Julio de 1951. Dinamarca se convierte en el primer país en firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece los derechos de las personas refugiadas y las obligaciones de los estados en su protección.
Marzo de 2021. El Ministro de Inmigración danés, pese a las críticas de la Unión Europea, anuncia su decisión de retirar el permiso de residencia a personas refugiadas procedentes de Siria. Alega que el país, concretamente las zonas controladas por el régimen sirio, son ya “un lugar seguro”. Es el primer país europeo en dar este paso, criticado por la Unión Europea y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)
La decisión, un paso más en una serie de medidas anti-inmigración que el gobierno danés lleva meses desarrollando, ha supuesto un shock entre las personas afectadas, la mayoría llegadas a Dinamarca hace más de cinco años, donde han construido una nueva vida tras huir de Siria, devastada tras más de diez años de las protestas que sacudieron el país en 2011. Personas como Aya Abu Daher, una joven siria de 19 años recientemente graduada de secundaria a la que sus profesores describen como “estudiante brillante” que asegura no guardar apenas recuerdos de Siria, de donde llegó siendo una niña.
“¿Qué he hecho mal? ¿Pretenden enviarnos allí a ver si nos matan o no? ¿Somos un experimento?”, pregunta Aya durante una entrevista en el canal danés TV2 News, tras recibir la notificación en la que se le retira el permiso de residencia.
Aunque la cifra de personas sirias refugiadas en Dinamarca es de alrededor de 30.000, quienes están bajo escrutinio son, por el momento, unas 500 personas, procedentes de la capital, Damasco, y sus alrededores, zonas que el gobierno danés ha determinado suficientemente seguras como para permitir el regreso, según el International Media Support (IMS). De esas 500, un total de 94 han recibido este mes la notificación en la que se les anuncia que se les retira el permiso de residencia y el resto se encuentran en período de revisión de sus expedientes.
“En teoría, estas personas no serán deportadas contra su voluntad”, explica Rune Friberg Lyme, responsable de proyectos de Oriente Medio y norte de África de la organización danesa IMS, que trabaja en capacitar a medios independientes en contextos de conflicto, “sino que serán trasladadas a centros de retorno como el de Kærshovedgård, donde se les retirará el permiso de trabajo, escolarización y el resto de derechos adquiridos en Dinamarca”. El objetivo, según Friberg Lyme, es “dejarlos en una situación tan precaria que terminen prefiriendo regresar a Damasco. Es realmente terrible”.
“Prefiero morir en Dinamarca que regresar a Siria”, confiesa Simaf, una adolescente kurda de 14 años, en uno de los testimonios que periodistas y defensores de derechos humanos como Alysia Alexandra están recogiendo, traduciendo y difundiendo para alertar de lo que supone esta medida en personas, muchas de ellas muy jóvenes, con un fuerte grado de arraigo en su país de acogida. Simaf, que llegó a Dinamarca con ocho años y vive con su madre, abuela y hermano pequeño, afirma que su familia y su futuro están en Dinamarca. “No tengo nada a lo que regresar en Siria”.
La familia Bertawi tampoco tienen un lugar al que regresar: “Nos espera una muerte segura”, dice Redwan, esposo de Samira y padre un niño y dos niñas. Residente en Dinamarca, donde trabaja desde hace años como conductor de camiones. Su esposa está implicada en trabajos comunitarios y sus hijos se han formado en el sistema educativo danés. “Volver a Siria significa volver a la dictadura, la tortura y a la muerte”, señala Redwan.
Un cambio en la concepción de “seguridad” y “estabilidad”
La decisión es una más en la larga lista de medidas anti-inmigración con las que llegó al poder una coalición socialdemócrata caracterizada como "de izquierdas en lo económico y de ultraderecha en inmigración”. El objetivo declarado del gobierno danés es alcanzar la cifra de “cero solicitantes de asilo”. Bajo este paraguas, se promueve un cambio en la concepción de “seguridad” y “estabilidad” que no tiene en cuenta las represalias a las que se enfrentan quienes regresan a contextos tan represivos como los de las zonas sirias controladas por Asad, donde continúan cometiéndose violaciones de derechos humanos contra opositores y disidentes.
Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria en su último informe, las “fuerzas del régimen de Asad han detenido de forma arbitraria, torturado y llevado a cabo ejecuciones sumarias de personas bajo su custodia, cometiendo tanto crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad”. El informe señala también la violación sistemática a hombres y mujeres detenidos. El hecho de que los responsables de crímenes como los denunciados en el archivo César continúen en el poder implica ausencia de garantías de seguridad y estabilidad contra quienes hayan huido precisamente de esa represión.
“Si se empieza a extender la idea de que Siria es segura, ¿qué impide a otros países europeos retirar permisos a refugiados sirios o rechazar a nuevos solicitantes?”, plantea Friberg Lyme, sobre el peligro de que la decisión siente un precedente en el contexto europeo.
La Unión Europea ha criticado la medida. Según el Comisario de Gestión de Crisis de la UE Janez LenarÄiÄ, “Dinamarca no debería forzar a nadie a regresar a Siria en este momento. Lo estamos analizando y hablaremos con los que piensan que ha llegado el momento de los retornos porque estos deberían ser voluntarios, seguros, dignos y sostenibles. Y las condiciones para esos retornos no existen todavía en Siria”.