Exclusión en primaria: el problema no es la discapacidad

Lo alarmante de ambos casos es que los padres de un centro escolar han presionado a la administración educativa, llegando incluso a promover una inaudita huelga escolar entre sus hijos, para exigir que se aparte a uno de sus alumnos con diversidad funcional de la escuela. En el caso andaluz (tres días de huelga) lo consiguieron, en el gallego (dos días) las últimas noticias hacen pensar que no.

No estamos hablando de adolescentes surgidos de estratos marginales (y aunque así fuera), sino de alumnos de primaria con necesidades educativas especiales, en concreto de una chica de 8 años (Málaga), de la que sabemos que tiene trastorno del espectro autista, y de un chico de 9 años (Pontevedra), de la que no se nos informa qué tiene, aunque poco importa, ya que tanto en un caso como en otro los promotores del boicot lo justifican en idénticos términos ante la prensa local: estos niños, afirman, llevaban mucho tiempo “poniendo en peligro” a sus hijos.

No me siento capaz de valorar hasta qué punto tiene algún viso de realidad tal amenaza, y hasta qué otro han intervenido los prejuicios y fantasmas que acompañan a la discapacidad. Pero sí que hay dos detalles que merece la pena señalar: el primero es que en el caso de Málaga la administración corrió a prestar apoyo psicológico a todos los chicos… menos a la afectada, que un día llegó a clase y se dio de bruces con el vacío de un aula sin compañeros. Un mensaje durísimo para una niña de 8 años. Esto ocurrió el 18 de marzo de 2015, y desde aquel día está sin escolarizar porque su familia entiende que la administración no ofrece una reincorporación con garantías de éxito. El segundo aspecto es que en el caso gallego no todos los padres secundaron el boicot, hubo cuatro niños que siguieron asistiendo al aula, con lo que el impacto para el afectado fue menor.

¿Cómo hemos llegado a estos extremos? Según Carme Fernández, directora de la Fundació Gerard, que presta apoyo a la familia de Lalín, no se trata de episodios aislados, sino que “ocurre más a menudo de lo que nos pensamos”. Pocas familias batallan, y gracias a ellas estos casos saltan a la prensa y los juzgados. En el caso de Málaga se ha abierto un procedimiento judicial que habrá que ver cómo acaba, y en el caso de Lalín se está valorando abrirlo. Fernández sostiene que los padres que promovieron la huelga incluso podrían haber incurrido en un delito de incitación al odio.

No hay que ser muy sabio para entender que ha habido carencia o mal uso de los apoyos educativos de este alumnado, o que tal vez la carencia esté en la formación de sus docentes. Pero sobre todo lo que ha habido es un rotundo fracaso de la administración educativa, especialmente en el caso andaluz, que no supo reaccionar a tiempo y que optó por la vía fácil, populista y cortoplacista de la exclusión. Si apartar un problema no es solucionarlo, sino casi siempre empeorarlo, apartar a un crío es mucho más dañino. Porque es discriminarlo.

Lo alarmante de ambos casos es que los padres de un centro escolar han presionado a la administración educativa, llegando incluso a promover una inaudita huelga escolar entre sus hijos, para exigir que se aparte a uno de sus alumnos con diversidad funcional de la escuela. En el caso andaluz (tres días de huelga) lo consiguieron, en el gallego (dos días) las últimas noticias hacen pensar que no.

No estamos hablando de adolescentes surgidos de estratos marginales (y aunque así fuera), sino de alumnos de primaria con necesidades educativas especiales, en concreto de una chica de 8 años (Málaga), de la que sabemos que tiene trastorno del espectro autista, y de un chico de 9 años (Pontevedra), de la que no se nos informa qué tiene, aunque poco importa, ya que tanto en un caso como en otro los promotores del boicot lo justifican en idénticos términos ante la prensa local: estos niños, afirman, llevaban mucho tiempo “poniendo en peligro” a sus hijos.