Lejos han quedado las declaraciones de indignación y empatía ante el éxodo masivo de refugiados a Europa. Los solicitantes de asilo siguen llegando (46.240 personas en el primer mes de 2016) y siguen muriendo en el camino, y el espacio Schenguen se tambalea. Los ministros europeos de Interior han apoyado prolongar hasta un máximo de dos años los controles temporales internos en el espacio de libre circulación y reforzar las fronteras exteriores cuando existan deficiencias persistentes en un país, pero sin invadir su soberanía nacional.
Por tanto, aunque aparentemente apoyan la propuesta de la Comisión Europea que contemplaba la creación de una policía europea de fronteras, como era previsible, rechazan de su planteaminetoun aspecto importante y diferenciador: que sea capaz de acudir a un estado miembro sin permiso.
El ministro holandés de Inmigración, Klaas Dijkhof, cuyo país ocupa este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE, explicó que varios países, como Alemania y Austria, han introducido controles temporales internos como respuesta a la llegada de migrantes y solicitantes de asilo a Europa, que superó el millón en 2015.
En vista de que la situación por ahora no ha mejorado, “los Estados miembros han invitado a la Comisión a que prepare una base legal y práctica para la continuación de medidas temporales en las fronteras a través del artículo 26 del código Schengen”, ha anunciado Dijkhof en una rueda de prensa al término del encuentro.
La aplicación de este artículo supone poder ampliar de seis meses hasta un máximo de dos años, divididos en distintos tramos, los controles temporales internos en el espacio sin fronteras de Schengen. Hasta ahora habían introducido controles temporales internos, una medida excepcional prevista en el código Schengen, países como Austria, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega y Francia, que en el caso de los dos primeros debían concluir en mayo.
Fuentes comunitarias indicaron que los Estados miembros esperan ahora que la Comisión Europea (CE) agilice los pasos de cara a activar ese artículo 26 si fuera necesario. El Ejecutivo comunitario ya apuntó a finales de 2015 que esta posibilidad existía, a modo de advertencia a Grecia para que mejorase rápidamente el control de sus fronteras exteriores, pero hasta ahora insistía en que “todavía no estamos ahí”.
En cambio, este martes el comisario europeo de Interior, Dimitris Avramopoulos, ha asegurado que si la situación no cambia y continúa el riesgo serio para el orden público y para la seguridad interior, algunos Estados miembros, “podrían mantener los controles en sus fronteras interiores más allá del tiempo previsto”.
Por su parte, el ministro español en funciones de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recalcado que “nadie se plantea aislar a Grecia”, algo que consideró “irrealizable” en la práctica y políticamente “inaceptable”. Según el titular español, el reto está en lograr una solución que permita preservar la “irrenunciable” libre circulación de Schengen y al mismo tiempo ampliar los controles temporales internos para garantizar la seguridad.
Policía europea de fronteras sí, pero con permiso
Sin embargo, la ministra de Interior austríaca, Johanna Mikl-Leitner, dha defendido una posición mucho más radical cuando, al ser preguntada por la posibilidad de que se cree un “mini” Schengen en Centroeuropa, afirmó que “está claro que si no se logra asegurar la frontera turco-griega, las fronteras exteriores de Schengen se trasladarán en dirección” de esa región europea.
“Grecia tiene que hacer cuanto antes todo lo posible para reforzar sus recursos y aceptar asistencia y ayuda”, ha insistido.
Austria ya había apuntado antes de la reunión a la “salida temporal” de Grecia del espacio Schengen si el país no actúa para asegurar las fronteras exteriores, al tiempo que decidió limitar la acogida de solicitantes de asilo a las 37.500 personas este año.
Los Veintiocho dieron, por otro lado, su respaldo al paquete de medidas presentado por la CE para reforzar las fronteras exteriores de la Unión, que incluye la creación de un cuerpo europeo de policía costera y fronteriza, aunque añadieron matices importantes a la propuesta de Bruselas.
El ministro Dijkhof confirmó ese apoyo de los Estados miembros, pero subrayó que si se da este paso tendrá que ser por que “un Estado miembro afronte una situación en la que la presión sea demasiado elevada para gestionarla por si mismo”.
Además, subrayó que “el Consejo deberá tener un papel decisivo y voz en el procedimiento, que tendrá que estar en línea con los procesos de evaluación ya existentes en Schengen”.
Por último, precisó que antes de ordenar cualquier despliegue de este cuerpo europeo de fronteras, que estaría dotado con una reserva de 1.500 efectivos de los países de la UE, “debe respetarse la responsabilidad primaria del Estado miembro afectado”. España expresó abiertamente sus reservas a la creación de este cuerpo europeo precisamente por cuestiones de soberanía nacional.
“No estamos dispuestos a aceptar que a nosotros se nos imponga una decisión que viene motivada porque algún Estado no está en condiciones, no quiere o no puede cumplir con sus obligaciones”, dijo su ministro en funciones del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El Parlamento danés vota confiscación de bienes
El Parlamento danés vota hoy y aprobará previsiblemente un proyecto de ley que incluye polémicas medidas como confiscar dinero y objetos de valor a los refugiados para costear su estancia y limitar la reagrupación familiar.
La propuesta del Gobierno liberal en minoría cuenta con el apoyo de sus tres aliados de centroderecha y del Partido Socialdemócrata, primera fuerza opositora, que suman casi tres cuartos de la Cámara.
La reforma de la ley de extranjería, que incluye una treintena de medidas, ha estado rodeada de controversia desde su presentación en noviembre, lo que ha obligado al Gobierno a cambiar hasta dos veces la normativa sobre confiscaciones, una práctica que ya emplean Suiza y los estados federados alemanes de Baviera y Baden-Württenberg.
La propuesta final excluye objetos “de valor afectivo especial” y triplica hasta 10.000 coronas danesas (1.340 euros) el valor mínimo de otras pertenencias y de dinero en efectivo que pueden confiscarse. El proyecto ha sido criticado por formaciones de izquierda, pero también en el seno de los partidos Liberal, que ha perdido a un eurodiputado, y Socialdemócrata, tres de cuyos parlamentarios han anunciado que votarán en contra.
CEAR denuncia los “retrocesos” en la acogida europea
Alertada por las últimas declaraciones y medidas de diferentes estados miembros, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado que estas iniciativas “están aumentando innecesariamente el sufrimiento de las personas que han llegado a Europa en busca de asilo y suponen un grave retroceso en las políticas de acogida que acordó la Unión el pasado septiembre”.
La organización especializada en asilo ha tachado las conclusiones del encuentro, incluida la reforma del tratado Schenguen, como “parches” a la crisis humanitaria. Según alerta, la reintroducción temporal de controles fronterizos tienen el único objetivo de dificultar el tránsito de los refugiados. Del mismo modo critica la confiscación de bienes planeada por Dinamarca.
“Invitamos a los dirigentes europeos que, antes de tomar cualquier decisión, tengan muy presentes las 177 personas que han muerto durante 2016 -junto a las 3.700 en 2015- tratando de llegar a Europa, y adopten medidas en consecuencia, sin repetir las recetas que han fracasado”, ha afirmado Estrella Galán, secretaria general de CEAR.