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Las claves del juicio de la devolución ilegal de menores marroquíes a Ceuta: de los avisos ignorados a la orden sin firmar

Devoluciones de los menores que llegaron a Ceuta en mayo.

Andrés Illescas

Ceuta —
20 de junio de 2025 22:35 h

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Tras tres jornadas de vista oral, el juicio por prevaricación administrativa contra la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la que fuera vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, ha quedado esta semana visto para sentencia. A lo largo de la sesión, más de una decena de testigos desmenuzaron lo ocurrido entre la entrada de migrantes en la ciudad autónoma el 17 de mayo de 2021 y la orden judicial que frenó las deportaciones de menores el 16 de agosto de ese mismo año. Durante esos tres meses las comunicaciones entre el Ejecutivo nacional y el local acabaron en la devolución de 55 menores no acompañados a Marruecos sin aplicar la Ley de Extranjería, acción que acabaría siendo considerada ilegal por el Tribunal Supremo en enero de 2024.

Los testigos coincidieron durante las sesiones en la sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta en que la idea partió de las conversaciones entre los responsables de la ciudad y los del Ministerio del Interior, con la colaboración de la jefa de gabinete de la vicepresidenta de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres. Entre ellos se decidió recurrir al acuerdo marco firmado entre España y Marruecos en 2007 como vía para la devolución de los menores, algo que incluía una serie de garantías que, sin embargo, no se cumplieron.

El citado tratado refleja en su propia formulación que las repatriaciones de los jóvenes deben realizarse dando siempre cumplimiento a la legislación nacional e internacional, es decir, tanto a la Ley de Extranjería como a la del Menor. Esto hubiera implicado la necesidad de abrir expedientes individualizados a cada joven, con una entrevista personal, localizando a sus progenitores, valorando su vulnerabilidad y ofreciéndoles asistencia letrada, entre otra serie de cuestiones que, a juicio del Supremo, no se produjeron.

Por contra, los menores a devolver acabaron en una lista elaborada por la Consejería de Presidencia de Ceuta en la que se reflejaba el orden de deportación con un único criterio: la edad, empezando por los mayores. Justo los que encabezaban la relación de nombres fueron los primeros trasladados desde el pabellón Santa Amelia hasta la frontera marroquí, donde la Gendarmería los recogió, siendo finalmente entregados a las autoridades del Reino Alauita. Un proceso que se repitió durante tres días, el 13, 14 y 15 de agosto de 2021, hasta que el 16 varios de los chavales que iban a ser deportados presentaron en la frontera un papel en el que solicitaban el Aleas Corpus, una protección recogida en la Constitución Española contra detenciones ilegales. Desde entonces las entregas de jóvenes se detuvieron, completándose únicamente 55 de las 145 previstas según los documentos del Gobierno local.

Primeras comunicaciones con Madrid

Según lo expuesto en el juicio, la interlocución entre el Ejecutivo Central y la Ciudad Autónoma comenzó coincidiendo con crisis fronteriza vivida en mayo de 2021. “Entre 12.000 y 15.000 personas invadieron la localidad. Fue uno de los episodios más terribles de la historia de Ceuta”, subrayó en su declaración la vicepresidenta y acusada, Mabel Deu. Fue más allá el jefe de gabinete de la ex delegada del Gobierno, Javier Hernández, quien aseguró que tanto la Administración local, como la representación de la nacional en el enclave norteafricano entendían que aquellos acontecimientos se interpretaron como una suerte de “marcha verde”: “Solo les faltó subirse a la puerta del Ayuntamiento y de la Delegación y poner la bandera de Marruecos”, llegó a decir en su declaración ante el tribunal.

