Defendamos la educación

Este jueves 9 de marzo la comunidad educativa está convocada a una huelga en los centros docentes. Son tres las grandes reivindicaciones que sustentan esta convocatoria: la paralización y reversión de los recortes, la eliminación de las distintas “contrarreformas” aplicadas a distintos niveles educativos,  y la derogación de la LOMCE.

Tres reclamaciones que en realidad son las tres patas de una misma reforma educativa que hiere de gravedad a nuestro sistema educativo y que responden a un cambio de modelo social que reclama, para la educación, un papel muy diferente al consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra misma Constitución.

Las cifras de los recortes en educación son escandalosos. Desde 2009 en que se alcanza la máxima inversión en educación (alrededor de 53.000 millones de euros) hasta los actuales 47.000 se han dejado de invertir en educación más de 40.000 millones de euros. El porcentaje del PIB destinado a educación solo está por encima de países como Rumanía, Bulgaria o Letonia y hay que retrotraerse a más de una década para encontrar una cifra similar de inversión. En 2017, tan solo mil profesores más deben hacerse cargo del aumento de casi 800.000 alumnos.

Y estos recortes afectan, sobre todo, a la educación pública gracias a la decidida apuesta de los sucesivos gobiernos del Partido Popular por la enseñanza concertada. Si hacemos el simple ejercicio de sumar la ampliación del número de centros concertados (parte de cuya financiación recae en las familias), la desaparición  y/o disminución de numerosos tipos de becas y el aumento exponencial de tasas en etapas educativas no obligatorias no es difícil deducir el resultado: el gasto educativo por familia ha aumentado hasta un 30%. El copago educativo forma ya parte de la vida española.

La educación, a lo largo de estos años ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un servicio con valor de cambio y, por tanto con precio, en un mercado global.

Pero estos recortes no se han realizado de forma homogénea. El eufemismo tantas veces esgrimido por el Gobierno de “apuesta por la excelencia” encubre una realidad mucho más dramática: el abandono de los más vulnerables.

Poco importa que uno de los más graves problemas de la educación española sea el abandono escolar temprano, que duplica el de nuestros vecinos europeos: se cierran las escuelas de adultos, se limita la oferta educativa,  se retiran apoyos y refuerzos y se elimina, de un plumazo, a miles de especialistas en atención a la diversidad, probablemente el aspecto más castigado por estos recortes.

Poco importa que hoy sea asumido por todos que la etapa 0-6 tiene su propia identidad, que requiere un profesorado especializado, que es una pieza clave en el desarrollo de niños y niñas y en una sociedad que aspire a la igualdad de oportunidades de los futuros ciudadanos: se suben las tasas impidiendo el acceso a ella a las rentas más bajas y se minimiza su importancia hasta su casi desaparición en la LOMCE.

Porque finalmente es la LOMCE la que apuntala en forma de Ley este cambio de paradigma educativo. La LOMCE preconiza el establecimiento de una nueva óptica: las nuevas potestades de la dirección, los centros especializados que compiten entre sí, el establecimiento de rankings a través de las reválidas, el foco en la excelencia frente a la equidad, las trayectorias sin salida, el modelo de rendición de cuentas... Competitividad y exclusión: el reverso de un derecho; su conversión en un producto al que se accede mediante intercambio económico.

La escuela de la LOMCE y los recortes, la escuela que a pesar de la resistencia una gran mayoría vivimos en la actualidad, parece empeñada en pervertir el espacio que la lógica de una sociedad democrática le confiere; parece empeñada en convertirse en una herramienta que aumente la brecha social y convierta la diferencia en desigualdad.

Y es que estamos asistiendo a un cambio radical en el paradigma educativo. La OCDE, el organismo económico responsable de las famosas pruebas PISA, cuando mira a la escuela solo la observa como una pieza que debe encajar en el mercado. Con independencia o no de que compartamos sus criterios es su obligación hacerlo así. La sociedad civil, sin embargo, mira, con toda razón y legitimidad, a la escuela como el espacio que puede garantizar una convivencia pacífica en una sociedad cohesionada y justa.

En esta semana que celebramos el Día Internacional de la Mujer, en pie de guerra contra la violencia machista, contra la desigualdad, la palabra que más escuchamos es educación. Cuando se producen actos de xenofobia o racismo la palabra que está en la boca de todos, más allá de la comunidad educativa, sigue siendo educación. Cuando vemos el aumento de la homofobia y los delitos de odio hacia el diferente dirigimos nuestra mirada a la escuela y pedimos educación. Cuando tomamos consciencia del deterioro de nuestro entorno y de la necesidad de un cambio drástico de rumbo en la carrera que dilapida nuestros recursos naturales pensamos en la escuela y hablamos de la importancia de la educación . Cuando somos testigos de abusos de poder y del aumento de la intolerancia reclamamos más educación.

Pero nuestros gobiernos han dejado hace tiempo de escuchar las demandas de la sociedad civil. Los sucesivos gobiernos del PP han adoptado en exclusiva la óptica de la OCDE como si esta vertiente de la educación, la preparación para la entrada en el mercado laboral, fuera la única competencia de la escuela. De ahí que el “espíritu PISA” impregne por completo a la actual ley de educación convirtiendo a la escuela en un arma privilegiada para suministrar a un mercado global  que camina hacia la destrucción de las mismas fuentes de la vida, la fuerza de trabajo que requiere. Competencia lectora, matemáticas, inglés e informática y no nos distraigamos con esas fruslerías en las que consiste nuestra vida y nuestra relación con los demás.

Las reválidas, las diversas pruebas externas con las que, indistintamente, se cuelgan medallas o rasgan las vestiduras nuestros gobernantes miden lo que la OCDE necesita medir y no responde, en modo alguno, a las expectativas y demandas que la sociedad civil y la misma comunidad educativa reclama a las escuelas.

El día 9 tenemos una oportunidad no solo de mostrar nuestro rechazo a los recortes y exigir su reversión, no sólo de expresar la oposición a una ley antidemocrática e injusta, sino también de defender qué espacio debe ocupar la educación en nuestra sociedad. Reclamemos una nueva ley de educación fruto de un amplio acuerdo social y político de la que el Documento de Bases elaborado por decenas de colectivos sea cimiento inexcusable.

Os animamos a seguir la huelga y a encontrarnos en las calles para defender la Educación. 

Este jueves 9 de marzo la comunidad educativa está convocada a una huelga en los centros docentes. Son tres las grandes reivindicaciones que sustentan esta convocatoria: la paralización y reversión de los recortes, la eliminación de las distintas “contrarreformas” aplicadas a distintos niveles educativos,  y la derogación de la LOMCE.

Tres reclamaciones que en realidad son las tres patas de una misma reforma educativa que hiere de gravedad a nuestro sistema educativo y que responden a un cambio de modelo social que reclama, para la educación, un papel muy diferente al consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra misma Constitución.