¿Todo vale en comercio exterior?

En España, mientras que algunas problemáticas reciben respuesta inmediata por parte de la Administración otras pasan al olvido; a la hora de acceder e influir sobre los decisores políticos, la disparidad es abismal; y tampoco soportamos todos la aplicación de la ley con el mismo rigor. Estos rasgos, generalizables a cualquier ámbito social, se dan con especial intensidad en la Política Española de Internacionalización de la Empresa. En unas semanas se publica un informe que CIECODE ha elaborado para la Plataforma 2015 y más en el que se analiza en qué medida esta política incorpora criterios de desarrollo humano en su diseño e implementación. Las evidencias que este informe ofrecerá permiten plantear una interesante reflexión en torno a tres particulares aspectos de la desigualdad en España: en el establecimiento de prioridades políticas, en el trato ofrecido a distintos actores y en la capacidad de influencia política. Hoy me gustaría comentaros la primera de ellas.

En primer lugar, desde el inicio de legislatura el Gobierno ha tenido tiempo de aprobar una Estrategia Nacional de RSE, otra sobre Internacionalización de la Economía Española y otra sobre Acción ExteriorAcción Exterior, así como diversas leyes orientadas a facilitar la expansión exterior de los inversores españoles y cubrir sus riesgos. Por el contrario, el borrador final del I Plan sobre Empresa y Derechos Humanos lleva meses descansando en un cajón de La MoncloaI Plan sobre Empresa y Derechos Humanos, aunque aún con mejor suerte que el II Plan Nacional de Derechos Humanos, del que ni siquiera se tienen noticias.

En segundo lugar, quince años después de la entrada en vigor del Convenio Anticohecho de la OCDE, ningún individuo ni empresa española han sido sancionados por corromper a funcionarios extranjeros y las siete investigaciones iniciadas han sido cerradas por falta de evidencias o prescripción del delito. Mientras, en el resto de la OCDE ya ha habido más de 300 condenas por esta clase de delitos. ¿Será quizá debido a la ética de los empresarios españoles? La OCDE nos saca de dudas: España es el 5º país de la OCDE con peor percepción internacional en la propensión de sus empresarios a pagar sobornos.

Por último, España mantiene una activa agenda de aprobación de acuerdos comerciales para promover y proteger las inversiones españolas en países en desarrollo, a pesar de que estos priorizan de forma desproporcionada la protección jurídica del inversor frente a la defensa del espacio político de los Estados para promover otros posibles intereses en conflicto –desarrollo sostenible, protección de estándares sociales, ambientales y fiscales o los derechos humanos–. Estos acuerdos son esencialmente iguales que el polémico acuerdo Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés)  entre la UE y EE.UU pero, lamentablemente, los 62 acuerdos que España tiene aprobados con países en desarrollo (y los otros 10 que están a la espera de entrar en vigor) no han logrado atraer tanta atención mediática ni generar tanta indignación ciudadana en nuestro país.

Con estas premisas es posible anticipar el diagnóstico que el informe hace de la Política Española de Internacionalización de las Empresas: una política que puede llegar incluso a perjudicar los intereses generales de la población española; a cuyo servicio se adaptan el resto de las políticas relacionadas (incluidas las de desarrollo, fiscalidad o derechos humanos); y que únicamente se permite compromisos en materia de desarrollo en la medida en que no perjudiquen los intereses de las empresas españolas o sus expectativas de beneficios. En definitiva, una política en la que la desigualdad ha sido institucionalizada.

En España, mientras que algunas problemáticas reciben respuesta inmediata por parte de la Administración otras pasan al olvido; a la hora de acceder e influir sobre los decisores políticos, la disparidad es abismal; y tampoco soportamos todos la aplicación de la ley con el mismo rigor. Estos rasgos, generalizables a cualquier ámbito social, se dan con especial intensidad en la Política Española de Internacionalización de la Empresa. En unas semanas se publica un informe que CIECODE ha elaborado para la Plataforma 2015 y más en el que se analiza en qué medida esta política incorpora criterios de desarrollo humano en su diseño e implementación. Las evidencias que este informe ofrecerá permiten plantear una interesante reflexión en torno a tres particulares aspectos de la desigualdad en España: en el establecimiento de prioridades políticas, en el trato ofrecido a distintos actores y en la capacidad de influencia política. Hoy me gustaría comentaros la primera de ellas.

En primer lugar, desde el inicio de legislatura el Gobierno ha tenido tiempo de aprobar una Estrategia Nacional de RSE, otra sobre Internacionalización de la Economía Española y otra sobre Acción ExteriorAcción Exterior, así como diversas leyes orientadas a facilitar la expansión exterior de los inversores españoles y cubrir sus riesgos. Por el contrario, el borrador final del I Plan sobre Empresa y Derechos Humanos lleva meses descansando en un cajón de La MoncloaI Plan sobre Empresa y Derechos Humanos, aunque aún con mejor suerte que el II Plan Nacional de Derechos Humanos, del que ni siquiera se tienen noticias.