El Tribunal Constitucional ha avalado el real decreto 16/2012 en cuanto a la exclusión de la asistencia sanitaria pública y normalizada de los inmigrantes en situación irregular, informa El Español. El Alto Tribunal no considera que los recortes del Gobierno en este ámbito, que dejaron sin tarjeta sanitaria a cientos de miles de inmigrantes sin papeles (entre otros afectados), sean contrarios a la Constitución y falla en contra de un recurso presentado por el Parlamento de Navarra.
El Constitucional ha desestimado el grueso del recurso del Parlamento navarro, según adelanta este medio, que cuestionaba la utilización del real decreto para regular de la condición de asegurado y beneficiario de la Seguridad Social. El Parlamento aún no ha recibido la notificación del fallo aprobado el jueves, por lo que esperará a realizar valoraciones cuando tenga el texto, indican a eldiario.es.
El real decreto 16/2012 limitó la asistencia a miles de personas. En el caso de los inmigrantes sin papeles su cobertura a cargo de los fondos públicos se restringió a la atención en urgencias, enfermedades contagiosas, menores y embarazadas. En el resto de casos, la atención en el sistema público de salud debe ser pagado por los pacientes. El Alto Tribunal considera ahora que esta medida se ajusta a los derechos reconocidos en la Carta Magna.
El tribunal considera que el Gobierno razonó de forma suficiente la existencia de una situación de “extraordinaria y urgente necesidad”, centrada en la exigencia de tomar medidas inmediatas para hacer frente a un “insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias”, indica El Español.
También apunta que el principio de universalidad que acoge el artículo 43 de la Constitución no garantiza el derecho incondicionado de toda persona que se encuentre en España a recibir gratuitamente todo tipo de prestaciones sanitarias, según este medio.
Los colectivos en contra de la exclusión sanitaria denuncian que, con el argumento de acabar con el turismo sanitario, el Gobierno ha excluido del sistema sanitario a personas que residen en España incluso desde hace años.
Cambio de parecer respecto a autos previos
Con esta resolución, el Alto Tribunal parece que cambia de rumbo respecto a algunos autos previos sobre los recursos del Gobierno central contra las leyes autonómicas de sanidad que garantizaban la cobertura pública a los inmigrantes sin papeles. Entre ellas, la ley navarra, la vasca y la valenciana. El Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó ante el Alto Tribunal las normativas regionales, entre otros motivos por la invasión de competencias y por los “perjuicios económicos” que ocasionarían estas normas al ampliar la atención pública.
El Constitucional, aunque suspendió cautelarmente las leyes autonómicas, después se pronunció en todos los casos levantando esta medida. En el auto que devolvía la vigencia a la ley navarra, por ejemplo, el tribunal consideró que el Gobierno no había justificado de manera adecuada el supuesto perjuicio en las cuentas públicas de ampliar la asistencia a los inmigrantes en situación irregular.
E iba más allá. El Alto Tribunal se manifestaba así en cuanto al derecho a la salud: “El derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.
Con las mismas palabras falló el pasado marzo para anular la suspensión cautelar de la ley valenciana de sanidad.
Estas resoluciones habían dado esperanzas hasta el momento a los colectivos opositores del real decreto 16/2012 y defensores de la sanidad pública, como Yo Sí Sanidad Universal y Médicos del Mundo. Las plataformas consideraban que estos autos marcarían la futura respuesta del Constitucional contra el real decreto 16/2012 en los múltiples recursos presentados ante el tribunal en su contra. En el presentado por Navarra, la primera respuesta del Alto Tribunal ha respaldado finalmente el decreto del Gobierno.
El Ejecutivo reculó parcialmente en su reforma sanitaria tras la salida de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad. En marzo de 2015, el ministro Alfonso Alonso afirmó que el Gobierno quería ampliar la atención para las personas sin permiso de residencia, aunque no devolverles la tarjeta sanitaria. “Lo vemos ya con mucha claridad y trabajamos en eso, estamos dispuestos a dar un paso, creo que no tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria”, sostuvo el titular de Sanidad.
Un año después de su anuncio, Sanidad aún no ha acordado con las Comunidades Autónomas el documento que prometió para la atención primaria de este colectivo.