Hasta 2015, el pequeño pueblo mexicano de Sonoyta apenas figuraba en el panorama migratorio de la frontera entre México y Estados Unidos, pero entonces comenzaron a llegar los migrantes de Centroamérica y de otras partes de América Latina.
En marzo de 2020, y sin tener otro lugar al que ir, llegaron aún más familias al pequeño pueblo agrícola de 17.000 habitantes. Con el argumento de la pandemia de la COVID-19, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acababa de usar la ley de salud pública conocida como Título 42 para cerrarle los puestos fronterizos de EEUU a los solicitantes de asilo.
“No tenían dinero ni dónde quedarse”, recuerda Aaron Flores, responsable de los servicios de emergencia en Sonoyta. “Cuando llegaron a nosotros, ya no les quedaban opciones”, cuenta.
A medio camino entre Nogales y Yuma, los dos principales lugares de Estados Unidos para el cruce de migrantes en el estado de Arizona, Sonoyta se ha convertido en una estación de paso para las familias que solicitan asilo. Allí esperan, y siguen esperando, a que se terminen las restricciones impuestas por el Título 42 y puedan presentarse ante los agentes federales de la frontera estadounidense.
El Título 42
Desde que en 2020 entró en vigor, el Título 42 se ha invocado en más de 2,5 millones de ocasiones para expulsar a personas que solicitaban asilo en Estados Unidos, muchas de ellas siendo objeto de expulsiones repetidas.
Se suponía que el plazo para seguir usando el Título 42 terminaba este miércoles, pero el Tribunal Supremo estadounidense aprobó este lunes una nueva ampliación a petición de varios estados republicanos, entre ellos Arizona y Texas.
Muchas de las personas que trabajan junto a solicitantes de asilo se veían venir la decisión del Tribunal, emitida en la noche del lunes por su presidente John Roberts como un fallo temporal.
“Odio ser el aguafiestas”, dice Flores. “Las personas tienen derecho a solicitar asilo en virtud de la legislación estadounidense, pero el Gobierno de EEUU encontrará la manera de ralentizarlo”, asegura.
Aunque en algún momento se deje de usar el Título 42, indica Flores, la expectativa en el pueblo de Sonoyta es que el ritmo ascendente de los flujos migratorios no se detenga, teniendo en cuenta las diferencias de riqueza cada vez mayores, el aumento de la inestabilidad política en algunos países y el calentamiento del planeta.
Sin apenas posibilidades
Sonoyta unió fuerzas con la ONG estadounidense Shelters for Hope para reconvertir un motel abandonado en el Centro de Esperanza, que en diciembre de 2021 abrió sus puertas ofreciendo comida, asistencia jurídica, ropa y calzado a las familias migrantes que buscan solicitar asilo en Estados Unidos. Según Flores, atienden cada día a un número de personas que oscila entre 150 y 200.
Además de dirigir la unidad de Protección Civil en Sonoyta, Flores es uno de los gerentes del Centro de Esperanza, ahora mismo en plena ampliación para convertirse en un albergue capaz de dar techo a 150 personas y así intentar hacer frente a las necesidades en aumento.
Una semana antes de la Navidad, el centro celebró una fiesta por su primer cumpleaños con tamales, piñatas y juguetes para los niños. Decenas de familias, en su mayoría provenientes de México y de Centroamérica, se sentaron en las mesas del patio para comer magdalenas mientras los niños se divertían con juguetes regalados por donantes de México y Estados Unidos.
Con la ayuda de abogados de inmigración estadounidenses de un refugio de Nogales, el centro ha contribuido este año a que 300 personas solicitaran asilo en Estados Unidos, según Flores. Un camino largo que se hace especialmente duro, dice, por el cambio constante de criterio que las autoridades de inmigración hacen sobre las personas que pueden quedar exentas de la aplicación del Título 42 y presentar su solicitud de asilo.
