De cada cuatro frases que dice Roberto (nombre ficticio), tres son la misma: “Yo lo que quiero es volver a la normalidad. Recuperar mi vida”. En su caso, lograrlo implicaba poder volver a la universidad. Tras pasar la mayor parte de sus años en un aula, primero como alumno y después como docente, tuvo que abandonar su vocación, su país y su vida en apenas 15 días. Llegó a Madrid en diciembre, con una maleta de 20 kilos y un vacío que no sabía dónde guardar.
“Al principio no tenía permiso para trabajar, y tampoco podía dar clases de español porque yo ya sé el idioma. Así que pasaba mis días en el centro de acogida sin poder hacer nada. Prácticamente estaba allí para dormir y mirar al techo”, recuerda el venezolano. Esperaba sin saber muy bien qué pasaría con él. Qué decidirían quienes tienen en sus manos el expediente de solicitud de asilo que determinará si puede o no quedarse como refugiado en España.
Su angustia pasa a ser sonrisa cuando recuerda el día en que recuperó la motivación. “La psicóloga de Cear me dijo que estaban abriendo una oficina de atención a refugiados en la universidad, así que vine acá, pregunté, y hasta hoy”, dice contento, mientras explica cómo ha sido su primer día de clase en el máster de Relaciones Internacionales.
Al otro lado del mostrador le atendió Marta Amador, quien pelea por que todos ellos tengan una oportunidad en las aulas. La coordinadora adjunta del Plan de Acogida a Personas Refugiadas, que impulsó la Universidad Complutense de Madrid hace un año, reconoce que “las trabas burocráticas aún son infinitas”. “Aquí intentamos ponérselo un poco más fácil, ver qué documentos pueden presentar para convalidar asignaturas, apoyarles con las ayudas de las que disponemos, pero cada caso es un mundo”, asegura.
Hasta el momento han recibido 29 solicitudes, de las cuales han sido admitidas nueve. El resto aún está en periodo de convalidación: “Lamentablemente, no todas estas personas podrán entrar al sistema. En muchos casos no podemos comprobar su situación previa con ningún documento que pruebe sus competencias”, explica Mercedes García, delegada del rector para la Diversidad e Inclusión de la UCM.
En septiembre de 2015 la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) instaba a que los centros facilitasen el acceso a estudiantes refugiados en España que fueran universitarios en sus países de origen. Un año después de la firma de aquel comunicado, en el que aseguraban que “las universidades españolas no pueden permanecer indiferentes ante el drama que asistimos en los últimos meses”, CRUE asegura no haber recopilado aún los datos sobre qué centros han llevado a cabo iniciativas propias.
Algunas universidades han incluido acciones de voluntariado entre los estudiantes nacionales, charlas de concienciación y activismo o clases de español para solicitantes de asilo, pero aquellas que han hecho efectiva la matriculación de solicitantes de asilo en grados o posgrado, por el momento, son muy pocas.
Las pioneras, como la Universidad Camilo José Cela (UCJC), la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad de Santiago de Compostela (USC) o la de Málaga (UMA), han desarrollado becas particulares con un número limitado de plazas para personas con este perfil, siendo las instituciones académicas –sin apoyo estatal en la mayoría de los casos– las que se hacen cargo de la financiación de las mismas.
La Complutense de Madrid, sin embargo, ha optado por abrir un procedimiento que estudie los casos de los solicitantes de manera individual y que trate de adaptar las exigencias burocráticas a las situaciones particulares de cada uno, sin que exista una convocatoria de becas limitadas. “Hoy día hay una sensibilidad mayor que antes, pero la normativa sigue sin estar adaptada”, recalca García desde su despacho en la Complutense. Recuerda que aproximadamente un tercio de las peticiones que han atendido en la universidad con estos perfiles son de solicitantes de asilo que ya estaban en España antes del 2015.
A falta de becas, priorizan buscar trabajo
Wafa ha hecho una apuesta para el futuro. Le habría gustado hacerla antes, pero cayó sobre ella el peso de ser la única que aportaba ingresos a la familia. “Cuando llegamos a Madrid tuve que ponerme a trabajar en una tienda de dulces. Intenté convalidar mi título de ingeniera civil, pero pasaron dos años y siempre me decían lo mismo: 'Estamos estudiando tu perfil'. Hasta que una voluntaria de Acnur me avisó de que existía esta beca para estudiar”, explica.
Entonces inició los trámites, presentó por enésima vez la misma documentación que demostraba su experiencia universitaria previa y esperó aquella llamada que finalmente llegó mientras cuidaba de sus sobrinos. “Me emocioné muchísimo cuando me dijeron que me habían cogido. Es una oportunidad enorme”, dice Wafa. Ella es una de las beneficiarias del Proyecto Integra de la UCJC, de iniciativa privada, por el que diez refugiados y solicitantes de asilo podrán estudiar un grado, alojarse en la residencia universitaria y recibir una manutención.
