¿Cree usted que las personas tenemos derecho a disfrutar de una buena salud? ¿Todas las personas o sólo las personas ricas? ¿Las personas de algunos países determinados o las de todos los países? Si ha respondido que todas las personas, está usted en lo cierto. Así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y muchos documentos más que han firmado la mayoría de los países y que forman parte de ese derecho internacional que casi nunca se respeta pero que, en realidad, es vinculante.
En 1978, la Conferencia de Alma Ata de la Organización Mundial de la Salud se propuso alcanzar la “salud para todos” en el año 2000. La manera de lograrlo era mediante la atención primaria de salud, ya que es la manera más económica de dar respuesta a la mayoría de problemas de salud de la población. Se reconocía que el desarrollo económico y social era un factor importantísimo para reducir las desigualdades en materia de salud entre los países y que, asimismo, las desigualdades dentro de los países eran inaceptables. Y que para garantizar la salud era precisa la intervención de muchos otros sectores, porque ¿se puede tener buena salud sin trabajo y vivienda dignos, agua y alimentos seguros, aire limpio, educación…? Asimismo, la comunidad y el individuo debían participar en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de la atención primaria de salud.
Como verá, el programa de Alma-Ata era muy bueno para nuestra salud pero ciertamente revolucionario, ya que implicaba respeto a los derechos humanos, justicia social y democracia participativa. Al poco tiempo empezaron a salir voces críticas con la declaración, que decían que una atención primaria integral era demasiado ambiciosa y cara, y que era mejor centrar los esfuerzos en el control de unas cuantas enfermedades. Incluso UNICEF, en 1982, lanzó una campaña, “A Children’s Revolution”, basada en la necesidad de concentrarse en únicamente cuatro objetivos de salud.
Aunque a mediados de los años 80 las experiencias de China, Costa Rica, Sri Lanka o el estado indio de Kerala apuntaban a que una atención primaria universal a bajo coste era posible, la ideología de la “atención primaria selectiva” se abrió camino (¿Se imagina usted ir al médico y que le digan que le puede tratar de malaria, pero no de una infección pulmonar porque no tiene presupuesto para eso?) y su lógica economicista y neoliberal se hibridó con las recetas de ajuste estructural que el FMI “recomendaba” a los países endeudados como resultado de las crisis económicas de los años 70 y 80.
Se trataba, entre otras medidas, y quizás le suene de algo, de recortar el gasto público, incluyendo salud, educación o servicios sociales, para privilegiar el pago de la deuda. El Banco Mundial recomendó implantar copagos y avanzar en la privatización de los servicios y los seguros de salud. Quizás también le suene de algo.
El resultado es que ahora tenemos muchos países donde el grueso del dinero disponible, procedente en su mayor parte de la ayuda internacional, se invierte en tratar unas cuantas enfermedades, seleccionadas por los propios donantes según su propio criterio y, para el resto de problemas, la gente tiene que acudir a un sistema público muy débil, de calidad muy cuestionable, o al sistema privado; los que puedan pagarlo, claro. Con lo cual se crean dos sistemas de salud paralelos, uno para los ricos, y otro para los pobres.
Así, cada año unos 150 millones de personas de todo el mundo se enfrentan a gastos sanitarios catastróficos (o sea, una dificultad financiera grave) y 100 millones se ven arrastradas a la pobreza por los pagos directos de los servicios sanitarios, y esto no sucede sólo en los llamados países pobres, sino también en países que muchos convendríamos en considerar como muy ricos, como los Estados Unidos.
Porque, si piensan que un sistema de salud altamente privatizado es más barato (ya saben, todo eso de la competencia en el libre mercado…) y además puede proporcionar salud para todos, piénsenlo mejor. EEUU, entre gasto público y privado,gasta mucho más dinero en salud por persona que nosotros (dos veces y media más, aproximadamente) pero obtiene peores resultados (en esperanza de vida, tres años menos, o en mortalidad infantil, que casi dobla la nuestra, por ejemplo), mientras uno de cada seis adultos no tenía ninguna cobertura médica el año pasado y, después de la introducción de la reforma de Obama en octubre, podemos hablar de uno de cada ocho en abril de 2014. ¿De verdad queremos eso para nosotros o para nuestros hijos?
Por tanto, tenemos que entender que la insistencia en la privatización no obedece al objetivo de mejorar nuestra salud. Tampoco hay ningún estudio que demuestre que la sanidad privada sea más eficiente ni más barata, pero sí existen abundantes evidencias en contra (viene también a la mente el caso del Reino Unido), y también tenemos la seguridad de que la sanidad privada no proporciona cobertura a toda la población, o sea, “salud para todos”.
El caso de España
De hecho, la sanidad pública española es la más barata de nuestro entorno y además el gasto público en salud está por debajo de lo que nos correspondería, según nuestro PIB, en el marco europeo. Y con buenos resultados. En efecto, la sanidad española es la más eficiente de Europa y la quinta del mundo.
Alguno dirá entonces que de acuerdo, que es barata, y buena, pero no hay dinero para pagarla, debido a la crisis. Pero resulta que España recauda mucho menos en impuestos que los países de nuestro entorno, a causa de las reformas fiscales regresivas (o sea, a favor de los más pudientes) implantadas desde hace muchos años tanto por el PP como por el PSOE y del escaso ahínco con que se persigue el fraude y elusión fiscal de grandes fortunas y empresas.
Con esa recaudación, podríamos pagar nuestra salud y otros servicios sociales imprescindibles a los que tenemos todo el derecho y, además, cooperar con los países que tienen menos ingresos para mejorar su salud. Esta cooperación es necesaria, por solidaridad internacional, porque nos obligan los tratados que hemos firmado, y porque la salud de todos nosotros depende en buena medida de la salud de cada uno: ya saben que los microbios no conocen de pasaportes ni de fronteras.
Entonces, si no es para mejorar nuestra salud ni su coste es una excusa, la insistencia en los recortes y la privatización sólo se entiende por un motivo: con un sistema público, se pierde una oportunidad de negocio fabulosa para unos pocos en detrimento de la salud de muchos.
Defendamos por tanto políticas de redistribución de la riqueza y sistemas de salud universales basados en la atención primaria, para nuestro país y para todos los demás. La salud no es una mercancía, es un derecho. La salud no es un gasto, sino que es, como la educación, una inversión en nuestro futuro.
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Francesc Álvarez, director de Medicus Mundi Catalunya, co-organiza junto a Farmacéuticos Mundi octava edición de la Muestra de Cine Salut, Drets, Acció. Os invitamos a asistir a las proyecciones y debates organizados, del 22 de mayo al 5 de junio en diferentes ciudades de Catalunya. Muestra de Cine Salut, Drets, Acció