Gobernar la vivienda para gobernar la ciudad

Igual con tanta noticia de cambio en los banquillos de ministerios y selecciones ha pasado desapercibido un titular que se clava en el centro del verdadero asunto del momento. Lo recupero, por eso: Barcelona quiere obligar a destinar el 30% de los nuevos edificios a vivienda social. La idea no es una ocurrencia de la alcaldesa, como sugieren algunos medios, sino que viene de la sociedad civil: parte de una moción municipal presentada en febrero por la PAH Barcelona, Sindicat de Llogaters, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible (ABTS) y el Observatorio DESC; una moción que contó con el voto a favor de todos los partidos con representación en ese ayuntamiento, menos el PP, y que se ha ido desarrollando en grupos de trabajo formados por miembros de esos partidos y los colectivos citados.

Además de la dotación de ese porcentaje para todas las promociones (y rehabilitaciones integrales, ojo), hay propuesto otro, del 40%, para los edificios dedicados a alojamiento turístico y se quiere extender el derecho de tanteo y retracto de forma que la administración tenga oportunidad de adquirir propiedades en proceso de compra-venta, además de seguir destinando edificios de titularidad pública a vivienda y ver la posibilidad de expropiar solares y edificaciones abandonadas para lo mismo. Por supuesto, la patronal inmobiliaria se ha llevado las manos a la cabeza pero la cosa avanza a su pesar, de momento. Y ojalá acabe siendo realidad porque, y esto también demuestra que no es ninguna ocurrencia, el éxito ya está comprobado.

En París, ahora mismo, el 21% del parque de vivienda es social y el objetivo es que sea el 30% en 2030. La reserva del 30% de las nuevas promociones es una de las normas que están contribuyendo desde hace años a este crecimiento. En Nueva York existe también algo similar; una regla que no sólo permite el rápido desarrollo de la vivienda pública sino que lo hace sin generar guetos, consiguiendo edificios y barrios menos segregados, todo un ideal urbano.

Resolver la crisis de alojamiento que azota a las ciudades es uno de los asuntos más urgentes a los que se tiene que dedicar la política, en España y en el mundo. Leo un informe norteamericano que dice que una persona que cobra el salario mínimo de allí debería tener dos empleos y medio a tiempo completo para pagar el alquiler de una casa de un dormitorio. En Madrid y Cataluña, el precio medio para una vivienda de 80 m2 es ya de casi 1.000 euros (el salario mínimo está en 858,5 euros).

La emergencia habitacional en la que vivimos es una desastre global y no de los naturales: las causas son bien conocidas y tienen que ver con la codicia de los mercados, de los fondos, de los inversores. También con las leyes nacionales e internacionales que les permiten arrasar las ciudades como godzillas de colegio de pago.

¿A qué esperan las demás?

Como Barcelona, muchas urbes tratan de reaccionar. Los Ángeles se propuso hace meses imponer un impuesto a las nuevas promociones para costear vivienda social. Filadelfia acaba de anunciar algo parecido. En Seattle quisieron cobrar también una tasa a las grandes empresas para financiar con ella alojamiento pero la presión de Amazon ha desbaratado la norma. En Francia se fijan en las políticas de París. En Europa se mira a lo que hace Viena.

España es la última en cuanto a vivienda social en el continente, aquí sólo es 1,5% del parque total. Nuestra Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es también una de las más lamentables. Algunos ayuntamientos han pedido recientemente que se modifique. Muchos aseguran que la vivienda es su prioridad pero no terminan entender la necesidad de actuar a pesar de las dificultades. No se puede decir que mientan al excusarse: el grueso de las competencias y los recursos son de las comunidades y del Estado. El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, prometió su cargo hablando mucho de obra pública y nada de vivienda pública (al menos esta semana ha vuelto a ser presentada la Ley de Vivienda propuesta por la PAH y esta vez no ha sido vetada). Todo esto es cierto, sí, pero ¿es suficiente con pedir y esperar? No, no es suficiente.

Se dice mucho eso de que hacen falta políticos valientes. Ni siquiera es para tanto. Se necesitan políticos conscientes de los asuntos que administran. Hacer todo lo posible por frenar la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias debería ser el primer objetivo de cualquier alcalde y alcaldesa. No hacerlo es una irresponsabilidad. No se requiere ningún acto heroico, basta con escuchar y trabajar en colaboración con los movimientos sociales de vivienda, que están demostrando estar perfectamente informados y articulados, ser activos y ser propositivos. Ahora mismo, sólo gobernando la vivienda se puede pensar en gobernar la ciudad. ¿A qué esperan quienes dirigen Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga y las demás?

Igual con tanta noticia de cambio en los banquillos de ministerios y selecciones ha pasado desapercibido un titular que se clava en el centro del verdadero asunto del momento. Lo recupero, por eso: Barcelona quiere obligar a destinar el 30% de los nuevos edificios a vivienda social. La idea no es una ocurrencia de la alcaldesa, como sugieren algunos medios, sino que viene de la sociedad civil: parte de una moción municipal presentada en febrero por la PAH Barcelona, Sindicat de Llogaters, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible (ABTS) y el Observatorio DESC; una moción que contó con el voto a favor de todos los partidos con representación en ese ayuntamiento, menos el PP, y que se ha ido desarrollando en grupos de trabajo formados por miembros de esos partidos y los colectivos citados.

Además de la dotación de ese porcentaje para todas las promociones (y rehabilitaciones integrales, ojo), hay propuesto otro, del 40%, para los edificios dedicados a alojamiento turístico y se quiere extender el derecho de tanteo y retracto de forma que la administración tenga oportunidad de adquirir propiedades en proceso de compra-venta, además de seguir destinando edificios de titularidad pública a vivienda y ver la posibilidad de expropiar solares y edificaciones abandonadas para lo mismo. Por supuesto, la patronal inmobiliaria se ha llevado las manos a la cabeza pero la cosa avanza a su pesar, de momento. Y ojalá acabe siendo realidad porque, y esto también demuestra que no es ninguna ocurrencia, el éxito ya está comprobado.