Ucranianos que ahora pueden conseguir los papeles tras años en España: “Ha tenido que estallar una guerra”

Durante meses, Ilia pasaba horas delante del ordenador para conseguir una cita en la Oficina de Asilo. Como muchos ciudadanos extranjeros en España, se desesperaba en sus múltiples intentos frustrados de obtener una fecha para renovar su autorización de residencia hasta que su tarjeta caducó y acabó perdiendo los papeles. El colapso del sistema la empujaba a tener que aguantar en la clandestinidad hasta cumplir los tres años en el país, conseguir un contrato y sortear distintas trabas burocráticas, requisitos habituales para la mayoría de personas sin documentación. De una semana para otra, casi todos los trámites desaparecieron.

Un día y varias llamadas han sido suficientes para cerrar una cita en Madrid con la que obtendrá un permiso temporal de residencia y trabajo. Se alegra, pero no quiere alegrarse. Es ucraniana y va a solicitar la protección temporal, una medida acordada por la Unión Europea para quienes huyan de la invasión rusa, que el Gobierno español ha extendido a las personas de Ucrania que vivían en el país de forma irregular antes de la escalada del conflicto, dado que no pueden regresar a su país.

“Es fuerte que haya tenido que haber una guerra para conseguir esto”, dice por teléfono.

El dolor por la ofensiva rusa y la preocupación por sus familiares se entremezclan con el alivio de ver reconocidos ciertos derechos que miles de ucranianos en España —como cientos de miles de personas de otras nacionalidades— no lograron adquirir durante años de residencia irregular en el país. Según los datos facilitados por el Ministerio de Migraciones este martes, en los cuatro primeros días de funcionamiento del centro de recepción para ucranianos de Madrid, el 12% de quienes obtuvieron la protección temporal vivía en España antes de la guerra.

La vida sin papeles

Ilia es médica pero, desde su llegada a España hace tres años, se dedica al servicio doméstico, una de las pocas opciones laborales accesibles para las personas sin papeles. Tampoco es fácil encontrar trabajo en el sector de la limpieza y su situación irregular deriva en condiciones laborales abusivas con algunos de sus empleadores, cuenta. La protección temporal conlleva la obtención de un permiso de trabajo de un año y el acceso a prestaciones sociales como cualquier ciudadano.

Desde Denia (Alicante), Vikktoria también admite una sensación agridulce. Su tío, su hermano y su abuela viven sin papeles en España desde hace tres años. Aunque este miércoles se pasaron pegados al teléfono durante “todo el día” para obtener una respuesta del servicio de información a ucranianos habilitado por el Ministerio de Inclusión, la familia ha obtenido una cita para finales del mes de abril.

“Dos lados de la moneda”

“Es extraño, por fin van a conseguir papeles, pero nunca habríamos querido esta guerra. Tenía que llegar la guerra para conseguir estos derechos, para que nos protejan”, dice Vikktoria, quien sí tiene la residencia y trabaja en Denia en el sector turístico.

Procedente de Crimea, abandonó su país en 2015, tras la anexión de su región por parte de Rusia. “Pienso en todas las veces que hemos intentado que mi tío lograse el permiso de residencia y ahora, así, con la guerra lo puede conseguir. Son los dos lados de una moneda”, reflexiona la ucraniana.

Es incierto el número de ucranianos sin papeles que viven en España y podrán beneficiarse de esta medida. El único dato que manejan las autoridades se trata de una estimación, calculada a través de la diferencia de la cantidad de personas de esta nacionalidad empadronadas en España y la cifra de aquellas con tarjetas de residencia, autorizaciones para estudiantes y documentación como solicitantes de asilo. Esta cuenta apunta a que alrededor de 15.000 personas procedentes de Ucrania vivían de forma clandestina en este país, aunque los expertos advierten del margen de error de este cálculo, al alza y a la baja, pues no incluye a los ciudadanos no censados ni a aquellos que han pedido una autorización y esperan la respuesta.

La abuela que podrá tener sanidad

La abuela de Vikktoria, de 73 años, sufre de hipertensión y tiene problemas en el corazón. Llegó hace tres años a España como turista y se quedó a vivir junto a sus seres queridos sin permiso de residencia. Mientras la familia intenta que la señora no vea las noticias y ni hable mucho con sus familiares de Chernivtsí —situada al oeste, la zona menos azotada por el conflicto— para evitar preocuparla, Vikktoria reconoce cierto alivio por saber que la anciana por fin tendrá acceso a la sanidad pública. En realidad, la legislación garantiza la atención sanitaria gratuita a personas sin papeles con más de tres meses de residencia, pero en la práctica muchos extranjeros siguen excluidos.

“Queríamos que mi abuela se regularizase, no por ninguna ayuda, solo por la sanidad. Hasta ahora pagábamos un seguro privado, que no financia los medicamentos... Cada vez que hemos intentado que le den de alta nos dicen que, como no cotiza, no puede tener sanidad”, cuenta su nieta.

