La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha despertado del letargo en el que se encontraba sumida durante las últimas legislaturas, en las que se había opuesto de forma reiterada a la necesidad de adaptar a la legislación los conciertos ilegales con la sanidad privada, tal y como cuestionó el programa de investigación Despiertos en su segundo capítulo: Privados de Salud.
El periodista de Canarias Ahora Iván Suárez, que participa en el episodio, ha informado este viernes de que Canarias rompe con los conciertos sanitarios que arrastra desde época franquista, tras publicar la Consejería de Sanidad la convocatoria para la prestación del servicio de hospitalización de media estancia a pacientes derivados de la sanidad pública. El importe de este concierto asciende a 220 millones de euros, a repartir en cuatro años, entre noviembre de 2018 y octubre de 2022, a razón de 55 millones por año. En el expediente no aparece la firma del actual consejero, José Manuel Baltar, cuyo pasado profesional está vinculado con los Hospitales San Roque y la Alianza de la Sanidad Privada.
El Gobierno regional acaba así con una tendencia que se había instalado en la administración: prorrogar en contra de la legislación los contratos firmados con las clínicas privadas desde época preconstitucional. Una papa caliente que pasó de manos de un consejero a otro, hasta que el antecesor de Baltar, Jesús Morera (PSOE), anunció la creación de un grupo técnico para revisar los conciertos ilegales. Los socialistas siempre han vinculado esta decisión con la ruptura del pacto regional que mantenían con Coalición Canaria.
Morera es otro de los protagonistas de Privados de Salud, donde se resiste a reconocer la ilegalidad de los conciertos pese a haber impulsado su revisión. Un problema que también se le atraganta a Mercedes Roldós, exconsejera de Sanidad por el Partido Popular, que también es entrevistada en el segundo capítulo de Despiertos. El episodio da voz a representantes de Intersindical Canaria, al presidente del Colegio de Médicos de la provincia tinerfeña, a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública y al periodista de eldiario.es Raúl Sánchez.
La revisión de los conciertos es desde hace años una prioridad incumplida en la sanidad canaria. Gran parte de los contratos se firmaron en época preconstitucional y han sido renovados año a año, pese a que en sus cláusulas solo se permitía una única prórroga anual. Ninguno establece el control de las derivaciones, por lo que el Gobierno no inspecciona si las clínicas beneficiadas cumplen con los requisitos mínimos para prestar el servicio y si lo hacen en las condiciones adecuadas. Los conciertos también incumplen las tres leyes de contratos de la administración pública que se han aprobado en este siglo, ideadas para lograr una mayor eficiencia a la hora de adjudicar servicios a empresas privadas.
Según las cifras oficiales de la propia Consejería, que publicó el programa Privados de Salud, las clínicas privadas de las dos islas capitalinas se llevaron en el año 2015 cerca de 200 millones de euros al año en derivaciones hospitalarias. Los conciertos ilegales permiten que un gigante de la sanidad como Hospiten, propiedad de Pedro Luis Cobiella, ingrese el 46% de todo el dinero que se destina a derivaciones hospitalarias en Tenerife. El resto de la tarta se la reparten Quirón (23%), San Juan de Dios (22%) y el Instituto de Atención Social y Sanitaria (9%).
En Gran Canaria los conciertos están más repartidos, pero por encima de todas las empresas destaca la Clínica San Roque, la misma para la que trabajaba el actual consejero. Baltar tendrá que sentarse cara a cara con Mario Rodríguez para explicarle que a partir de ahora no se podrá llevar a dedo el 28% de todas las derivaciones de la isla, lo que supone un montante de 20 millones anuales, y tendrá que concurrir a un concurso en igualdad de condiciones. Lo mismo deberá hacer con el resto de sociedades que hacen de la salud un negocio, entre las que destacan Perpetuo Socorro (15%), donde ha regresado la exconsejera Mendoza, o el Hospital Vithas (11%).
En Privados de Salud se repasan también las conexiones existentes entre el principal beneficiario de la sanidad privada en Tenerife, Pedro Luis Cobiella, y la clase política y empresarial de Canarias. El episodio desenreda la red tejida por el dueño de Hospiten, que rechazó participar en el programa; una madeja que conduce directamente a los Papeles de Panamá.