Una década del inicio del fiasco del Castor, el multimillonario almacén subterráneo de gas que ACS construyó frente a las costas de Castellón y Tarragona, y que solo llegó a operar en pruebas.
Diez años después el resultado es conocido: una infraestructura inservible, un agujero multimillonario que ha acabado pagando el contribuyente y una cascada de litigios judiciales, sin que haya habido responsables, tras el archivo de la causa por la vía penal.
El 3 de octubre de 2013, José Manuel Soria, entonces ministro de Industria, confirmó la paralización de las primeras inyecciones de gas en esa infraestructura, tras una sucesión de microseísmos en la zona registrados entre el 13 de junio y el 16 de septiembre de aquel año.
Ese anuncio fue el pistoletazo de salida de un culebrón del que se escribió un capítulo clave justo un año después. El 3 octubre de 2014, el Gobierno del PP, a propuesta de Soria (que se cuidó de comparecer tras aquel Consejo de Ministros), aprobaba la indemnización exprés de 1.350 millones de euros para la adjudicataria por renunciar a la concesión de la infraestructura, que en ese momento se declaró en estado de “hibernación”, mediante un Real Decreto-ley declarado inconstitucional en diciembre de 2017.
Las prisas para aprobar ese decreto se justificaron “teniendo muy presente”, dijo la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el proyecto, al que había prestado 500 millones. Pero el Constitucional, tras un recurso del PSC, no apreció razones justificadas de urgente necesidad para usar esa figura normativa.
La última consecuencia de esa sentencia ha sido la reciente decisión de la Audiencia Nacional de obligar a Escal UGS, la sociedad controlada por ACS y participada por la canadiense Dundee que construyó el fallido almacén, a devolver a los consumidores de gas 209,7 millones de “retribución financiera” que cobró por los ejercicios 2014, 2016 y 2017.
Esos pagos han quedado anulados tras esa sentencia del Constitucional, pero está por ver que la empresa los devuelva, dado que Escal entró en concurso de acreedores en 2019, tras reclamarle esas cuantías la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La sentencia del Constitucional también propició que la CNMC paralizase en enero de 2018 los pagos a los bancos que habían adelantado esa indemnización, a cambio de cobrarla con intereses en la factura del gas durante 30 años. Al cesar los pagos mensuales, las entidades financieras recurrieron y el Tribunal Supremo les dio la razón. El resultado fue que el Estado, y por ende el contribuyente, tuvo que endeudarse por decreto para indemnizar a la banca.
Este clásico ejemplo de socialización de pérdidas tuvo también una derivada penal. Pero en noviembre de 2021 la Audiencia de Castellón absolvió a Escal UGS y a dos de sus principales directivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Esta retahíla de procesos judiciales quizá explique por qué ACS ha batido este año el récord de abogados del Estado en un consejo de administración del Ibex: de tener uno en 2013, cuando arrancó el caso Castor, a los seis actuales, pese al menguante peso de España en la facturación del grupo.
Aunque fue Soria quien rescató el Castor con esa norma inconstitucional, la indemnización a ACS estaba recogida en un decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que adjudicó en 2008 la infraestructura a Escal UGS.
Una polémica cláusula, que el Gobierno del PP intentó declarar lesiva para el interés público y que avaló el Supremo en octubre de 2013, días después de paralizarse las inyecciones de gas, decía lo siguiente: en caso de extinción de la concesión, la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor residual de las instalaciones”, aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.
El decreto llevaba la firma de Miguel Sebastián, entonces recién aterrizado en Industria, que luego culpó a su antecesor en el cargo, Joan Clos, de la cláusula de la discordia. En una comparecencia en 2019 en el Parlament de Catalunya, el presidente de ACS, Florentino Pérez, dijo que sin esa garantía para la concesionaria, por la que “el Estado asume el riesgo geológico”, “nadie” se habría presentado a una licitación de este tipo.
Pérez se mostró en esa comparecencia “consternado” por la “desgracia” del Castor, que pese a su “trascendencia” representa “el 1% de la facturación de nuestro grupo”. También aseguró que su empresa perdió dinero en el proyecto y negó haber “intervenido en ninguna cuestión” relativa al almacén.
El proyecto se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, la más grave en medio siglo, ha puesto de manifiesto que la infraestructura no era necesaria, gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.
Pero, sobre el papel, y en los mensajes que se lanzaban desde empresas como Enagás, el operador del sistema gasista, parecía una buena idea. El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los estudios previos.
El espaldarazo definitivo llegó en marzo de 2006. Con el socialista José Montilla al frente de Industria, la Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco almacenamientos subterráneos, entre ellos Castor, calificado de “proyecto necesario y prioritario para el sistema gasista español”.
El silo submarino estaba avalado por las recomendaciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Enagás. Entonces, la demanda estaba disparada por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca).
Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica, cuando acabó su construcción (mediados de 2012) las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad.
El almacén submarino está ubicado a unos 1.700 metros de profundidad, a 21,6 kilómetros de la costa, frente a Vinarós (Castellón), en la comarca de Baix Maestrat, muy próxima a la comarca de Montsià (Tarragona). Se diseñó aprovechando el sellado natural que proporcionaba el terreno calizo del antiguo yacimiento de la falla de Amposta, en el que Shell extrajo entre 1975 y 1989 unos 56 millones de barriles de petróleo.
Con una capacidad de unos 1,9 bcm (miles de millones de metros cúbicos), consta de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros de longitud y una planta terrestre en Vinarós bautizada con el nombre de Ignacio Pérez, como el expresidente de ACS Servicios Industriales y Energía, fallecido en 2007 y hermano del presidente del Real Madrid.
El almacén es hoy un activo varado de cuya gestión se encarga Enagás. En 2019, el Consejo de Ministros acordó el desmantelamiento y sellado de los pozos del Castor. Escal trató de tumbar sin éxito esa decisión en el Supremo. Y se ha planteado su desguace para venderlo por piezas.
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