Pocas veces una instrucción de migración generó tanto debate. Los planes de José Luis Escrivá de aprobar una directriz que rebaje los requisitos establecidos para regularizar a inmigrantes sin papeles que, tras dos años en España, realicen una formación que permita su inclusión en el mercado laboral, ha despertado reticencias entre las organizaciones sindicales y con el Ministerio de Trabajo.
Todos se muestran a favor de la inclusión de las personas migrantes que llevan años viviendo en España sin papeles, pero los actores críticos cuestionan una de las razones de fondo que empuja al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a sacar adelante esta medida: su utilización como un mecanismo para dar respuesta a la cobertura de puestos vacantes en sectores como la hostelería y la construcción.
Aportamos algunas claves para entender el debate:
¿Escrivá va a hacer una nueva regularización?
El ministro no planea hacer una nueva reforma reglamentaria ni una regularización extraordinaria de inmigrantes. La medida anunciada consiste simplemente en modificar la instrucción interna que regula la aplicación de una de las vías con las que ya cuentan los inmigrantes sin papeles en España para regularizarse: el arraigo de formación, una fórmula creada por el Ministerio de Migraciones en julio de 2022 en el marco de su reforma del reglamento de Extranjería.
¿En qué consiste el arraigo de formación?
El arraigo por formación es una vía para que las personas sin papeles puedan regularizar su situación, creada en julio de 2022 como una de las principales novedades impulsadas por la reforma del reglamento de Extranjería, la principal iniciativa aprobada por el ministro Escrivá en materia de migración. Esta figura permite que las personas que acrediten vivir en España durante un mínimo dos años y carezcan de antecedentes penales podrán acceder a un permiso de residencia (que no permite trabajar) de un año de duración si se comprometen a “realizar una formación para el empleo reglada o a obtener una acreditación oficial de cualificaciones profesionales”.
Una vez finalizada la formación, los interesados pueden obtener un permiso de residencia y trabajo de dos años, siempre que prueben haber superado sus cursos y presenten un contrato de trabajo relacionado con el curso realizado y cuyas condiciones garanticen al menos el salario mínimo interprofesional.
¿Qué es lo que Migraciones quiere cambiar ahora?
El Ministerio quiere modificar los detalles de su aplicación, que habían sido desarrollados en una instrucción interna. Según el borrador de la nueva instrucción, a la que ha accedido elDiario.es, el Ministerio planea relajar una serie de requisitos. Antes imponía un mínimo de 200 horas en los cursos desarrollados por el SEPE y ahora pretende retirar esta exigencia en los tiempos. También busca acabar con el requisito de la presencialidad al 100%, permitiendo los formatos híbridos para facilitar la conciliación de los migrantes solicitantes, especialmente en el caso de mujeres con hijos.
Además, actualmente, el contrato que los solicitantes deben presentar para lograr un permiso de trabajo una vez superado el curso debe estar relacionado con la formación recibida. Ahora, el Ministerio flexibiliza un poco más este punto, permitiendo que el contrato aportado pueda estar vinculado al sector de actividad del curso.
¿Por qué el Ministerio quiere flexibilizarlo?
El ministerio considera que la aplicación de la norma ha sido “demasiado rígida” y se han encontrado que algunos de los requisitos chocan con la realidad de las personas sin papeles. Según sostiene el gabinete de Escrivá, las asociaciones que trabajan con migrantes les han trasladado que los periodos muy prolongados de formación y la exigencia de presencialidad pueden “favorecer que personas migrantes prefieran trabajar en la economía sumergida, en condiciones a veces de explotación, ante la imposibilidad de estar un tiempo largo sin ingresos”.
Esta es la razón defendida de manera oficial. Desde los sindicatos se muestran preocupados por otro posible motivo que, sospechan, explica el interés de Escrivá en facilitar más el arraigo por formación: posibles presiones recibidas por parte de la patronal -que ha aplaudido la medida- ante la falta de mano de obra, especialmente en el sector de la construcción y de la hostelería.
¿Qué dicen los sindicatos?
Los planes del ministro se han chocado con reticencias en las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Este miércoles, el Ministerio mantuvo una reunión con representantes de las organizaciones sindicales y empresariales en la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, con el objetivo de explicar la medida. El encuentro fue “tenso” por lo que, finalmente, el ministro Escrivá ha retrasado sus planes de aprobar la instrucción y ha dado diez días a los sindicatos para presentar aportaciones, aunque desde el departamento de Inclusión recuerdan que se trata de un órgano consultivo y no vinculante.
Desde Comisiones Obreras aseguran que están a favor de medidas que regularicen la situación de las personas migrantes que viven en España sin papeles, pero alertan de posibles efectos derivados de la eliminación de los requisitos de presencialidad y la duración mínima de los cursos del SEPE. “Tenemos las dudas sobre la posibilidad de que se generen fraudes en las formaciones si se quitan estos requisitos. Puede haber empresas que se lucren con cursos sin cuidar la calidad, o que se creen formaciones concretas para los arraigos por formación”, sostiene José Antonio Moreno Díaz, secretario confederal de Migraciones en CCOO. Pero su mayor preocupación es que se trate de una medida “utilitarista” empujada por los intereses de la patronal de inyectar mano de obra en determinados sectores, como la hostelería y la construcción. “Hay sectores empresariales que se han dirigido al ministerio para flexibilizar los criterios”, añade.
Tras la reunión, UGT rebajó el tono y anunció que presentará alegaciones al Ministerio para “garantizar que en este proceso no haya una utilización fraudulenta de las formaciones y que podamos salvaguardar así los derechos de” todas las personas migrantes.
¿Por qué también muestra reticencias la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz?
Como las organizaciones sindicales, desde el Ministerio de Trabajo también se han mostrado críticos con el plan de Escrivá, al considerar que su propuesta está ligada a la cobertura de puestos vacantes en sectores como la hostelería y la construcción. “Soy clara, tenemos 2,7 millones de personas en desempleo en nuestro país y lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo”, ha dicho Yolanda Díaz, quien ha recalcado que apoyaría una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles, pero muestra sus discrepancias con el hecho de relacionar la rebaja de requisitos en las formaciones con la búsqueda de mano de obra en determinados sectores.
La ministra de Trabajo ha defendido que su departamento trabajará en esta negociación para defender unas posturas “muy semejantes a las de los sindicatos”. Díaz ha insistido que se regule con “diálogo social” y no “desde otros órganos”, y ha recordado su competencia en esta materia.
¿Cuál es la posición de las ONG que trabajan con los migrantes?
Las organizaciones especializadas en migraciones, aquellas que acompañan a muchas personas sin papeles en sus intentos de regularización, aseguran que los requisitos establecidos para el arraigo por formación chocaban con la “realidad” y la “situación de vulnerabilidad” que vive la mayoría del colectivo.
Una de las ONG que trasladaron al Ministerio de Inclusión los obstáculos con los que se chocaban los solicitantes para pedir el arraigo de formación es la Red Acoge. “Por las personas que acompañamos vimos que el impacto que iba a tener esta medida era bastante limitado. Por su situación de vulnerabilidad, no iban a poder hacer el recorrido del arraigo de formación. Estas personas llevan dos años trabajando en la economía sumergida y no se les puede exigir que estén casi un año en un curso presencial de 200 horas sin poder ingresar dinero”, sostiene la responsable de incidencia de la organización. Desde Andalucía Acoge, su presidente destaca que “estas personas ya están en la economía sumergida y, al rebajar los requisitos, lo único que va a ocurrir es que pasarán a estar contratadas y aportar a la Seguridad Social”.