La defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, ha abierto una investigación sobre el papel que desempeña la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en las operaciones de búsqueda y rescate de migrantes en el Mediterráneo, tras el naufragio el 14 de junio de un buque pesquero con cientos de personas a bordo frente a la costa griega.
O’Reilly ha solicitado inspeccionar “una amplia gama de documentos relacionados con las responsabilidades de Frontex para rescatar a las personas en peligro en el mar, incluido el informe formal sobre cómo se desarrollaron los eventos con el barco Adriana”, la embarcación que se hundió el 14 de junio, según un comunicado.
También ha pedido informes de otros incidentes recientes que supusieron “pérdidas considerables de vida” en el Mediterráneo.
Además, la defensora ha reclamado los detalles sobre cómo la información relativa a las operaciones de búsqueda y rescate se comparte entre Frontex y las autoridades nacionales. Le interesa en particular el papel de la agencia de la Unión Europea en cómo se planean y aplican esas operaciones.
También pregunta sobre si hay normas específicas para el uso de cámaras instaladas en los barcos durante las operaciones conjuntas y sobre si Frontex informa de violaciones de los derechos fundamentales en relación con las interacciones de las autoridades de los Estados miembros con embarcaciones de ONG que rescatan personas en el mar.
Investigación en Grecia
La defensora del pueblo europeo dice que está coordinando su investigación con su homólogo griego, Andreas Pottakis, que se encarga de estudiar cómo actuaron las autoridades helenas durante el naufragio del Adriana.
“Si bien el papel de las autoridades griegas se está investigando a nivel nacional, el papel de Frontex en la operación de búsqueda y rescate también necesita ser aclarado. Se ha informado de que en este caso Frontex alertó a las autoridades griegas sobre la presencia del barco y ofreció asistencia, pero no está claro que más podría o debería haber hecho”, dice O’Reilly.
Subraya que una tragedia de una magnitud como la sucedida el 14 de junio “requiere que todos los involucrados reflexionen sobre sus responsabilidades y dejen claro al público quién es responsable de estas muertes”. “Mi oficina se centrará en el papel de Frontex mientras tratamos de reconstruir los eventos que llevaron al naufragio del barco y la muerte de al menos 500 personas”, dice.
La versión de las autoridades griegas sobre su actuación en este naufragio ha sido cuestionada por testimonios y varias investigaciones periodísticas después de otros casos recientes que pueden violar la obligación de auxilio en el mar. Un vídeo publicado en mayo por el New York Times mostró cómo la guardia costera griega llevaba a migrantes, incluidos niños, a aguas abiertas y los abandonaba en una balsa.
Cientos de personas desaparecidas
Según los testimonios de algunos rescatados del pesquero hundido en junio, unas 700 personas viajaban en la abarrotada embarcación, entre ellas muchas mujeres y niños, lo que significa que el hundimiento del barco podría ser una de las mayores tragedias migratorias en el Mediterráneo. Fueron rescatadas con vida 104 personas y se recuperaron 82 cadáveres.
O’Reilly recuerda que la migración a Europa “continuará” y que corresponde a la Unión Europea “garantizar que actúa de un modo que preserva los derechos fundamentales y no pierde de vista el sufrimiento humano que obliga a las personas a buscar una vida mejor más allá de sus países de origen”.
O’Reilly asegura que analizará el papel de las instituciones de la Unión Europea a la hora de defender los derechos fundamentales en las actividades de gestión de fronteras. “La señora O'Reilly está planeando una investigación por iniciativa propia sobre cómo la Comisión supervisa el respeto de los derechos fundamentales en el contexto de las operaciones de gestión de fronteras financiadas con fondos de la UE”, dice el texto.
La defensora del pueblo dice que también pedirá “más información” sobre el reciente pacto sobre migración entre la Comisión y Túnez, incluyendo “cómo se evaluará el impacto en los derechos humanos de ciertas actividades cubiertas por el acuerdo”. El pacto ha sido criticado por dejar la política de migración de la UE en manos de un régimen autoritario a cambio de dinero.