En ese contexto, que para los dos citados anteriormente y también para Mateos, era de “emergencia” y “excepcionalidad”, Calvo ofreció en una conferencia sectorial celebrada el 19 de mayo a Isabel Valldecabres, su jefa de gabinete, como enlace entre administraciones para facilitar a Ceuta lo que necesitase. “Tuvimos muchas conversaciones (con Deu), no tanto sobre el procedimiento, sino de ayuda a la Ciudad Autónoma ante la situación insostenible producida de un día para otro”, comentó la mano derecha de la vicepresidenta nacional. Como ejemplo, se refirió a que “si necesitaban espacios, hablaba con Defensa para que la UME (Unidad Militar de Emergencias) instalara tiendas de campañas o pedía asistencia médica al Ingesa”. “Todo para poder sobrellevar una situación muy angustiosa para ella y para la delegada de Gobierno”, recapituló.

Pero algo sí hablaron del procedimiento, ya que, tal y como expuso la acusación pública en la vista oral, consta una conversación por WhatsApp entre Valldecabres y Deu en la que la primera le dice a la segunda: “Marruecos dice que tienen que volver, si solicitáis la devolución podremos doblarle la mano a la Fiscalía”. La por entonces jefa de gabinete de Calvo justificó sus palabras en la supuesta presión que los padres de los menores estaban ejerciendo para su retorno, en que los jóvenes “habían sido engañados” para pasar a Ceuta y en que la Fiscalía se mostraba reticente a todo lo que no fuera la aplicación de la Ley de Extranjería.

Se deduce entonces de lo expuesto por Valldecabres y Deu en la sala de la Audiencia Provincial que la opción de aplicar el tratado de 2007 entre España y Marruecos surge de las conversaciones entre ambas y “de la reunión mantenida en Ceuta con Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska”: “Se entendió que era una agresión, un episodio muy difícil y las palabras del presidente fueron en el sentido de que todos, menores y mayores, abandonarían el país”, relató la vicepresidenta de la Ciudad.

Algo que concuerda con lo expuesto ante los magistrados ceutíes por Hernández, jefe de gabinete en aquel momento de la delegada Mateos, sobre el atajo posteriormente tomado para devolver a los menores. “Nos lo dice el secretario de Estado, que es juez, previa orden del ministro del Interior, que es juez, y por voluntad del presidente del Gobierno, que dijo que todos iban a salir”.

El Gobierno local lo pide

Pocas dudas quedaron después de las tres sesiones de la vista oral de que fue la Ciudad Autónoma, con firma de Mabel Deu, quien solicitó la aplicación del tratado con Marruecos como vía para repatriar a los jóvenes migrantes no acompañados. Así lo reconoció la propia vicepresidenta, que explicó cómo coincidiendo con la pandemia ya había solicitado al Gobierno Central esta opción, recibiendo “la callada por respuesta”.

En esta ocasión, alentada por lo hablado con Sánchez y Grande-Marlaska durante su visita a Ceuta y con Valldecabres, la mano derecha del presidente del Gobierno de Ceuta, remitió el 24 de mayo un escrito a la Delegación del Gobierno, que luego esta enviaría a Interior pidiendo de nuevo recurrir al acuerdo marco entre países.

El motivo de recurrir a este Ministerio y no al de Derechos Sociales y Agenda 2030 -competente en cuestiones de menores- fue según todos los actores implicados, que por aquel entonces el departamento de Grande-Marlaska era el único que mantenía interlocución con Marruecos: “Las relaciones estaban rotas”, subrayaron tanto el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, como Deu y Mateos, además de los cargos de la delegación que también acudieron como testigos.

Uno de ellos, Ismael Kasrou, secretario general de la institución, quien se encargaba de recibir y trasladar las comunicaciones, dio una explicación ante los magistrados sobre por qué no se planteó acudir a la reunificación familiar que contempla la Ley de Extranjería: “Era una vía muerta. Siempre que lo intentamos y solicitamos a Marruecos que localizara a los padres para hacer el proceso, nunca recibimos respuesta”.

