“El Plan de Vivienda del Gobierno es echar gasolina a un incendio”

Hay titulares que definen una civilización. La nuestra, la de ahora, se puede resumir en el siguiente: la patronal turística de San Francisco culpa a la abundancia de personas sin hogar de frenar los datos turísticos del último año. Un detalle: el freno al que se refiere es en realidad un aumento del 1,4%. Otro matiz: el ser humano que ha dicho esto dice también, quizás para suavizar su afirmación, que los visitantes que pasan por la ciudad no pueden entender cómo en un lugar tan rico hay tantísima gente viviendo en la calle y añade que el panorama demuestra un fracaso social. Fascinante, ¿verdad? Pues no tanto como lo que pasa por aquí.

Para entender que es muy difícil entender nada de lo que se está haciendo con nuestras viviendas, y por eso con nuestras vidas, no hay que irse a California; basta con quedarse en España, tan metidos o más que allá en una crisis de alojamiento de primera y con similares planteamientos en los que se insiste en culpabilizar a las víctimas. Sí, aquí, en Barcelona y en Madrid sobre todo, pero ya en muchos otros territorios del país, se habla muy poco de la burbuja del alquiler y de la emergencia habitacional presente. Y, lo que es peor, cuando desde muchos medios y unos cuantos partidos políticos se trata la vivienda, se señala a los okupas como el principal problema que tenemos. Quizás sea el colmo del cinismo, quizás el de la ignorancia, quizás el de la indecencia; en cualquier caso, es insoportable. Si hay gente en la calle o metiéndose donde puede meterse es un síntoma evidente de que nuestra sociedad, efectivamente, se desmorona no sólo por impedir el acceso a un derecho básico como es la vivienda a todo el que no es —no quiere o no puede ser— propietario (clases medias, clases trabajadoras, gente joven, muchísimas personas a pesar de lo que digan los porcentajes en cualquier caso crecientes), también por no contar con la sensibilidad y solidaridad para ver y entender el problemón que en realidad vamos a pagar todos.

El Sindicat de Llogaters de Barcelona y el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid están trabajando desde hace tiempo para cambiar todo esto. Son vecinos de estas ciudades que se han juntado para defender el derecho a la vivienda y un alquiler asequible, estable, seguro y digno.“Los inquilinos e inquilinas habíamos estado solos, habíamos vivido esta flagrante injusticia que se da en esta sociedad, pero hemos dicho basta, nos hemos organizado y cada vez tenemos más fuerza y defendemos no sólo los derechos de los inquilinos sino el derecho a la ciudad en general, el derecho a vivir en ciudades más justas”. Hablo por teléfono con Irene Sabaté y Jaime Palomera, portavoces del Sindicat, mientras entran y salen de distintos despachos del Congreso de los Diputados. Están visitando a todos los grupos políticos. Bueno, a todos no: el PNV nunca respondió a sus mensajes y el PP ha anulado la reunión. “Venimos a presentar nuestras demandas a los grupos parlamentarios para saber cuál es su posicionamiento en materia de vivienda y alquiler. Vamos a hacer pública sus posiciones para que toda la gente las conozca, tanto quienes viven de alquiler como la ciudadanía en general, porque éste es un problema de todos, una nueva burbuja inmobiliaria, una emergencia habitacional que afecta a todas las ciudades y áreas metropolitanas”.

Las propuestas de estos sindicatos se resumen en los siguientes seis puntos: contratos más largos (seis años para los pequeños propietarios y doce para los grandes) con renovaciones automáticas salvo necesidad propia o de algún familiar; regulación de precios mediante índice vinculante (con penalizaciones); honorarios de intermediación a cargo de la propiedad; fin de los privilegios fiscales de las SOCIMI; paralización de los desahucios sin alternativa habitaciones y obligación de realojo por las administraciones; y movilización de las viviendas vacías y sustitución de VPO de venta por alquiler.

¿Qué significa, en opinión de los sindicatos, el Plan de vivienda 2018-2021 presentado por el Gobierno?Plan de vivienda 2018-2021

El Plan de Vivienda lo que hace es echar gasolina al incendio. Entre muchas otras cosas, y aunque dice que promueve subsidios para una parte de la demanda, lo que está haciendo en realidad es subsidiar a quien especula con la vivienda. No modula las subidas de precios por la vía de la oferta sino incentiva por la vía de la demanda para ayudar a una parte del mercado y asegurar así mayores rentabilidades a fondos y empresas y aumentar los perjuicios a los inquilinos.

¿Y qué hay de la proposición de ley de PSOE presentada hace casi un mes?

