Tras la lluvia de críticas por las “inhumanas” condiciones de vida de los internos y una orden judicial de clausura, las autoridades de Papúa Nueva Guinea han cerrado el centro que Australia estableció en la isla papuana de Manus para tramitar solicitudes de asilo. Sin embargo, más de 800 personas permanecen allí, según han informado medios locales. El Gobierno australiano, por su parte, aún no ha confirmado la medida.
El juez del Tribunal Supremo papú, Salamo Injia, ha anunciado este lunes que la corte ha recibido una notificación del Gobierno del país según la cual el centro ha sido cerrado en cumplimiento de una orden judicial suya, según Radio New Zealand.
“El Gobierno de Papua Nueva Guinea ha cumplido con la orden judicial y se ha cerrado el centro de la isla de Manus”, ha dicho el magistrado, cuyas declaraciones recoge la ABC, la radiotelevisión pública australiana. Para ello, la corte se basa en que se ha permitido que los hombres abandonen el centro durante el día, de acuerdo con el medio público.
Los inmigrantes internos –unos 880 según datos oficiales del 6 de marzo– han sido reubicados, ha explicado el juez, en la base naval donde se construyó el centro de detención. La ABC apunta que estas personas que permanecen en el interior del centro “en realidad no han movido de las instalaciones, pero se les ha dicho que ahora están viviendo en la base naval”.
La corte ordenó el cierre del centro en un fallo emitido en abril del año pasado a partir de una demanda por detención ilegal presentada por más de 700 solicitantes de asilo y refugiados contra el gobierno papú. El Alto Tribunal consideró que violaba sus libertades personales reconocidas en la constitución del país.
La oficina de prensa del Ministerio de Inmigración de Australia ha declinado comentar el cierre del centro, según la Agencia EFE. El gobierno papú había comunicado su intención de clausurar el recinto en octubre y pedido a Australia ayuda para reubicar a los refugiados.
Condiciones de vida “inhumanas”
Australia reactivó en 2012 su política para la tramitación en terceros países de las solicitudes de inmigrantes que viajan al país en busca de asilo y acordó la apertura de centros de detención en Papúa Nueva Guinea y la isla de Nauru.
La ONU y grupos de defensa de los derechos humanos han criticado estos centros de detención al catalogar como “inhumanas” las precarias condiciones de vida con las que viven los internos.
En agosto del año pasado the Guardian publicó más de 2.000 informes filtrados del campo de detención para refugiados de Nauru, similar al de Manus. Los documentos revelaban los abusos sexuales, las agresiones físicas, los intentos de suicidio, los abusos a niños y la vida en duras condiciones que han soportado los solicitantes de asilo por parte del Gobierno australiano.
Pocos días después de la publicación, el Ejecutivo acordó con el gobierno de Papúa Nueva Guinea el cierre del centro de migrantes de Manus, pero al concluir el año aún no se había precisado fecha para la clausura.
Muchos de los inmigrantes retenidos en Nauru y Papúa han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria, y otros que han escapado de la discriminación o de la condición de apátridas como las minorías rohinyá de Birmania, o Bidún, de la región del Golfo.