Interior da luz verde

Y así llegó el mes de agosto. El problema seguía enquistado y, en ese contexto, según afirmó Deu durante la vista oral, recibió petición “de Delegación e Interior” para que “volviera a solicitar por escrito la aplicación del acuerdo marco”. Así lo hizo el día 10 del citado mes, recibiendo respuesta en la misma jornada.

La contestación, sin firma ni sello, procedía, tal y como reconocieron todos los implicados -incluido el propio órgano remisor- de la Secretaría de Estado de Seguridad. En esta “comunicación” -matiz introducido por Rafael Pérez, que negó que fuera una orden al carecer su departamento de competencias en menores- se instaba al Gobierno local y a la Delegación a poner en marcha el proceso de repatriación aplicando el acuerdo marco. Eso sí, con un matiz importante: “respetando la legalidad vigente de Extranjería y menores”. Esto obligaba a individualizar cada caso, entrevistar a los menores preguntándoles por su voluntad de abandonar o no el país, examinar su estado de salud y localizar a sus padres, además de ofrecerles asistencia letrada, entre otra serie de cuestiones.

El Ejecutivo Central en la Ciudad, sin embargo, reconoció no haber realizado “ninguna consulta legal”. Para Mateos el escrito de Interior era una exhortación a actuar de forma inmediata: “El escrito del Ministerio decía, ‘hay que hacer esto’. También que se había comunicado a Fiscalía. Nunca pensé que iba a prevaricar”, subrayó.

Misma idea mantenían sus compañeros de delegación, Hernández y sobre todo Kasrou: “Lo que era una certeza es que la vía de la Ley de Extranjería no había funcionado nunca y el día 11 de agosto había la expectativa de una cosa novedosa, de un protocolo en el que los encorsetamientos de la Ley se pudieran reducir, en vez de hacerlo súper largo, hacerlo de manera sumarísima”, interpretó el secretario de la Delegación

Alerta de Derechos Sociales y del Área de Menores de Ceuta

Deu también interpretó de forma similar la comunicación recibida desde la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque en su caso, sí trasladó el correo electrónico recibido a la responsable del Área de Menores dependiente de su consejería, Toñi Palomo. Esta, tal y como reconocieron ambas, le advirtió sobre cómo debía hacerse el proceso: “Me respondió mandándome el articulado de la Ley de Extranjería. Yo entendía que estábamos en otra cosa distinta y contesté a la Secretaría de Estado preguntando cómo iba a ser el proceso, cuándo se iba a llevar a cabo y solicité un cronograma”, explicó la exvicepresidenta al tribunal, reconociendo que no recibió respuesta. “No se respondió porque no era competencia nuestra”, diría luego Rafael Pérez, cuyo testimonio fue solicitado sorpresivamente en la última jornada del juicio.

“Eso es prevaricación”

Palomo ya tenía claro entonces, el 10 de agosto, que no cabía alternativa a la individualización de los casos y al respeto a la normativa. Y así lo advirtió nuevamente el día 11, en una reunión en la frontera con Marruecos convocada por la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, que no acudió personalmente tras dar positivo en coronavirus. Al encuentro sí fueron Deu, Kasrou, Hernández, el jefe de la UCRIF, el segundo de la Policía Nacional y representantes marroquíes “nunca identificados”, a excepción de uno, el jefe de gabinete de la localidad de Rincón, según reconoció el propio secretario general de la Delegación.

Las dos acusadas, Hernández y Kasrou, justificaron que el encuentro en la divisoria entre países tenía como objetivo dar cumplimiento al “mandato” de Interior, es decir, cerciorarse de que el Reino alauita ponía los medios necesarios para garantizar la tutela de los menores, atender su estado de salud y reunirlos con sus padres. Pues bien, para todos ellos, la exhibición del país vecino fue “apabullante”: “Acudieron con autobuses y personal sanitario”, coincidieron todos, que se dieron por convencidos de la voluntad de su interlocutor, “que estaba dispuesto a llevarse ese mismo día a los jóvenes”.