“Voy a estudiar enfermería porque me han dicho que aquí tiene más salidas que lo mío. Para empezar de nuevo y asegurarnos un futuro mejor”, dice la joven siria, que recuerda: “Yo he podido aceptar la beca porque mi hermano ha encontrado trabajo de albañil”. De no haber sido así, habría tenido que rechazarla.
Es algo habitual. Las organizaciones sociales aseguran que el porcentaje de refugiados o solicitantes de asilo que son universitarios y que deciden homologar sus títulos o retomar sus estudios en España “es limitadísimo”. “Muchos ni se lo plantean, porque tienen la necesidad de cubrir sus necesidades y priorizan encontrar trabajo”, dice Raquel Santos, coordinadora de inclusión de Cear.
Estudiar implica dedicar su tiempo a una carrera durante 4 años, pese a que el programa de apoyo económico a refugiados en España dura un máximo de 18 meses. La opción de recibir una beca de estudios o subvención del ministerio de Educación, en muchos casos, se les niega. “Aquí hay una laguna. Muchas veces no sabemos si las personas que están esperando a que se resuelva su solicitud de asilo pueden o no pedir una beca de estudios estatal que está limitada a estudiantes nacionales”, dice María Zabala, experta en cuestiones de acceso a la educación de Acnur.
La situación deja entonces la pelota en el tejado de las propias universidades, que se ven en la obligación no sólo de desarrollar programas propios de atención y acogida a refugiados –ante la ausencia de un plan estatal común para todas ellas–, sino también de asumir la carga económica de las ayudas a los más vulnerables. “Estamos intentando cubrir nosotros los gastos del alojamiento y la manutención de algunos estudiantes refugiados que empiezan ahora el curso, pero la idea es que eso lo cubra el Estado”, explica la delegada del Rector para la Inclusión en la UCM.
560 euros para homologar sus títulos
Huyó de Ucrania con los documentos que probaban que era licenciada, que tenía un curso y también dos máster, pero al llegar a nuestro país, “faltaban requisitos”. “En el ministerio me decían que no había especialistas que supieran aconsejarme, pero que tenía que apostillar mis títulos en Ucrania y traducirlos oficialmente para que me los homologasen”, dice Olga, ucraniana refugiada en Madrid.
En total, tuvo que pagar 560 euros durante todo el proceso y esperar más de un año. “He conseguido validar tres de los cuatro títulos, pero me lo cuentan como si tuviera solo una carrera. Si quiero que me homologuen el otro máster ahora me dicen que tengo que pagar otros 160 euros”, explica con resignación. Sabe que es la llave para intentar encontrar “un trabajo mejor”.
“El tema de las homologaciones y las convalidaciones es muy complicado, tiene un coste elevado e implica tiempo. Además, en el caso de las personas refugiadas es evidente que no disponen de esa documentación muchas veces”, dice Zabala.
Ignacio Sell, director del Programa Integra de la UCJC, reconoce que esto condicionó fuertemente las pautas de su proceso de selección: “Tuvimos que descartar a todo aquel que no tuviera homologado el título de bachiller”.
Desde Acnur aseguran que es necesario establecer un sistema de más sencillo en el caso de las personas refugiadas, que contemple su situación particular. “Se pueden intentar adoptar otras medidas diferentes para buscar la acreditación profesional o de estudios en el caso de que no tengan los documentos, con algún tipo de prueba o examen, por ejemplo”, explica Zabala.
Vitali llegó a España sin saber español. El joven de 21 años vino huyendo de las armas que, de la noche a la mañana, se vería obligado a empuñar en su Ucrania natal. “Si me quedaba, tenía que ir a la guerra a cambio de nada. Me daba miedo”, explica.
En la oficina de atención al refugiado le sigue ayudando Marta, que también se ha ocupado de su caso desde el primer día. “Acuérdate de que el lunes empiezas el curso de español”, insiste con ternura. Será la primera de las clases que Vitali recibirá en la UCM hasta completar los años que le quedan para poder homologar su título de enfermero, profesión que ya había empezado a ejercer en Ucrania.
Siempre con la cuenta atrás en mente. Le quedan 11 meses hasta que se le termine la ayuda que recibe como parte del programa de integración. “Si entonces no tengo trabajo ni acabo mis estudios antes, me quedo sin nada”, dice con agobio. Pero espera aprobar todo pronto y encontrar un empleo como enfermero que le permita no tener que volver “a la obra”, en la que trabajó como albañil nada más llegar a España.
Marta sonríe por la ilusión de Vitali. “Es una satisfacción ver que todo el esfuerzo que ponemos aquí sirve para conseguir esto”, dice. Sentado en frente, Roberto sostiene la 'tarjeta roja', una cartulina grabada con su foto y sus datos. “Este el único documento que tenemos aquí en España, donde dice que somos sólo eso, 'solicitantes de asilo”, explica él. Marta le contradice: “No, no es el único”. Al lado, en sus carteras, también llevan ahora el carné universitario.