La solidaridad ciudadana reta a los gobiernos

En muchos pueblos españoles aprendimos hace tiempo a pronunciar nombres como Hela, Abdalhi, Zahra o Ahmed. Corrían los años 80 cuando comenzaron a crearse las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui. Pequeñas localidades se hermanaban con el Sahara demostrando el apoyo mutuo y la lucha por los derechos de los pueblos. Desde entonces, miles de familias acogen a niños y niñas en las llamadas “vacaciones de paz”.

Fue precisamente en los años 80, cuando la ciudadanía empezó a protagonizar procesos de solidaridad con los pueblos como es el caso del Sahara o como fue el caso de Centroamérica. Aquellas reivindicaciones se sitúan en el origen del movimiento social que en la década de los 90, a través de las acampadas del 0,7%, sentó las bases de nuestra cooperación.

El descenso en picado

Los años han pasado y hoy la política de cooperación no pasa por sus mejores momentos. Según datos de La Realidad de la Ayuda, la cooperación autonómica se encuentra en su nivel más bajo desde 2001. En el año 2013, de 100 euros invertidos por las comunidades autónomas solo 8 céntimos se destinaron a desarrollo. Esto supone el menor nivel de esfuerzo de la historia y, por tanto, un muy escaso compromiso político. Por su parte, las entidades locales, según datos de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, han recortado de manera global más de un 55%.

Ya no pueden venir tantos niños y niñas saharauis a nuestros pueblos. La crisis ha golpeado especialmente a las familias de acogida (son familias trabajadoras con bajos ingresos económicos). Aunque la principal causa de ese descenso son los enormes recortes en la cooperación local y autonómica que ofrecía apoyo a este programa, entre otros muchos.

Más allá de proyectos concretos como el apoyo al pueblo saharaui, la cooperación descentralizada tiene mucho que aportar – ¡y de hecho ha aportado! – a nuestras localidades y al mundo. Desde lo local puede lograrse un impacto global indiscutible. Los fondos destinados a la lucha contra la pobreza y las desigualdades son absolutamente necesarios –porque ya sabemos que poco puede hacerse sin recursos–; pero además, pueden llevarse a cabo otras medidas que contribuyan al desarrollo y a la transformación de un sistema global profundamente injusto. ¿Cómo? Bastaría con garantizar que el resto de políticas locales y autonómicas sean coherentes con la política de cooperación.

La agenda política de nuestras autonomías y localidades debe tener como centro a las personas y sus derechos; la igualdad entre hombres y mujeres. La democracia debe fortalecerse desde el nivel local garantizando la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Pero, cuidado, llevar a cabo estas iniciativas no será fácil ni aun existiendo voluntad política. La reforma local aprobada por el Gobierno bloquea la capacidad de los ayuntamientos de apostar por la política de cooperación u otras políticas sociales que garantizan los derechos de las personas.

Las urnas están a la vuelta de la esquina. Esperamos que los y las candidatas no olviden sus deberes con esta política pública. Algunos de ellos, se los recordamos en este decálogo que hemos elaborado la Red de Coordinadora Autonómicas de ONGD. Transformar significa hacerlo desde nuestro contexto más cercano. Es ahí donde comienzan los cambios, como bien lo llevan demostrando cientos de familias que acogen a los y las pequeñas saharauis y que luchan por su derecho a la libertad como reconoce Naciones Unidas. Para valorar si los partidos políticos están a la altura del compromiso demostrado por estos ciudadanos y ciudadanas os recomendamos visitar esta web donde se han evaluado 86 de los 91 programas electorales. Además, os invitamos a participar en la acción en redes que se realizará hoy con el #DefiendeCooperación.

En muchos pueblos españoles aprendimos hace tiempo a pronunciar nombres como Hela, Abdalhi, Zahra o Ahmed. Corrían los años 80 cuando comenzaron a crearse las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui. Pequeñas localidades se hermanaban con el Sahara demostrando el apoyo mutuo y la lucha por los derechos de los pueblos. Desde entonces, miles de familias acogen a niños y niñas en las llamadas “vacaciones de paz”.

Fue precisamente en los años 80, cuando la ciudadanía empezó a protagonizar procesos de solidaridad con los pueblos como es el caso del Sahara o como fue el caso de Centroamérica. Aquellas reivindicaciones se sitúan en el origen del movimiento social que en la década de los 90, a través de las acampadas del 0,7%, sentó las bases de nuestra cooperación.