“Los cubanos tienen más oportunidades, los hondureños también, pero es más difícil para los mexicanos”, explica Flores. “Y tenemos que ser brutalmente honestos con los hombres solteros que llegan aquí porque no tienen prácticamente ninguna posibilidad”, aclara.
El centro, que se financia principalmente con donaciones, recibió hace poco el estatus de organización sin ánimo de lucro en México.
Algunos de los solicitantes de asilo vinculados al centro limpiaron hace poco un parque local que estaba descuidado. Un gesto que, según Flores, fue agradecido por los residentes de Sonoyta.
Distorsiones “locas” entre nacionalidades
En Casa del Migrante, un refugio de Sonoyta de uso exclusivo masculino, un hombre de Venezuela y otro de Honduras decían el pasado sábado que estaban esperando a que terminara la aplicación del Título 42. “Todos se van a Yuma [Arizona, EEUU] a Tijuana [Baja California, México] o a El Paso [Texas, EEUU]”, apunta el de Honduras, que pide no ser identificado por su nombre para evitar repercusiones de las autoridades. “Ahí es donde tienen la oportunidad de cruzar, estamos esperando a ver qué pasa”, cuenta. Asegura que fue deportado recientemente de Estados Unidos tras vivir allí 40 años sin permiso de residencia.
Según Adam Isacson, de una ONG en Washington de defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, las deliberaciones legales en torno al Título 42 podrían llevar meses. Muchos creen que la aplicación del Título 42 ha reducido la migración, dice, pero “lo único que ha hecho es crear distorsiones locas en las que a algunas nacionalidades se les aplica el Título 42 y a otras no”.
Los criterios dependen de las nacionalidades que México acepta recibir de vuelta cuando Estados Unidos los expulsa, sostiene Isacson, y de que EEUU tenga relaciones diplomáticas con el país de origen, algo que puede facilitar las deportaciones directamente a su país. “Biden concedió hace poco otros 60.000 visados de trabajo temporales a México para sus ciudadanos a cambio de que aceptara a los venezolanos expulsados”, explica a modo de ejemplo.
Hace falta dinero
Según Isacson, la crisis creciente de los migrantes y desplazados, agravada por la COVID-19, es un fenómeno que debe abordar todo el hemisferio occidental, y no solo Estados Unidos: “Colombia ha acogido a 2,5 millones de venezolanos; Costa Rica tiene a 200.000 personas en la cola de los solicitantes de asilo, la mayoría nicaragüenses; y para México este ya es el segundo año con 100.000 solicitudes de asilo”.
Isacson estuvo la semana pasada en El Paso, donde el alcalde declaró hace poco la emergencia por la llegada de un número de solicitantes de asilo que superaba en miles al que la ciudad podía atender de golpe, con un clima que por lo general ha sido muy frío. “En medio del frío de las calles había gente envuelta en mantas de la Cruz Roja”, recuerda.
En su opinión, Estados Unidos ha elegido no invertir en un sistema que le permita tramitar las solicitudes de asilo de una forma “no caótica” pese a que ha tenido varios años para hacerlo. “Las leyes que tenemos son bastante claras en cuanto al derecho a pedir asilo”, dice. “Lo que no tenemos son las asignaciones presupuestarias para que en las puertas de entrada al país esas leyes cubran de verdad el procesamiento [de solicitudes de asilo] de una manera digna”, apunta.
Según Isacson, una cosa que la Administración Biden podría hacer es triplicar el número de jueces que fallan sobre las solicitudes de asilo: “Si te rechazan y lo hacen cumpliendo con el protocolo adecuado y te mandan a casa, ese es el mensaje que se va a enviar, 'no lo conseguí' [el asilo], y así es como se corre la voz”. “El sistema podría entonces centrarse en salvar a las personas que están en peligro de verdad”, opina.
Según Isacson, Estados Unidos tendrá que reconocer en algún momento que los actuales niveles de migración son la nueva normalidad. “Hay mucho que se puede hacer sin cambiar la ley”, asegura. “La pregunta es por qué no se ha hecho”, concluye.
Traducción de Francisco de Zárate