Una operación marítima sin medios marítimos y prorrogada por segunda vez. Es en lo que ha quedado la bautizada oficialmente como Operación EUNAVFOR Med Sofía, la misión militar de la UE para el control del Mediterráneo y de los migrantes que huyen del hambre y las guerras. Y eso que esta segunda prórroga, decidida por unanimidad este jueves en Bruselas, se produce ya sin Matteo Salvini en el Gobierno italiano
Cuando la operación fue lanzada en junio de 2015, su misión era combatir las redes de tráfico de personas, pero en junio de 2016 y julio de 2017, fue ampliada, Ahora incluye también tareas como la aplicación del embargo de armas de la ONU en aguas libias y la recopilación de información del tráfico ilegal de petróleo desde Trípoli. En puridad, la búsqueda y rescate no es parte del mandato de la operación Sofía, pero es una obligación legal de los marineros de acuerdo con las convenciones marítimas de la ONU, recuerda Politico.
Los efectivos actuales, según informa EUNAVFOR Med Sofía, consisten en dos barcos (una fragata italiana y un barco de acción marítima español–; dos helicópteros (uno italiano y uno español) y seis aviones (dos de Luxemburgo, uno español, polaco, francés e italiano).
Así, los 28 han llegado a un acuerdo en el Consejo de la UE que sigue con el vaciado de contenido de la operación decretado hace seis meses: prorrogarla otros seis meses, pero sin recursos navales, lo que le deja con los cinco helicópteros –uno de ellos, español– y con la formación de los guardacostas libios, señalados reiteradamente por vulnerar los derechos humanos. De hecho, para la UE Libia no es un puerto seguro de desembarque y ha sido denunciada la facilidad con la que los traficantes de personas operan indisimuladamente.
De alguna manera, lo que hace la UE aferrándose a una operación que ya no tiene medios para existir –pero sí su carácter militar–, es posponer una decisión otros seis meses, a que entre en vigor la nueva Comisión Europea –1 de noviembre–. Será entonces el momento, también, de retomar una agenda nunca concluida en Bruselas, la del reparto de solicitantes de asilo.
“Los Estados miembros, con la operación Sofía, buscan devolver a estas personas a un país del que huyen. En Libia los torturan, las violan, los ajustician de forma sumaria”, decía Paula Farias, de Médicos Sin Fronteras, en eldiario.es. “A lo mejor a quienes hay que concienciar es a los Estados miembros por estas políticas inhumanas”.
Fuentes de la Comisión Europea recuerdan que la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, se ha mostrado siempre favorable a prorrogar el mandato completo de la Operación Sofía y temen que vuelvan a producirse muertes en el Mediterráneo.
La portavoz de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Maja Kocijancic, ha reconocido en numerosas ocasiones que una operación “marítima” sin barcos “no podrá ejercer eficazmente su mandato”, pero ha insistido en que se trata de “una decisión política de los Estados miembros para mantener la operación”. “Tomaremos medidas para reducir los efectos de la suspensioÌn que conllevaraÌ [la retirada de los barcos] pero estaÌ claro que el mandato no se podraÌ ejercer plenamente”, ha subrayado Kocijancic.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el pasado año fallecieron 2.300 personas en el Mediterráneo intentando llegar a las costas europeas. Del más de un millón de refugiados y migrantes que cruzaron a la UE en 2015, se ha pasado a 141.500 en 2018, según Naciones Unidas.
No obstante, las tácticas usadas por la misión naval de la Unión Europea para impedir el tráfico de seres humanos en el Mediterráneo han provocado un aumento de las muertes de refugiados y migrantes en el mar, según una investigación realizada en 2017 por la Cámara de los Lores británica. El informe afirma que una consecuencia no prevista en la Operación Sofía, destinada a destruir los barcos de los traficantes, es que estos se han adaptado y han enviado a refugiados y migrantes en embarcaciones más precarias, lo que ha provocado más muertes.
El número de vidas perdidas en la ruta del Mediterráneo central –entre Libia e Italia– creció un 42% hasta más de 4.500 personas ahogadas en 2016, comparadas con 3.175 en 2015.
El informe del subcomité de Exteriores de la Cámara afirma que la operación naval ha fracasado en su intento de interrumpir el negocio de los traficantes en el Mediterráneo. Sin embargo, los lores afirman que se debería continuar con los trabajos de rescate y salvamento, que han permitido salvar la vida a 33.830 personas desde su inicio.
El informe añade que un Gobierno unificado en Libia es la condición previa para cualquier acción decisiva contra las redes de traficantes, pero que es improbable que mejoren las condiciones políticas y de seguridad en Libia para permitir operaciones de la UE en la costa de ese país.
España ha participado hasta la fecha con 259 efectivos en una operación en la que la UE ha destinado 62,8 millones de euros desde su nacimiento, según ha apuntado el Gobierno español en el Congreso.