler turístico. También dijo que la ley es la primera piedra del “cambio de modelo” exigido en las manifestaciones contra el turismo masivo del pasado 20 de abril. El Consultivo ha sugerido, no obstante, que poco hará esta normativa por evitar la saturación turística.

Por otro lado, la consejera de Turismo ha aludido también a la supresión del requisito inicial de contar con un punto de recarga para vehículos eléctricos a 500 metros de la vivienda vacacional o a la reducción de la superficie mínima hasta los 25 metros cuadrados.

Ha señalado que ha habido cambios a petición de la FECAI y la FECAM, con la última de las cuales el Gobierno de Canarias ha “acercado bastante más las posturas” que al inicio.

La consejera ha subrayado que el reparto de competencias que determina el proyecto de ley no ha sido puesto en duda por ningún organismo, y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Granadilla, que ha redactado y tiene en exposición pública su ordenanza, “una oda a la sencillez”, en un mes.

“No pedimos un cambio sustancial” del planeamiento general, ha expresado la consejera, ya que los ayuntamientos pueden recurrir a una ordenanza pormenorizada o provisional.

Preguntada si teme una batalla judicial, ha asegurado que esta ley “ha estado tan participada y ha pasado por tantas consultas que es muy difícil que esos recursos prosperen”.

Jessica de León ha recalcado que cuando entre en vigor la ley, hasta que el planeamiento de cada municipio no lo habilite no se podrá conceder una sola licencia.

También ha enfatizado el hecho de que se ha “reforzado” la declaración responsable para ejercer la actividad, con la exigencia de proyectos técnicos y con la vigilancia del “cumplimiento estricto” de la ley por parte de cabildos, ayuntamientos, Gobierno de Canarias y de España a través del registro de ventanilla única digital.

A pesar de los “múltiples cambios” introducidos, la consejera ha reparado en el carácter “contundente” de la futura ley de vivienda vacacional, que mantiene unas “líneas rojas”, como el veto a esta actividad de la vivienda protegida.

Cree la consejera que esta ley “indiscutiblemente” ayudará a relajar la tensión del mercado de la vivienda residencial, una realidad de la que no es responsable en su totalidad la vacacional sino que responde a diferentes factores, uno de ellos, la ley estatal de vivienda cuya derogación ha vuelto a reclamar.

En cuanto a la reforma de la Ley de ordenación del turismo, ha indicado la necesidad de adaptar la normativa al contexto actual, en el que Canarias vive “cuatro emergencias: energética, hídrica, habitacional y migratoria”.

Ha opinado que la ley en vigor, pese a su longevidad, fue “avanzada a su tiempo” y ha permitido a Canarias tener un sector turístico “muy competitivo”, y lo que ahora pretende el Gobierno regional es que sea “más rentable para los canarios” y que “hable el lenguaje de la sostenibilidad”.