El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha ordenado este lunes suspender de urgencia la repatriación de nueve menores migrantes solos que aún no han sido devueltos al país vecino, según el auto al que ha accedido elDiario.es. La asociación Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces habían presentado una demanda cautelar urgente para evitar el retorno forzado de un grupo de niños y adolescentes marroquíes que iban a ser devueltos este lunes y este martes. Tres de ellos han sido devueltos antes de la resolución judicial.
La magistrada ha considerado “acreditado que ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores”, un requisito exigido por la legislación española pero que el Ministerio del Interior no ha cumplido en la devoluciones de niños y adolescentes ejecutadas a partir de este viernes.
El Ministerio del Interior y el Gobierno de Ceuta defienden la legalidad de estas devoluciones de menores sin procedimiento apelando al acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007 para el retorno de menores migrantes no acompañados. No obstante, la jueza recuerda que el artículo 5 de este pacto indica que las autoridades españolas deben estudiar las posibles devoluciones “con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Según el auto, en las devoluciones de menores analizadas “nada de lo ordenado” en la normativa aplicable “se ha cumplido”. “Ni se ha tramitado, cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo, ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores exigible en nuestra legislación. Omisión que ha impedido a la totalidad de los interesados conocer los fundamentos que justifican la decisión de facto adoptada”, sostiene el escrito.
Las dos entidades ya habían pedido este domingo al Juzgado en funciones de guardia que paralizase “cualquier actuación material dirigida a repatriar a los menores demandantes a su país de origen, Marruecos, ordenando su inmediata liberación, y que queden bajo la protección de la Ciudad Autónoma de Ceuta”, pero la magistrada encargada resolvió que no había lugar a la vista de que la repatriación ya se había materializado. El Fiscal de Menores de la ciudad se ha mostrado favorable a la suspensión, según fuentes jurídicas.
Igualmente reclamaban que se requiera a la Policía Nacional, a la Delegación de Gobierno y al Servicio de Protección de Menores local “para que se abstengan de realizar ningún acto encaminado a la repatriación, devolución o entrega de los menores mientras se tramita el presente expediente de medida cautelosísima y se recaba informe del Ministerio Fiscal sobre la suspensión del acto administrativo impugnado”.
La petición se registró en nombre de menores no acompañados que Interior ha trasladado a primera hora de la mañana a la frontera del Tarajal, pero también de algunos de los que se prevé que sigan el mismo camino este martes, por lo que el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de la ciudad, a quien va dirigida la petición como magistrado competente, sí tendría tiempo para entrar al fondo del asunto.
La jueza de Instrucción número 2 local, que se encontraba en funciones de guardia el fin de semana, rechazó este domingo la primera petición de parar judicialmente las devoluciones de menores porque cuando resolvió, pasadas las 16:00 horas, las expulsiones se habían materializado seis horas antes, por lo que concluyó que “la finalidad de asegurar la efectividad de la sentencia que en su caso pueda recaer ha decaído”.
Las organizaciones no gubernamentales reivindican “suspender cualquier actuación material dirigida a repatriar a los menores demandantes a su país de origen, Marruecos, ordenando su inmediata liberación, y que queden bajo la protección de la Ciudad Autónoma de Ceuta”.
También piden que se requiera a la Policía Nacional, a la Delegación de Gobierno y al Servicio de Protección de Menores local “para que se abstengan de realizar ningún acto encaminado a la repatriación, devolución o entrega de los menores mientras se tramita el presente expediente de medida cautelosísima y se recaba informe del Ministerio Fiscal sobre la suspensión del acto administrativo impugnado”.
“Un oficio sin firma”
La Fiscalía de Ceuta respaldó la petición porque como fundamentación jurídica de las expulsiones “sólo consta un oficio de la Secretaria de Estado de Seguridad sin firma en el que se dice que se va a proceder en previsión de lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo entre España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado” de 2007.
Según advirtió el Ministerio Público en su informe, “ese mismo artículo dispone que el retorno solo puede realizarse en todo caso con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de Derecho Internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”. “En el presente caso, en la documental aportada no consta la tramitación que, para la repatriación de menores no acompañados, exige nuestra legislación de Extranjería”, estima.
A su juicio “resulta apropiado” suspender las devoluciones “mientras la autoridad administrativa correspondiente no aporte el expediente administrativo incoado y la resolución administrativa que corresponda” con carácter individualizado sobre cada afectado.