El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cuestionado las nuevas medidas migratorias aprobadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump. “No estoy a favor de vetos ni fronteras”, ha aseverado el responsable del Ejecutivo que reguló las devoluciones en caliente y reforzó las vallas de Ceuta y Melilla con alambre de cuchillas y malla 'antitrepa'.
Preguntado sobre el 'veto migratorio' aprobado el pasado viernes por el presidente estadounidense –que supone la prohibición de entrada a los nacionales de Irán, Irak, Somalia, Sudán, Siria y Yemen– Rajoy se ha mostrado en contra porque, según ha añadido, “el mundo trabaja en suprimir las fronteras y los aranceles”.
Las declaraciones del gobernante español chocan con las medidas aprobadas por su Ejecutivo durante la anterior legislatura, así como con los casos judiciales abiertos contra las fuerzas de seguridad del Estado por los posibles abusos cometidos en las fronteras españolas, como la investigación de la muerte de 15 personas en Ceuta.
Refuerzo de las vallas
Rajoy asegura no estar “a favor de las fronteras” después de haber reforzado sus propias fronteras de Ceuta y Melilla en 2014, momento en el que tenía lugar un aumento del flujo migratorio a través de las vallas de las ciudades autónomas. El Gobierno español ordenó la colocación del polémico alambre de cuchillas –que ya existía en algunas zonas de la alambrada– en la parte superior de la barrera melillense, la colocación de una malla 'antitrepa' (que impide a los migrantes introducir los dedos en ella) o el envío de más antidisturbios y helicópteros, entre otras.
A las medidas físicas enfocadas a dificultar el salto de migrantes a través de las vallas, se añadió una reforma de la Ley de Extranjería que trata de regularizar las llamadas 'devoluciones en caliente', ilegales según todos los convenios internacionales sobre asilo ratificados por España.
El Gobierno de Rajoy creó la figura del 'rechazo en frontera' para introducir en su normativa las expulsiones inmediatas de todos aquellas personas que cruzasen las alambradas y fuesen interceptadas por la Guardia Civil en los alrededores de esta.
Con ello, impiden de facto el acceso al asilo de los potenciales refugiados que entren en territorio español por esta vía, dado que los agentes no les preguntan si requieren protección internacional o si están en peligro en Marruecos, el país donde son devueltos.
También durante la anterior legislatura, el entonces ministro del Interior defendió la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado tras la muerte 15 personas en la frontera de Ceuta. La Guardia Civil empleó material antidisturbios hacia el agua mientras los migrantes trataban de rodear el espigón que separa Marruecos de Ceuta. Este mes, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó la reapertura del caso, por el que se ordenó la imputación de 16 guardias civiles.