“Quería 'curarme' a la fuerza. Lo entendí así pues me decía que no estaba bien 'ser como eres' y que 'una mujer que llora por otra, no es correcto'. Nunca más quise saber de él. Tenía miedo, mucho miedo”.
Así empieza el relato de una de tantas jóvenes lesbianas que en Perú son víctimas de las llamadas 'violaciones correctivas'. Una práctica machista no aislada que se basa en forzar sexualmente a aquellas mujeres que se atreven a mostrar en público que aman a otras mujeres.
Esta joven, que protege su identidad bajo el pseudónimo C. Lesbiana, fue violada por un vecino y amigo de la familia a quien hasta el momento había tratado como a un pariente. “Sucedió que, un día, mientras estaba llorando en mi cama, sola, la puerta estaba sin seguro, así que entró. Se acercó a mi cama y me preguntó si estaba bien. Le contesté que sí, que vaya a la sala, que me alistaba en un momento. El resto es historia”. Una historia que terminó en embarazo.
Ella no es más que otra víctima de un sistema que somete a estas mujeres con la intención de forzar a la heterosexualidad. Se trata de situaciones de violencia sexual basadas en tocamientos indeseados, que en los casos más extremos pueden desembocar en violación. Expertos y activistas explican que son castigos correctivos que causan daños físicos y psicológicos irreversibles en la víctima, y que en algunos casos se ejecutan de manera repetida si la joven no accede a “curarse” a la primera y acepta públicamente su cambio de condición sexual acatando las normas que dicta una parte de la sociedad que sigue pensando que la homosexualidad es una enfermedad.
Los crímenes que no se denuncian
Las secuelas psicológicas de estos abusos, y el sentimiento de que no son “capaces de curarse”, llevan a muchas mujeres al suicidio, cuenta Ruth Moreno, activista del Movimiento Homosexual de Lima. “Normalmente los agresores suelen ser los tíos, los primos o algún amigo cercano de la víctima”, prosigue, y asegura que aunque a través de los talleres de apoyo a colectivos LGTBI se conocen casos como estos, “nadie llega a denunciar”.
“En radio Yaraví, dos conductores de un programa narraron cómo una persona conocida había contratado a un hombre para violar a su hija lesbiana. Ella tuvo un hijo y, según ellos, logró curarse. Entre burlas y risas, comentaron sobre este delito que ha quedado impune”, cuenta una joven lesbiana de Arequipa en otro de los testimonios recogidos en el Informe sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2014 - 2015.
“Los hombres consideran que el acto penetrativo es un acto de corrección, lo hacen porque creen que ellas son lesbianas porque no conocen nada más”, explica Brenda Álvarez, asesora legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y especialista en temas de feminismo.
Según los colectivos de defensa de los derechos LGTBI peruanos, estos actos de violencia extrema son la culminación de repetidas amenazas a las que las mujeres lesbianas se ven sometidas. En la calle se enfrentan de manera constante a comentarios homófobos y humillantes. Críticas que conforman un recuerdo público y constante de su condición sexual y que casi siempre van acompañadas de una oferta: “Probar a un buen varón”.
Aquí, la discriminación está en todos lados, explica Moreno. En las familias “es común que las encierren en sus habitaciones, que les roben el celular y les corten la ropa ancha para obligarlas a llevar vestimenta femenina”. Incluso “las obligan a tener novio o a ponerse falda aunque a ellas no les guste”, añade Brenda Álvarez.
Las leyes peruanas dan la espalda al colectivo
Este informe, elaborado por Promsex y la Red Peruana TLGB, alerta de que la mayor parte de los casos no son denunciados y, en el caso de serlo, la víctima no especifica que se trate de abusos de intención 'correctiva'. Según datos de Promsex, solo el 5% de los casos de violaciones a mujeres en Perú son denunciados, de los cuales no se sabe cuántos son castigos correctivos.
Perú, cuyo Gobierno no ha respondido a las preguntas de eldiario.es, no cuenta con una política nacional contra la discriminación por la orientación sexual y la discriminación de género. Así como no tiene tipificados los crímenes de odio hacia la población LGTB, causa por la que lleva años luchando Amnistía Internacional en el país. A pesar de esto, según datos de Promsex, el 90% de la población admite que existe discriminación hacia este colectivo, una percepción que no se refleja en las políticas.
En julio de 2013 el Congreso rechazó sancionar de manera explícita los crímenes de odio motivados en la orientación sexual e identidad de género y en julio de 2014 aprobó un decreto que censuraba toda mención a las personas y comunidades LGTBI. Así, según señala un informe del Movimiento Homosexual de Lima, cada semana se produce en el país un crimen de odio contra personas de este colectivo que no queda debidamente registrado y tipificado como tal.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, advierte de la necesidad de “adecuar la legislación nacional con los estándares internacionales y tipificar los crímenes de odio contra las personas LGTBI” y denuncia que en el país “existe impunidad en los crímenes hacia personas LGTBI”. Resalta que a veces este tipo de crímenes “no son debidamente investigados y juzgados”.