Es insuficiente. Para empezar, no soluciona uno de los asuntos más graves, que es la posibilidad, en decisión unilateral del arrendador, de no renovar los contratos. Esto es algo que no ocurre en otros países como Francia o Alemania, donde la finalización de esta manera de los contratos sólo se da en supuestos de necesidad familiar de primer grado. Aquí, nuestros contratos no sólo son por un tiempo muy corto (tres años), sino que son completamente inseguros. Además, la propuesta del PSOE no promueve un parque de vivienda público ni dice nada sobre los privilegios fiscales de las SOCIMI, es decir, seguirían sin pagar el impuesto de sociedades y, así, seguiríamos bonificando entre todos a estas sociedades que compran vivienda para aplicar alquileres abusivos. En general, la proposición del PSOE mantiene la vivienda como negocio y no como derecho. Se plantea volver a la ley del 94 que, como la del 85, sólo han quitado garantías al derecho a la vivienda, y en particular a los inquilinos, y han aumentado el desequilibrio y la desigualdad entre la parte propietaria y la parte inquilina.

¿Y la de Unidos Podemos?

El texto que hemos podido leer parece abordar dos de las cosas que nos preocupan: la estabilidad de los contratos y la cuestión de los precios. Desde este punto de vista, son dos buenas noticias. Los matices están en que la estabilidad es con contratos de cinco años más cinco de prórroga, o sea, por debajo de nuestra propuesta. También contemplan contratos de duración protegida, que son de diez, pero de adscripción voluntaria. Desde nuestro punto de vista es demasiado laxo y vuelve a situarnos en la asimetría de poder entre propietarios e inquilinos. En el aspecto de la regulación del precio, las bases son del todo punto insuficientes: se plantea crear un marco con el que posteriormente los gobiernos autonómicos o municipales establezcan lo que llaman Áreas de mercado tensionado. Así, se complica la regulación, que además tendría un tope de cinco años, cuando los ciclos de nuestras burbujas superan este periodo.

Una de las medidas clave en vuestra propuesta es, precisamente, el índice de precios de alquiler vinculante, ¿cómo proponéis hacerlo?

Lo primero es que consideramos que el índice tendría que ser hecho no sólo con variables objetivas (de precio, por ejemplo), también con otras de tipo social como la renta familiar disponible. Además, creemos que tiene que hacerse de forma deliberativa entre distintos agentes, a diferencia de lo que está sucediendo en Cataluña, donde ya hay un índice pero hecho de forma opaca, un índice que tan sólo es un reflejo del mercado. Debería también ser posible, como ocurre en Alemania, que si un alquiler está por encima del índice, el inquilino reclame que se ajuste a la baja el precio. Estos índices y regulaciones se están aplicando en cada vez más países y ciudades, como se hace en el mercado de los medicamentos, otro bien de primera necesidad. Y con resultados positivos. El problema no es la regulación sino cómo se regula. No se trata de una medida ideológica, se trata de intervenir en un mercado que no funciona.

Para los que vivimos de cerca la burbuja, vuestras propuestas suenan lógicas y necesarias pero sospecho que hay una disonancia cognitiva con buena parte de la sociedad, quizá por ser país de propietarios. ¿Cómo os planteáis cambiar esta situación de opinión pública?

Totalmente de acuerdo con el diagnóstico. En Barcelona, hay un inquilino por cada tres habitantes pero la proporción es más baja en el resto del país. Desde la fundación del Sindicato, sabemos que una de las cosas que tenemos que conseguir es cambiar el sentir general acerca de la condición de inquilino, que todavía se ve como un plan b, una condición no deseable de la que hay que salir. Pero estos cambios tiene que ir de la mano de cambios en las condiciones estructurales, por eso estamos haciendo todo lo que hacemos. Y ya se perciben logros y se extiende el movimiento, surgen o están a punto de surgir nuevos sindicatos en Málaga, Valencia, Granda, Iruña… Creemos que este tipo de onda expansiva acabará generando un estado de opinión más extendido, es cuestión de tiempo.

En este sentido, la inseguridad de los propietarios que alquilan es uno de los argumentos que sirvieron y sirven para los sucesivos cambios (a peor) de las LAU. ¿Dónde se pueden encontrar en vuestras propuestas puntos de encuentro con los propietarios?

