Estos son algunos de los “puntos fuertes” con los que el Gobierno pretende conseguir un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:
- “Solidaridad y esfuerzo en la lucha contra la pobreza”: La cooperación al desarrollo española se ha desmantelado en los últimos años. Desde el comienzo de la crisis, los fondos han sufrido un recorte del 67%. La cooperación parece encontrarse en un momento de cambio desde la publicación del IV Plan Director, la hoja de ruta que rige esta política española. El mayor peso del sector privado y la preponderancia de la Marca España frente a la ayuda al desarrollo es una de las preocupaciones manifestadas dentro del tercer sector. El porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo para 2014 se sitúa por debajo del 0,20% de la RNB -el objetivo marcado a nivel internacional está en el 0,7-, niveles comparables a los de hace casi 30 años, según los cálculos de la Cordinadora de ONGD.
- “Empresa y derechos humanos”: El Ministerio de Exteriores está preparando el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas (a petición de la ONU y Comisión Europea) que debería aumentar el control del Gobierno sobre las vulneraciones de derechos humanos de empresas españolas en el exterior. Diversas organizaciones denuncian que las presiones de la patronal se reflejan en el último borrador del documento en el que aparecen diluidas, por ejemplo, las exigencias hacia las empresas españolas que operan en el exterior a la hora de obtener ayudas públicas. Por el momento, no están incluidos mecanismos eficientes de control. Por su parte, el Gobierno está a punto de culminar la privatización de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE), uno de los mecanismos de apoyo disponibles para las empresas españolas destinado a facilitar su internacionalización en mercados extranjeros (generalmente, países en desarrollo) y a los que cada año el Estado destina millones de euros. El descontrol sobre este instrumento afecta a la relación con terceros países, especialmente los empobrecidos.
- “Compromiso con los derechos humanos”: Organizaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional han solicitado al gobierno que cese los recortes que influyen directamente sobre derechos fundamentales como la vivenda, la sanidad o el derecho a la manifestación en España. Ante el aumento de la pobreza desde el inicio de la crisis y el bajo respaldo estatal tras los duros recortes sociales, ONG que habitualmente centraban sus mayores esfuerzos sobre los países en desarrollo, se ven obligadas a aumentar sus proyectos en España.