Sara es española, trabaja de au pair y utiliza un nombre falso porque acaba de pasar 24 horas en la cárcel y todavía tiene miedo. Esta joven residente en París quedó el domingo con una amiga en la plaza de la República, donde esa mañana miles de ciudadanos depositaron zapatos en señal de protesta por la prohibición de manifestarse y formaron una cadena humana de tres kilómetros para exigir compromisos a los gobiernos que estos días negocian en París un acuerdo contra el calentamiento global. Al llegar a la plaza comenzaron los disturbios con la policía ocasionados por un reducido pero ruidoso grupo de encapuchados.
“Salí del metro y encontré aquello, corrí pero no pude salir por ninguna parte”, recuerda.
Las fuerzas de seguridad cerraron todas las salidas de la plaza y las entradas del metro, y en medio de las bombas de gas lacrimógeno Sara se acercó a un grupo de militantes del Nuevo Partido Anticapitalista, quienes, según explica, estaban protegiendo del caos a quienes se vieron atrapados. “Vi que nos cercaron y que los violentos quedaban del otro lado”.
Arrestados por manifestarse
Sara fue arrestada junto a otras 341 personas “por presencia no armada en manifestación ilegal debido al estado de emergencia”, explica nada más abandonar el calabozo en el que pasó la noche junto a otras tres chicas. Al llegar a comisaría le pidieron los datos, le tomaron las huellas, le quitaron los cordones, las gafas y las gomas del pelo.
“Solo podíamos ir al baño con un policía delante y con la puerta abierta, se reían de nosotras, nos apuntaban con las bombonas de gas pimienta, nos enseñaban las esposas y decían que con ellas dormiríamos mejor, cada vez que pasaban gritaban para que no pudiéramos dormir”, relata. Sara pidió hablar con un abogado pero no recibió asistencia letrada ni le leyeron sus derechos en ningún momento. “No podía creer que eso me estuviera pasando, éramos tantos que no sabían qué hacer con nosotros”.
Asalto al Annexe, lugar de activistas
Tres días antes, el viernes 27 de noviembre, Camille puso rumbo al trabajo a las siete de la mañana como un día cualquiera. Al salir vio un coche de policía con agentes de paisano frente al Annexe, una casa okupa situada al este de París en la que desde agosto vive una comunidad de activistas y ecologistas que cuentan con el beneplácito del propietario. A las ocho recibió un mensaje de una compañera: el CRS, los cuerpos especiales de la policía francesa, estaban asaltando la casa por todas las entradas, incluidas las ventanas y el techo.
Camille dio media vuelta y al llegar encontró las calles cortadas y 27 camiones del CRS, un autobús de la policía, dos vehículos de artificieros y uno de la policía científica frente al que actualmente es su hogar. Nada más entrar fue esposado y tumbado en el suelo junto a sus compañeros.
“Estamos en contra de la violencia”, dice Camille mientras explica que no hubo enfrentamientos con la policía. Los agentes registraron la casa de arriba abajo, pero no encontraron nada. “Había una familia con un niño a la que sacaron de la habitación con una pistola en la cabeza”, explica María, una madrileña que trabaja en varias ONGs y pertenece a Eroles Project, un colectivo europeo que mezcla arte, educación experimental y ecología.
Estos días el Annexe abre sus puertas a activistas de todo el mundo, incluida María, quien durante la COP21 organiza mesas redondas e imparte talleres de activismo y sostenibilidad. Algunos preparan pancartas, otros organizan eventos como el Fórum Ciudadano por el Clima. “La policía obligó a muchos a sentarse en silencio en la sala de yoga, y lo que todos hicieron fue ponerse a meditar (…) la policía no entendía nada”.
Los agentes apuntaban a la cabeza
Más de 140 policías asaltaron la casa amparados por el estado de emergencia decretado en Francia a raíz de los atentados del 13 de noviembre en el centro de París. Cuentan varios testigos que la policía apuntó en todo momento a la cabeza y que retuvieron a una vecina sin relación con el Annexe que se dirigía al trabajo. Sin embargo, en el acta de intervención policial no figuran delitos ni incautaciones tras la redada.
“No tenemos nada que comentar sobre ese suceso”, explican desde la sede central de la policía parisina. “Cuando queremos verificar algo, podemos actuar sin autorización judicial”, reconoce a este medio una fuente de los servicios de inteligencia franceses.
Entre los afectados por el recorte de libertades del estado de emergencia también figura Joël Domenjoud, un joven que presta asesoría jurídica a asociaciones y colectivos dentro y fuera del marco de la COP21. El miércoles 25 pidió permiso para una manifestación, pero le fue denegado y decidió recurrir ante la justicia. Al salir de casa al día siguiente notó que le seguían. Entró asustado en un bar de Malakoff, el barrio al sur de París en el que vive, y entonces su vecina le llamó para decirle que su casa estaba rodeada de policías. La siguiente llamada fue la de un agente que le ordenó presentarse inmediatamente en comisaría.
Arresto domiciliario por querer manifestarse
Joël no tiene antecedentes penales ni pesan cargos en su contra, pero está bajo arresto domiciliario desde el jueves 26 y tendrá que presentarse en comisaría tres veces al día hasta el 12 de diciembre. “Creo que lo hacen para intimidar a otros activistas”, explica Joël, quien además alega que “no hay proceso, no estoy acusado de nada, no he hecho nada (…) la verdadera amenaza es esta violación de libertades fundamentales e individuales”.
El ministro del interior francés, Bernard Cazeneuve, justificó el arresto domiciliario de Joël y otros 23 activistas y ecologistas en Francia alegando que “son una amenaza para la seguridad y el orden público”. Este martes el primer ministro francés, Manuel Valls, anunció que el gobierno baraja prolongar el estado de emergencia más allá de los tres meses decretados “para proteger nuestras libertades”.
Otros sucesos de igual o mayor gravedad podrían ilustrar la situación actual en que se encuentra Francia, donde los derechos universales sucumben bajo una ley justificada por la lucha antiterrorista y aceptada por el miedo, victoria palpable de quienes adoran el terror. Son días difíciles en el país que vio nacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 67 años.