Este viernes 19 de marzo Turquía, por un lado, y una UE muy dividida tratarán de llegar a un acuerdo que establecerá básicamente que todo aquel refugiado que entre ilegalmente por el Mar Egeo a Grecia será devuelto a territorio turco. Además, busca que el sistema de devoluciones sea “rápido”, pero garantizando el estudio individualizado de cada caso, evitando así las ilegales expulsiones sumarias.
Para sortear este bache, la última posición de los 28 –aún no cerrada- es la inclusión específica del “proceso individualizado” -del que se desconocen los detalles- que recibirán los migrantes en suelo europeo antes de ser devueltos a Turquía. Por otro lado, se mantiene sobre la mesa la otra pata del acuerdo: por cada migrante expulsado, la UE acogerá a un refugiado sirio.
La mención al periplo individual habría sido una petición del Gobierno español, según fuentes de la diplomacia española. Margallo ya avisó de que España se opondría a las “expulsiones colectivas”. En su lugar, se estudiará una por una aunque los criterios del análisis de las solicitudes se desconocen. Además, la oferta comunitaria explicita la presencia de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados, durante el proceso.
Hasta ahora ACNUR solo participaba en los reasentamientos. En julio de 2015, la UE se comprometió a reasentar a 22.000 refugiados, de los que la UE solo ha recibido a 4.000. Los 18.000 que quedan son, por lo que se vislumbra de las discusiones entre líderes, los que entrarán en el intercambio de un sirio por cada refugiado devuelto a Turquía. Una cifra que sube a 72.000, según los diferentes borradores de conclusiones publicados el jueves por la noche.
Son cambios cosméticos y previsibles. La UE, que también se compromete con el coste de trasladar a los refugiados, contravendría no pocas cláusulas, tratados y convenciones internacionales y europeas sobre Derechos Humanos al expulsar en masa a migrantes.
Pero aquí no queda el anclaje legal. Porque Turquía no reconoce la cláusula que protege el derecho de los demandantes de asilo de la Convención de Ginebra. Según varias fuentes, varios estados miembros piden que Ankara modifique su legislación en este aspecto.
Después quedan otros flecos, algunos más intensos que otros. Chipre, país al que Turquía no reconoce, se opone a las negociaciones de adhesión y a la apertura de capítulos para este fin. Ankara invadió el norte de la isla en 1974 tras el golpe de estado militar en Grecia y no reconoce al sur de este país, que ingresó en la UE en 2004.
Las amenazas de Chipre probablemente obligarán a Turquía a aceptar a Chipre, lo que puede acelerar la integración del norte y sur de la isla. Grecia deberá asimismo declarar a Turquía país seguro –si no la expulsión “individualizada” no será posible legalmente- y para ello Tsipras deberá enviar este reconocimiento al Parlamento heleno.
Este viernes continúan las negociaciones en Bruselas, con reuniones con las autoridades turcas, y después de nuevo con los 28 para intentar cerrar un acuerdo. Otra de las incógnitas que debería despejarse hoy es, si hay plan, cuándo comenzaría a ejecutarse. La intención de Alemania es que sea lo antes posible, pero Grecia aún no cuenta con los medios necesarios para tramitar todas las solicitudes individuales. Si se alarga en el tiempo, algunos socios comunitarios temen que aumente mucho el número de llegadas hasta que entre en vigor el acuerdo, ya que no se aplicará de manera retroactiva.