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Juicio por la devolución ilegal de menores migrantes desde Ceuta: “Se hizo previa orden del ministro del Interior, que es juez”

Repatriación de los menores marroquíes a través de la frontera del tarajal, este lunes, cuarto día consecutivo de las repatriaciones de menores basadas en un acuerdo entre España y Marruecos. EFE/Reduán

Andrés Illescas

Ceuta —
18 de junio de 2025 14:50 h

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Este martes arrancó el juicio sobre la operación de devolución ilegal de menores migrantes a Marruecos en 2021. Tras una instrucción de cuatro años, la exdelegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, y la que fuera vicepresidenta local, Mabel Deu, son las únicas acusadas por un suspuesto delito de prevaricación administrativa al devolver a 55 menores marroquíes a su país en agosto de 2021 sin realizar los procedimientos administrativos preceptivos y, por tanto, de forma ilegal, según el Tribunal Supremo. Mucho se ha hablado sobre el origen de la orden que activó el dispotivo, un email sin firmar procedente del Ministerio del Interior. Sobre ello, el primero de los testigos, que entonces trabajaba en la Delegación del Gobierno en Ceuta, ha señalado de manera directa la responsabilidad del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

“Nos lo dice el secretario de Estado, que es juez; previa orden del ministro del Interior, que es juez y por voluntad del presidente del Gobierno que dijo que todos iban a salir”, sostuvo este martes el entonces jefe de gabinete de la exdelegada del Gobierno, Juan Hernández. “Hay una orden del ministerio que pasa por Delegación y Policía hasta que llega a la frontera. Es una orden jerárquica”, indica.

Los hechos que juzga la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta se remontan a la entrada de migrantes que vivió la localidad en mayo de 2021. Entonces miles de personas procedentes de Marruecos y países subsaharianos sortearon la valla y se adentraron en la localidad, en la que se desplegó a militares y policías para tratar de frenarles. Meses después, en agosto de ese mismo año, el Gobierno central y el regional impulsaron una operación para devolver a los menores sin cumplir con los requisitos exigidos en la normativa española.

Esgrimiendo un acuerdo hispano-marroquí de repatriación -que tampoco cumplía-, las autoridades locales, siempre rodeadas de los representantes del Gobierno de España en la ciudad, llegaron a enviar al país vecino a hasta 55 chavales que no alcanzaban la mayoría de edad; y se pretendía seguir este procedimiento con hasta 145 personas, algunas sin identificar, según lo expuesto este martes en sala por los testigos.

El primero de testigos que ha pasado por el juzgado, jefe de gabinete de la exdelegada del Gobierno, Juan Hernández, fue el único que este martes defendió a las dos acusadas. De hecho, achacó al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a sus superiores jerárquicos, el ministro Fernando Grande-Marlaska y el presidente Pedro Sánchez, la orden de repatriar a los menores, entendiendo que serían ellos en todo caso los que hubieran incurrido en el delito de prevaricación.

Por su parte, el resto de testigos, relataron lo que a su juicio fue una flagrante violación de los derechos de los menores, que no llegaron a ser entrevistados individualmente, ni recibieron mayoritariamente asistencia letrada, atención a su estado de salud o preocupación sobre su situación familiar, como establece la legislación española. Así lo expusieron Toñi Palomo, responsable del Área de Menores de la Administración Local; Marta Ojeda y Nieves Lainez, ambas de la Fundación Samu, que gestionaba los centros de acogida y Lourdes Reyzábal, de la Fundación Raíces, quienes relataron lo que a su juicio fue una flagrante violación de los derechos de los jóvenes, que no llegaron a ser entrevistados individualmente, ni recibieron mayoritariamente asistencia letrada, atención a su estado de salud o preocupación sobre su situación familiar.

Palomo, funcionaria clave en el área de menores local que se opuso en todo momento a la devolución, insistió en que trató de advertir tanto a la Ciudad como a la Delegación de que no podían saltarse los procedimientos legales obligatorios y que, de hacerlo, como finalmente ocurrió, incurrirían en “prevaricación”. Ojeda, Lainez y Reyzábal, por su parte, dieron testimonio del “caos” que se provocó en las jornadas en las que se produjeron las devoluciones, los días 13, 14 y 15 de agosto. Coincidiendo además en que fue Deu quien facilitó el listado con los nombres y el orden en el que tenían que entregar a los menores a Marruecos. “Los chavales no entendían nada, hubo fugas y autolesiones”, subrayaron, recalcando además la situación de “vulnerabilidad” en la que muchos de ellos se encontraban.

Señalamientos a Interior

A preguntas del fiscal, Hernández defendió el operativo como respuesta a lo que la Delegación del Gobierno entendió, según sus palabras, como una “invasión”, una “especie de marcha verde” para la que impulsaron una respuesta a una supuesta situación de “excepcionalidad”. El operativo se activó, recalcó, partiendo del escrito -sin sello ni firma- recibido en la Delegación de parte del secretario de Estado de Seguridad y tras “una llamada posterior” en los mismos términos. En concreto, según Hernández, el Ejecutivo local pidió “acuerdo marco firmado entre España y Marruecos en 2007”, entendiendo que este avalaba la devolución de los adolescentes tal y como se ejecutó, pero este pacto incluía unas garantías que no fueron cumplidas: siempre debe atender a lo establecido por la normativa nacional, que obliga a cumplir un procedimiento individualizado y contar con la Fiscalía, algo que no ocurrió.