Esto es una cuestión que nos ha dado para mucho pensamiento, para muchos debates. Creemos que todo pasa por conseguir captar la complicidad de los pequeños propietarios. Porque, sí, éste es un país de propietarios pero de dos tipos: por un lado, el pequeño que tiene su vivienda o la que heredó de sus padres y se saca un dinero por ella y, por otro, los rentistas que viven de la extracción de rentas a través del alquiler. Son perfiles distintos y tratamos de diferenciarlos para poner en evidencia a los grandes propietarios que, además, tienen una responsabilidad también muy grande porque de alguna manera actúan como influencers, imponen unas condiciones y precios que arrastran a todo el mercado. Deberíamos hacer ver a los pequeños propietarios que es mucho más interesante tener un inquilino fiel, estable y de confianza que estar buscando constantemente nuevos inquilinos en pos de la revalorización. De alguna manera, se trata de restaurar la situación de confianza, respeto y simetría entre inquilinos y propietarios

Este asunto tiene mucho que ver con los flujos de capitales internacionales y la globalización de las inversiones, es una tendencia mundial que exige actuaciones locales pero también internacionales. ¿Están los sindicatos en contacto con otros colectivos de fuera?

Sí, es una tendencia internacional pero no tiene nada que ver cómo afecta al derecho a la vivienda en lugares donde hay un marco más garantista con lo que sucede en otros como España. Por eso es imperativo dotarnos de un marco más protector. Nosotros, ya desde nuestro origen venimos de estar en contacto con otros sindicatos y organizaciones similares de Alemania, Francia, Suecia y demás. Y no sólo mantenemos ese contacto sino que estamos estableciendo alianzas con la International Union of Tenants y creciendo junto a organizaciones de Reino Unido e Irlanda, que sí tiene bastantes similitudes con la situación de aquí

¿Cómo vais a seguir peleando?

Somos conscientes de que el hecho de que las propuestas de ley no se ajusten a nuestras expectativas tiene que ver con que aún no hay suficiente ruido en la calle, así que todo pasa por fortalecer la movilización. Para ello es central la campaña #Ensquedem, nos quedamos, que tiene que ver con la auto tutela del derecho a la vivienda allí donde no llega la ley, con buscar la forma de auto organizarse y sentar las bases para parar el aumento de precio de los alquileres y que se puedan buscar salidas para lo que llamamos desahucios invisibles, de no renovación y/o subidas de alquiler, que son legales pero son denunciables y a revertir —un caso de éxito muy reciente se ha dado en San Joan Despí. Donde una comunidad de vecinos ha logrado una negociación con Goldman Sachs—. Para ello, debemos establecer vías y espacios por la ayuda mutua y el empoderamiento de los inquilinos, la denuncia y el señalamiento de quienes especulan con la vivienda, de los fondos de inversión y de los grandes propietarios…

Hay titulares que definen una civilización. La nuestra, la de ahora, se puede resumir en el siguiente: la patronal turística de San Francisco culpa a la abundancia de personas sin hogar de frenar los datos turísticos del último año. Un detalle: el freno al que se refiere es en realidad un aumento del 1,4%. Otro matiz: el ser humano que ha dicho esto dice también, quizás para suavizar su afirmación, que los visitantes que pasan por la ciudad no pueden entender cómo en un lugar tan rico hay tantísima gente viviendo en la calle y añade que el panorama demuestra un fracaso social. Fascinante, ¿verdad? Pues no tanto como lo que pasa por aquí.

Para entender que es muy difícil entender nada de lo que se está haciendo con nuestras viviendas, y por eso con nuestras vidas, no hay que irse a California; basta con quedarse en España, tan metidos o más que allá en una crisis de alojamiento de primera y con similares planteamientos en los que se insiste en culpabilizar a las víctimas. Sí, aquí, en Barcelona y en Madrid sobre todo, pero ya en muchos otros territorios del país, se habla muy poco de la burbuja del alquiler y de la emergencia habitacional presente. Y, lo que es peor, cuando desde muchos medios y unos cuantos partidos políticos se trata la vivienda, se señala a los okupas como el principal problema que tenemos. Quizás sea el colmo del cinismo, quizás el de la ignorancia, quizás el de la indecencia; en cualquier caso, es insoportable. Si hay gente en la calle o metiéndose donde puede meterse es un síntoma evidente de que nuestra sociedad, efectivamente, se desmorona no sólo por impedir el acceso a un derecho básico como es la vivienda a todo el que no es —no quiere o no puede ser— propietario (clases medias, clases trabajadoras, gente joven, muchísimas personas a pesar de lo que digan los porcentajes en cualquier caso crecientes), también por no contar con la sensibilidad y solidaridad para ver y entender el problemón que en realidad vamos a pagar todos.