No lo vio así Palomo, quien abandonó la reunión tras pedir a las supuestas autoridades alauitas que llevaran a los progenitores a Ceuta para comprobar que en efecto eran padres de los niños y estos querían volver con ellos: “Había unos autobuses y una señora con bata blanca de limpiadora o de guardería”, apostilló Palomo durante su declaración en el juicio. Poco después, preocupada por lo que iba a suceder, llamó por teléfono a Hernández y a Kasrou, advirtiéndoles de que “eso era prevaricación”.

Las alarmas no solo saltaron a nivel local. También lo hicieron en el seno del propio Gobierno nacional, justo en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el competente en materia de menores. Así lo revelaron interviniendo por videollamada en la vista Ignacio Álvarez, entonces secretario de Estado de Derechos Sociales, y Violeta Assiego, exdirectora general de Derechos de la Infancia. En un comunicado firmado por ambos y remitido el 13 de agosto de 2021 -justo el día en que se iniciaron las devoluciones- al secretario de Estado de Seguridad y al Ministerio del Interior manifestaron su preocupación “ante el posible incumplimiento de la Ley de Extranjería con la repatriación de menores en Ceuta”. Pérez les respondió entonces que “todo se estaba haciendo de acuerdo a la legalidad”.

Seguidamente, el 14 de agosto también informaron a Deu “que todo indicaba un incumplimiento de la legalidad”. Esta les señaló que “lo estaba haciendo según las indicaciones del Ministerio del Interior y la Delegación”. De todo ello, infiere Álvarez, que las directivas partían de la cartera de Fernando Grande-Marlaska: “De mis conversaciones con el secretario de Estado se deduce que de Interior emanaban las decisiones”. Es más, subrayó que Pérez “sabía de lo que estábamos hablando cuando le preguntaba” y le remitía “en parte a la Delegación del Gobierno”, asegurando que “el acuerdo se ajustaba a la legalidad vigente”.

Por su parte, Assiego, en contacto con Palomo y con las ONG sobre el terreno, rememoró el desasosiego que sufrió porque las devoluciones no respetasen las garantías establecidas por norma. “Lo conversábamos con Palomo y creíamos que podíamos establecer vías para la reagrupación familiar pero dentro de los márgenes de la Ley de Protección a la Infancia y la de Extranjería. Recuerdo mucha preocupación no solo de Palomo sino también por las organizaciones, UNICEF y Save the Children. Había mucha inquietud. Llevábamos trabajando desde mayo, cuando hubo la entrada masiva, en poder posibilitar cualquier ayuda a la ciudad de Ceuta”.

Entre las garantías que creía que podían estar incumpliendo, citó Assiego, se encontraban las “entrevistas individualizadas”, especialmente por la celeridad con la que se había actuado. “Que se estuviera haciendo de una manera tan inmediata nos tenía sobrecogidos”, concluyó.

La lista

Quedó fuera de toda discusión durante el juicio que el día 12 la Ciudad remitiera a Delegación y a la Fundación Samu el listado de menores a repatriar. Supuestamente, según Deu, tras haber cribado y dejado en el pabellón Santa Amelia a aquellos menores considerados “no vulnerables”. Una visión que no comparte Palomo y de la que dudan en la propia Fundación Samu -muy crítica con el procedimiento- y las organizaciones pro derechos humanos personadas en la causa, la Red Española de la Inmigración y el colectivo La Escola.

Sea como fuere el día 13 de agosto la propia vicepresidenta de la Ciudad, junto a Víctor Manuel Ríos, director general de Emergencias, se personó en el polideportivo donde estaban alojados los chavales, el Santa Amelia. Lo hicieron acompañados de la Policía Nacional, la Local, Protección Civil y del Parque Móvil, llevando además un microbús en el que se desplazó a quince de los 145 menores que aparecían en el listado. “Se hizo en estas cantidades porque Marruecos pidió que no fueran todos de golpe para tener tiempo para localizar a los padres”, subrayó la delegada Mateos, que participó del proceso sin acudir al lugar, remitiendo un escrito para que se abriera la frontera y activando al cuerpo policial bajo su mando.

