“Estamos aquí por nuestros compañeros. Desde ayer están con la Policía porque los van a deportar a nuestros países”, dice una mujer de origen subsahariano desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla después de que, denuncian, 28 personas residentes en el centro fuesen llevadas a comisaría y no volviesen, el procedimiento habitual para trasladar a los migrantes desde la ciudad autónoma a alguno de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la península, cuyo objetivo último es la expulsión.
Conocen el procedimiento y, por ello, han protestado este jueves en el patio del CETI en “solidaridad” por sus compañeros. “No podemos volver porque hemos sufrido mucho para llegar aquí”, añade la mujer en un vídeo difundido por la ONG Caminando Fronteras. Desde Melilla, piden la ayuda de activistas y abogados de la península para evitar la deportación de sus compañeros.
“Toda esa gente está aquí para reclamar nuestros derechos. Desde el CETI nos dicen que simplemente los llevan a la Península. Pedimos a todo el mundo, a los abogados, que nos ayuden para que no deporten a nuestros compañeros”, solicita otro compañero.
“Las comunidades denuncian que sus compañeros son víctimas de tragedias y temen por sus derechos fundamentales. Por ello se solidarizan con una huelga de hambre”, ha afirmado Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras.
Según indica la activista, algunas de las personas que viajaron junto a las siete mujeres que fallecieron en aguas fronterizas melillenses en septiembre se encuentran entre quienes serán derivadas a un CIE para proceder a su expulsión. También algunos de los migrantes que arribaron a la Isla de Tierra. “Tememos que la activación del traslado de estas personas a un CIE, en vez de la vía humanitaria, esconden detrás un motivo político”, alerta.
Los Ministerios del Interior y de Empleo y Asuntos Sociales, implicados en la ejecución de los traslados, no han contestado por el momento a las preguntas de eldiario.es. Desde la Delegación del Gobierno en Melilla tan solo destacan que este tipo de traslados es una de las vías habituales para derivar a los migrantes a la península.
“Arbitrariedad” en los traslados a la península
Los traslados de migrantes en situación irregular desde Ceuta y Melilla al resto de España, donde comienza el espacio Schengen, pueden realizarse a través de dos procedimientos. El primero, gestionado por el Ministerio del Interior, consiste en la detención de estas personas en comisaría para proceder, por orden judicial, a su internamiento en un CIE de la península e intentar proceder a su expulsión, algo complicado con personas procedentes de determinados países de África Subsahariana debido a la falta de acuerdos de readmisión entre España y algunos de estos Estados.
El segundo tipo se basa en la ejecución del traslado a través de la vía humanitaria, competencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por el que las personas son acogidas durante unos meses por ONG en la península y quedan en libertad. Los criterios utilizados a la hora de decidir la activación de una u otra vida se desconocen, por lo que el Consejo de Europa ha denunciado la “arbitrariedad y poca transparencia de este proceso”.
Según explica José Palazón, director de la ONG melillense Prodein, “desde hace bastantes meses” no se realizaban los traslados a la península de personas de origen subsahariano por la vía que acaba en un centro de internamiento. “Por eso, desde hace tiempo, las detenciones de quienes son llamados a comisaría y finalmente acaban en un CIE no pertenecían al mundo de las personas negras lo que ha empujado la protesta”, apunta el activista.
“Sin embargo, es el procedimiento que se utiliza siempre para los argelinos, porque su expulsión es rápida y sencilla”, añade Palazón. En todo caos, recuerda el activista, “puede ser que las personas trasladadas no vayan a ser finalmente deportadas”, debido a la inexistencia de acuerdos de readmisión con sus países de origen.