Romper gobiernos por 16 o 30 niños: las ínfimas cifras del reparto voluntario utilizado como excusa por Vox

Romper un gobierno por 16 menores. O por 23. O, como mucho, por 30 niños. El número de chavales que le correspondería recibir a cada una de las cinco comunidades autónomas en las que gobiernan PP y Vox en base al reparto voluntario (e insuficiente) aprobado este miércoles no superaría la treintena. La reacción de la extrema derecha a un traslado de estas características, que ya venía realizándose desde 2022 y solo precisaba la luz verde a los números correspondientes a este año, conforma uno de los ejemplos más claros de la instrumentalización de los menores migrantes por parte de la formación de Santiago Abascal.

Los menores aceptados por cada comunidad no llenarían un avión ni ocuparían todas las plazas de un autobús, pero la decisión de enviar a unas decenas de niños y adolescentes (y si llegaban a cumplirse) a cada comunidad autónoma ha sido utilizada como excusa por la extrema derecha para dar por finiquitados los pactos de Gobierno de Vox con el PP en Murcia, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura.

En base a esta nueva edición del pacto para la distribución de menores, ya aprobado en 2022, Murcia tendría que recibir a 16 chavales. Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana 20, 21 y 23 respectivamente. Extremadura sería la región gobernada por PP y Vox a la que le competerían más traslados: 30.

A Baleares, donde la formación de Alberto Núñez Feijóo gobierna en solitario pero con el apoyo parlamentario de Vox, deberían ser derivados 10 niños o adolescentes.

[Gráfico de Yuly Jara]

El papel del PP

PP y Vox han usado como excusa para su ruptura a los 347 menores migrantes que los consejeros autonómicos han aceptado realojar en distintas comunidades. Un reparto que estaba pendiente de ejecutarse y que ha servido al PP para posponer la decisión sobre otros miles que malviven en Canarias o sobre la reforma de la ley de extranjería para regular un sistema de solidaridad interterritorial.

El portavoz del PP, Borja Sémper, recordaba por la mañana que las comunidades que gobernaban en coalición con Vox ya acogen a miles de menores migrantes solos, y que son muchos los que han llegado con ambos ya en el poder autonómico. Según el dirigente, el 81% de todos los chavales en estas circunstancias están en comunidades del PP.

En la dirección nacional del PP pocos podían esconder este miércoles la alegría por la opción, real, de desprenderse del lastre de Vox en los gobiernos autonómicos. Máxime por un motivo que, creen, les separa ideológicamente del partido de extrema derecha. Desde que hace un año los de Feijóo sellaron decenas de pactos en ayuntamientos y comunidades, siguiendo las directrices del propio líder, sus intentos de ofrecer una imagen de moderación se han encontrado con la realidad de sus alianzas.

Riesgos del uso político

Desde la ONG Save The Children, han solicitado que se separe a la infancia de cualquier debate político, como el que está girando estos días en torno a las negociaciones para el reparto de menores desde Canarias. “Los niños y las niñas adolescentes tienen que estar al margen del debate político”, ha apuntado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de la organización, que pide desde hace años una respuesta compartida por todas las autonomías para proteger a los menores migrantes que llegan solos a España. “España es la frontera sur de Europa y la respuesta tiene que ser corresponsable a todos los niveles administrativos: Europa, el Estado, las comunidades autónomas e incluso el ámbito local”, ha añadido.

Perazzo señala cuál debería ser el foco del debate: encontrar una respuesta estructural para proteger a los niños, niñas y adolescentes que llegan a España sin la compañía de un adulto. “Confiamos en que se pueda llegar a una respuesta estructural. Tiene que haber alguna medida para resolver urgentemente la situación en Canarias pero también hace falta un mecanismo estable para saber cómo se va a gestionar cada vez que haya una situación de emergencia en la acogida de menores”, concluye.

Expandir el discurso del odio sobre los menores que migran solos aumenta la desprotección de estos chavales, advierten desde hace años distintas ONG especializadas en infancia. Un reciente informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denunciado que los chavales extranjeros son el objetivo de la mayor parte de los discursos de odio en las redes sociales, con mensajes que les deshumanizan y les presentan como una amenaza para la sociedad.

Días antes de la conferencia sectorial celebrada este miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ya había solicitado a los distintos grupos parlamentarios evitar la utilizar a los menores migrantes con objetivos políticos. La representante en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados envió una carta a las distintas formaciones para pedir que pusiesen “en el centro la situación de niños y niñas no acompañados”, pero sin ser utilizados desde “las dinámicas políticas” sino colocando el foco en sus necesidades.

El apoyo de las comunidades autónomas al pacto de reparto voluntario de menores no es garantía, además, de que las reubicaciones comprometidas vayan a producirse. Los últimos datos publicados por elDiario.es evidencian que doce autonomías no recibieron a ninguno de los chavales a los que se comprometieron a acoger en 2023 a pesar de los fondos estatales concedidos para ese fin. De los 396 menores que debían ser reubicados en centros de la Península el año pasado, fueron trasladados 67, a pesar de que se distribuyeron 20 millones de euros para la acogida.

''El 80% de los traslados de 2023 no se ha cumplido. Lo que estamos viendo es que este mecanismo tenía sentido hace unos años. Ahora el fenómeno exige una política dimensionada y estructural'', ha dicho la ministra de Infancia, Sira Rego, en defensa de la reforma de la Ley de Extranjería, la vía pactada por el Gobierno central y el canario para crear un sistema de reparto obligatorio y automático, que asegure la distribución de menores por comunidades autónomas cuando se produzca una situación de emergencia humanitaria.

El incumplimiento de los acuerdos se debe a varios factores, no solo a una posible falta de voluntad por parte de algunas comunidades autónomas, sino también a los engorrosos trámites que conllevan estos traslados, una de las razones esgrimidas por el Ejecutivo central y el canario para defender un cambio normativo que permita automatizar estos procesos, evitando también las largas negociaciones previas.

La cifra de niños y adolescentes que atraviesan la ruta atlántica sin familia no ha dejado de crecer en los últimos años. Con las últimas llegadas, el Ejecutivo canario tutela a 5.966 niños y adolescentes en 80 dispositivos que ya han colapsado. La situación de emergencia declarada por el Ministerio de Migraciones en 2023 ha permitido a la Consejería de Bienestar Social abrir nuevos espacios de acogida con agilidad, pero estos no siempre reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. En las últimas semanas, han salido a la luz varias denuncias que apuntan a condiciones de insalubridad, hacinamiento y agresiones en algunos centros del archipiélago. La propuesta del Gobierno central y el canario pasa por modificar un artículo de la ley de Extranjería con el objetivo de establecer un sistema obligatorio de reparto de menores en caso de que una comunidad alcance el 150% de sus plazas de acogida.

Acnur ha advertido de que muchos de estos niños y adolescentes acogidos en Canarias pueden tener necesidades de protección internacional, por lo que solicita una atención extra para detectar estos perfiles con vulnerabilidades extra. Según sus resultados, un 55% de los menores entrevistados, “podrían encontrarse en necesidad de protección internacional”. Entre ellos, se encuentran menores que “han huido de conflictos armados como el de Mali, que han sufrido violaciones de derechos humanos, violencia sexual y de género, incluida mutilación genital femenina o matrimonio forzoso y precoz, o que sufren persecución por pertenecer al colectivo LGBTIQ+”.