En ese punto las versiones se contradicen. Dos responsables de la Fundación Samu, que no creen que a los jóvenes se les hicieran las entrevistas preceptivas, aseguran que los menores se mostraron confusos y desesperados. Gritando, “llegando a autolesionarse” y en muchos casos “huyendo” por la “desconfianza que este proceso les generó”. Frente a estos testimonios, el completamente opuesto de Deu, quien considera que las fugas “siempre se producían, incluso más con anterioridad” y que descarta que los jóvenes mostraran descontento alguno, más bien lo contrario.

A medias entre los dos extremos, lo expuesto por Ríos, quien afirmó que “no hubo que atender a ninguno de los repatriados”, descartando “crisis de ansiedad”, pero sí escuchó “voces altas” en el interior del Santa Amelia: “No creo que fuesen de alegría, igual no querían volver (…) como la despedida de un campamento, no era”, puntualizó.

La supuesta identificación

Una vez identificados -aunque en ocasiones sin éxito tal y como se demostró con devoluciones erróneas que le constan a la Fiscalía-, los afectados eran introducidos en el pequeño autobús y llevados a la frontera. Así se hizo los días 13, 14, 15 y 16 de agosto, consiguiendo deportar a 55 personas. Allí, las autoridades locales se los entregaban al jefe de fronteras de la Policía Nacional, quien también intervino en la vista oral, detallando cuál fue la forma de actuar una vez en la divisoria entre países.

“Cada niño era el que era, no tenían DNI marroquí. Venía ya con su identidad comprobada del centro de menores por las autoridades competentes. Los marroquíes cogían su nombre y apellidos, les preguntaban de qué barrio eran, que quién era su padre y su madre…”, comenzó explicando, indicando que había “unas mesas y unas sillas e iban pasándolos de cinco en cinco para hacerles una entrevista personal” en un tono de cordialidad.

Luego los llevaban a su lado de la frontera, “comprobaban los datos en los ordenadores” y ya regresaban un momento antes de partir definitivamente. Supuestamente, según Mateos y Deu, los niños eran acogidos en un centro de la localidad de Río Martín (Martil), hasta poder ser llevados con sus progenitores.

Este mecanismo se mantuvo durante tres jornadas sin incidente alguno, según el agente de la Policía: “Ninguno dijo nunca que no quería ser devuelto. Solo hubo incidencia porque alguno se había dejado el móvil en el centro de menores y tuvieron que traérselo”, contó el jefe de fronteras. Sí ocurrió, en virtud de la declaración de Ríos, que la Gendarmería marroquí detectara que varios jóvenes eran en realidad mayores de edad: “En ese caso nos dejaban llevar a alguno más hasta completar el cupo de quince”, concretó.

El cese de las devoluciones

Finalmente, el día 16 de agosto, varios de los adolescentes que iban a ser devueltos presentaron, con el apoyo de la Fundación Raíces y la Coordinadora de Barrios, un recurso de habeas corpus, una protección ante la detención ilegal recogida en la Constitución Española. Por ese motivo, el Comité de los Derechos del Niño interesó el cese de las repatriaciones y comenzó la investigación que luego determinaría que no se cumplió con el procedimiento legal para las devoluciones, declarándolas ilegales y abriéndose causa en Ceuta contra Mateos y Deu como supuestas autoras de un delito de prevaricación administrativa.

El juicio quedó visto para sentencia este jueves y durante su transcurso, Lourdes Reyzábal, de la Fundación Raíces y Rafael Cid, abogado del colectivo Gentium, subrayaron que se llegó a entregar a Marruecos a jóvenes que ya habían solicitado asistencia letrada antes de su deportación.

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