El Parlamento húngaro ha aprobado este martes una controvertida ley que hace posible la detención en centros cerrados de todos los solicitantes de asilo hasta que se resuelva su petición, ha informado la agencia MTI.
Conforme a la nueva legislación, los demandantes de asilo solo podrán presentar sus solicitudes en “zonas de tránsito” situadas en las fronteras, donde tendrán que esperar el final de los trámites en centros habilitados para ello.
La nueva ley, descrita por ONG húngaras e internacionales como inhumana y contraria a la legislación del país, fue aprobada gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta en el Parlamento el Gobierno del nacionalista Viktor Orbán.
Estas “zonas de tránsito” están situadas en la frontera con Serbia y consisten en contenedores, donde los refugiados tendrán que entregar sus peticiones y esperar el final de sus trámites y en el caso de ser rechazados, sólo tendrán la posibilidad de regresar a Serbia.
Esta legislación estará vigente solo cuando en el país esté activo el “estado de alerta” por altos niveles de emigración, que se aplica después de que entrara en vigor a finales de 2015.
Pese a que actualmente, según estimaciones de diferentes ONG, en Hungría se encuentran apenas 400 solicitantes de asilo, el Gobierno ha prolongado hasta septiembre de este año el “estado de alerta” migratoria.
Hungría permite que 25 personas entreguen cada día sus solicitudes de asilo en las zonas de tránsito y, después de presentar sus demandas de protección, la mayoría de ellos sigue su camino a otros países de la Unión Europea (UE) sin esperar el resultado de sus solicitudes.
La portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Cécile Pouilly, criticó desde Ginebra que esta nueva legislación “viola las obligaciones de Hungría con respecto al derecho internacional y las normas de la Unión Europea”.
La portavoz de ACNUR señaló que esta medida tendrá “terribles efectos psicológicos y físicos en mujeres, niños y hombres que ya han experimentado grandes sufrimientos”.
“Contraria a las obligaciones internacionales”
Varias ONG ya pidieron este lunes en un comunicado conjunto que los diputados no aprueben la ley, asegurando que “la propuesta es contraria a las obligaciones internacionales de Hungría”.
Amnistía Internacional y el Comité Helsinki, entre otras, denunciaron que la ley niega la protección infantil a los menores de entre 14 y 18 años, algo “sin precedentes en Europa”, ya que estos menores tendrían que esperar detenidos en las zonas de tránsito.
El primer ministro, contrario a la inmigración y las políticas de la UE en este asunto, ha asegurado este martes en el acto de graduación de guardias fronterizos que “las fronteras (de Hungría) están bajo asedio” y que la disminución del número de refugiados que llegan a las lindes magiares “es solo temporal”.
Para Orbán, “la emigración es el caballo de Troya del terrorismo” y ha reiterado que actualmente “centenares de miles de personas están planeando partir hacia Europa”.
También ha criticado a la UE, al asegurar que Hungría no puede contar “con la UE y con Bruselas (en la defensa de las fronteras), ya que ellos hacen más difícil el trabajo”, sin concretar más.
El Gobierno ha anunciado la semana pasada que ya ha comenzado la construcción de una nueva valla en la frontera con Serbia, sellada con una primera barrera en septiembre de 2015.