Cuando el documento remitido presuntamente por Interior llegó a manos de la consejera Deu el 10 de agosto de 2021, esta consultó con Palomo, que advirtió entonces por escrito que el pacto entre países no era aplicable y que la normativa española e internacional en materia de menores no se podía vulnerar. “Le dije lo que había que hacer para cumplir con la legislación internacional, el acuerdo contemplaba en el capítulo cuatro un mes de plazo para informar de la situación, Marruecos tenía tres meses para contestar y se tenía que crear una comisión de seguimiento. Yo intenté plantearle que era necesario el procedimiento, aunque se podían agilizar algunas cosas”, reveló ante el tribunal Palomo este martes.

Deu, según las palabras de la responsable de Menores de Ceuta, contestó al Gobierno de España sin emplear literalmente el escrito que esta le había remitido e incluso emplazó a su subordinada a acudir a una reunión “convocada por la Delegación” en la frontera con Marruecos. “Le pedí que no me llevara porque no lo compartía, pero ella quiso que fuera como persona de confianza”, contó Palomo seguidamente.

La reunión en la frontera

Pero su deseo no fue atendido y en el encuentro celebrado el 11 de agosto en la divisoria entre países estuvieron tanto ella como Deu; el secretario de la Delegación, Ismael Kasrou; el jefe de la UCRIF; el segundo de la Policía Nacional; un representante marroquí; y el jefe de gabinete, Hernández. Este defendió este martes que el motivo de aquella reunión no era otro que asegurarse de que el país vecino cumplía con lo marcado en el pacto, es decir, con disponer de los medios necesarios para devolver de forma segura a los migrantes con sus familias.

A su juicio, eso se cumplió. “Mostraron un apabullante despliegue”, señaló ante los magistrados, contando incluso que el Gobierno del Reino alauita estaba preparado ese mismo día para llevarse a los jóvenes, algo que sí se evidencia en la presencia de numerosos autobuses. También había según Hernández “personal sanitario” e incluso se había preparado un “centro de acogida” para que los chavales vivieran hasta que pudieran ser entregados a sus allegados. No coincide en esto la Fiscalía, que considera que debió valorarse cada caso de forma individual, preguntando a los jóvenes por su situación y su voluntad de regresar a casa.

Misma postura defendida por Palomo, que exhortó -siempre según su testimonio- a los representantes políticos a seguir los procedimientos: “Ismael (Kasrou) dijo que había tres autobuses en la frontera marroquí, les dije que no podíamos hacer eso. Pasamos el jefe de gabinete y yo los primeros por la frontera y allí había una señora con una bata blanca de limpiadora o de guardería. No había autoridades, ni mesa, no nos sentamos, ni firmamos un papel, no hablaban español”, detalló la responsable del Área de Menores del Gobierno ceutí, que acabó enfrascada en una discusión con el representante marroquí, al que pidió que llevara a Ceuta a las familias de los jóvenes para comprobar su filiación y el deseo de ambas partes por reunirse, recibiendo respuesta negativa.

Aunque Palomo abandonó molesta el lugar, dejando allí al resto de participantes en la reunión, volvió a llamar por teléfono a Kasrou y a Hernández, avisándoles en esta llamada que de proseguir con sus acciones estarían “prevaricando”.

Adolescentes solos y confusos

La decisión estaba ya tomada y el 12 de agosto, tal y como explicaron las trabajadoras de la Fundación Samu -encargada de los centros de acogida- la Ciudad les remitió un listado con 145 nombres que serían enviados de manera escalonada, de mayor a menor edad a Marruecos. Así lo afirmaron Ojeda y Lainez, que además se encontraban en el lugar cuando en la jornada del 13 los representantes del Ejecutivo local y policías se personaron a la puerta del polideportivo donde estaban los chavales. Lo hicieron llevando ya autobuses en los que luego serían montados camino de la frontera los nombres que ese día tocaban según el mencionado listado.

Aunque Palomo había tratado de ordenar a las trabajadoras del Samu que no dejaran ir a nadie “sin procedimiento”, estas indican que nada pudieron hacer al indicarles Deu y sus acompañantes que se trataba de un acuerdo entre países y que debían proceder. Reconocieron, además, que muchos de los menores se encontraban en “mal estado físico” y que la ONG ‘Save The Children’, a quien se había encargado realizar entrevistas personales a los adolescentes, no daba abasto y, por tanto, no había podido llegar a hablar individualmente con los afectados por el proceso de deportación.

“Fue un caos. Una avalancha en la que era imposible contenerlos, con gritos, llantos... Desesperación pura y dura, menores autolesionándose... Desconcierto, temor… Al recordarlo se me eriza la piel”, contó Ojeda sobre la relación de los menores, que “no se querían mover” por no “entender lo que pasaba”.

En esa línea se pronunció también Lainez, que habló de la falta de confianza que a partir de entonces manifestaron los jóvenes. Muchos se fugaron, hasta quinientos, calculan y otros, unos ochenta según Lourdes Reyzábal, de la Fundación Raíces, solicitaron asistencia letrada; a pesar de esto, algunos fueron enviados de vuelta a Marruecos hasta que el 16 de agosto se produjo la orden de detener las salidas.

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