También por la sanidad, María (nombre ficticio) arroja un breve suspiro de descanso cuando conoce que la protección temporal activada para los refugiados de Ucrania incluye el derecho a la atención sanitaria: “¿También la seguridad social?”, suelta con ilusión la mujer, quien piensa inmediatamente en el bienestar de su hijo de 11 años.

El niño tiene autismo y no puede recibir asistencia médica a cargo de fondos públicos. La razón no es la falta de papeles, sino el tipo de permiso. Desde que la mujer vino a España hace casi tres años, encadena autorizaciones temporales de residencia de estudiante, de un año de duración, aunque su intención siempre ha sido quedarse en el país.

El retraso de los trámites ligados a su permiso temporal como estudiante acababan por entorpecer su acceso a determinados derechos, como el reconocimiento de la discapacidad de su hijo. Algo similar le ocurrió con la validación del permiso de conducir, que ahora el Gobierno convalida de forma automática a todos los ucranianos que obtengan la protección temporal. “¿También dan el carnet?”, responde sorprendida. Desde el inicio de la guerra, evita ver las noticias, por lo que no se había enterado aún de los detalles del dispositivo de atención del Gobierno a los ucranianos.

Víctima de violencia de género

Su situación es de gran vulnerabilidad. Víctima de violencia de género en su país, María huyó de su hogar en Polonia -el único lugar donde residió durante un tiempo con su exmarido- pero aún duda si, con tarjeta de estudiante, puede acceder a la protección temporal. En el teléfono de información habilitado le han dado cita en el centro de recepción de Pozuelo para dentro de diez días, aunque desde la centralita le han transmitido dudas acerca de si su perfil se encuentra entre los beneficiarios.

La mujer tiene un problema en una de sus manos que le impide trabajar en el servicio doméstico, como muchas de sus compatriotas. Está estudiando un Máster en Finanzas con el objetivo de conseguir entrar al mercado laboral por esta vía, gracias al apoyo de su madre, que tiene nacionalidad española.

“Si en junio (cuando caduca su tarjeta de estudiante) esto sigue, supongo que sí podría sacármelo”, dice, antes de aclarar rápido sus palabras. “Que ojalá que no, que la guerra acabe cuanto antes....”. Obtener sus derechos en España dependen de un conflicto que la desgarra por dentro. Su padre vive en un pueblo próximo a Kiev. Tiene 61 años y podría abandonar el país, pero se niega. Es médico y, con muchos hospitales “destruidos”, quiere permanecer en la capital para ayudar a la población herida por los bombardeos.

“Le escribo e intento decirle cada día que le quiero, porque no sé si se lo diré otro día”, lamenta María.

Las dudas y miedos

Según la asociación Ucranianos en España, muchos compatriotas sin papeles están contactando para preguntar sobre la conveniencia de solicitar la protección temporal y expresan sus miedos. Temen que esta gestión pudiese truncar la tramitación de un permiso de residencia de larga duración. Estas dudas y temores también están llegando a despachos de abogados expertos en Extranjería.

“Esa misma pregunta me la hicieron tres ucranianos. Y la respuesta es que siempre va a ser mejor tener la protección temporal que quedarse en el limbo de la estancia irregular”, sostiene Paco Solans, letrado de Valencia especializado en asuntos migratorios. “Hay miedo entre el colectivo. Pero si obtienen el permiso de un año por esta vía y la guerra acaba, que ojalá ocurriera, no se lo van a retirar. Tienen un año asegurado y en ese año pueden trabajar. Y, si cotizan durante seis meses, se abren las puertas para otras vías de regularización”, recomienda.

“Puede haber alguna duda de tipo procedimental, pero no veo ningún caso en el que sea recomendable no presentarlo”, zanja el abogado, que considera que estudiantes como María también están incluidos en la protección temporal.

Las trabas generales para la regularización

“Con todo lo que he hecho para pedir la discapacidad de mi hijo, para validar mi carnet de conducir, para poder trabajar... Y a nivel burocrático todo era difícil. Ha tenido que estallar una guerra para solucionarlo...”, reflexiona María, mientras agradece toda la solidaridad de España hacia los refugiados ucranianos tras el inicio de la guerra.

Las dificultades para obtener un permiso de residencia y sus consecuencias, relatadas por estas ciudadanas ucranianas, se repiten entre los miles de migrantes en España, independientemente de su nacionalidad. En el caso de los solicitantes de asilo, el sistema “automático” para conceder permisos de residencia y trabajo a quienes huyan de la guerra de Ucrania choca con las esperas a las que suelen enfrentarse los demandantes de protección internacional, para quienes solo obtener una cita es casi imposible, como relata Ilia. A ello se suma los retrasos en las respuesta a la petición, que puede demorarse hasta dos años.

“Hay muchos inmigrantes trabajadores, que solo quieren pagar impuestos y tener derechos. No conozco a ningún ucraniano que pide ayuda, la gente pide derecho para trabajar”, dice Ilia. Su mensaje es semejante al que se escuchó este martes en los alrededores del Congreso, cuando 600 organizaciones pidieron una vez más una regularización extraordinaria de inmigrantes en España, en una campaña llamada 'Esenciales', que busca registrar en el Parlamento una iniciativa legislativa popular con este fin.