La constructora ACS se dispone a batir el récord de abogados del Estado en el consejo de administración de una empresa del Ibex 35. El gigante español de la construcción va a nombrar en la junta de accionistas del próximo 5 de mayo a dos integrantes más de ese cuerpo de élite para formar parte de su máximo órgano de gestión. Con ello, se elevarán a seis los abogados del Estado que tiene en su consejo. Es una cifra sin precedentes en el Ibex.
La constructora va a incorporar como consejeras independientes a dos abogadas del Estado en excedencia, Lourdes Máiz y Lourdes Fraguas. Esto le permitirá anticiparse a la ley de paridad que prepara el Gobierno, que prevé que las cotizadas tengan al menos un 40% de consejeras antes de julio de 2024. Otra cosa es la alta dirección de ACS, que a cierre de 2022 solo tenía tres mujeres, un 12,5% del total de altos directivos, según su último informe de gobierno corporativo.
Máiz y Fraguas, abogadas del Estado de la promoción de 1992, cubrirán las vacantes producidas por la jubilación de dos veteranos consejeros históricos de ACS, el jurista y ex diputado Miquel Roca (padre de la Constitución) y Antonio García Ferrer. Estos últimos no van a renovar para que la compañía “pueda cumplir con los mejores estándares de buen gobierno”.
Lourdes Máiz, consejera de BBVA, ha sido máxima responsable legal de la aerolínea Iberia y en el sector público ocupó entre otros cargos el de secretaria general Técnica del Ministerio de Agricultura. Por su parte, Lourdes Fraguas es vicepresidenta del grupo Italfármaco, directora de Farma y Salud del bufete Herbert Smith Freehills. Hasta 2019 fue secretaria general de la patronal farmacéutica, Farmaindustria, y en el sector público, fue entre 2001 y octubre de 2004 Agente del Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En la documentación que ha puesto a disposición de sus accionistas, la mayor constructora española explica que “la incorporación de dos nuevas Consejeras refuerza el compromiso con la diversidad de ACS, pasando el Consejo de Administración de estar integrado por un 26,67% de Consejeras a un 40%”, el porcentaje que recomendaba la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para 2022.
Por su parte, el peso de los independientes pasará de un 40% a un 53,3%, “todo ello teniendo en cuenta los criterios legales y recomendaciones de buen gobierno al respecto”. Máiz y Fraguas “reúnen el talento, la formación y la competencia requeridas para el desempeño del cargo de Consejeras contribuyendo a la plena capacidad del Consejo para adoptar decisiones de forma autónoma e independiente en interés de la Sociedad”.
De Lourdes Máiz, la comisión de nombramientos y retribución de ACS destaca “especialmente” sus conocimientos sobre gobierno corporativo, cumplimiento normativo y derecho de sociedades, “así como su experiencia en el ámbito empresarial, en particular, en materia económico-financiera, y en consejos de administración de sociedades cotizadas y no cotizadas y otros órganos de gobierno de entidades privadas, contando además con experiencia en entidades públicas de sectores relevantes para ACS y su Grupo, especialmente en materia administrativa y de infraestructuras”.
De Lourdes Fraguas, “ha valorado especialmente sus conocimientos en el ámbito jurídico en diferentes jurisdicciones, así como su experiencia, de un lado, en diversas entidades del sector público y, de otro lado, como administradora y miembro de la alta dirección en destacadas compañías con presencia internacional”.
Caso aparte
Hace tiempo que los abogados en Estado en excedencia o jubilados cotizan al alza en el Ibex, que tiene a un miembro en excedencia de ese cuerpo, Óscar García Maceiras, al frente de la primera empresa del selectivo, Inditex (es su consejero delegado). El anzuelo, también para los consejeros independientes, es difícil de rechazar para unos funcionarios que, tras superar una durísima oposición y bregarse defendiendo a la Administración, pueden multiplicar la retribución que reciben en el sector público pasándose al otro lado.
Esta tendencia es especialmente llamativa en el caso del consejo de ACS, que desde hace más de tres décadas tiene en sus filas a un histórico ya jubilado de ese cuerpo de élite, José Luis del Valle, de 72 años, que va a renovar en la Junta por otros cuatro años junto a, entre otros, el presidente ejecutivo y máximo accionista, Florentino Pérez (76 años).
Abogado del Estado de la promoción de 1975 (la misma de los ex ministros Eduardo Serra y Miguel Arias Cañete), Del Valle, 'Chitín', para los amigos, es secretario y consejero ejecutivo de ACS y lleva vinculado al grupo desde 1989. Como el presidente del Real Madrid, tiene un pasado en política, como ex diputado de UCD y ex subsecretario en el ministerio de Administración Territorial. Durante muchos años, fue el único abogado del Estado en el consejo de ACS.
Pero eso cambió en mayo de 2015, cuando la constructora fichó de una tacada a Antonio Botella y a Catalina Miñarro, ambos pertenecientes a ese cuerpo. Procedían, respectivamente, del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde en los últimos años ACS se ha jugado sumas multimillonarias, tanto por el 'caso Castor' como en otros litigios como el rescate de las autopistas en quiebra o las sanciones que ha impuesto a la constructora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Botella, actualmente jubilado, y de la misma promoción que Del Valle, tuvo como último destino la Abogacía del Estado del Tribunal Supremo, que incluso llegó a compatibilizar durante un tiempo con su sillón en ACS. Y Miñarro, en excedencia, venía de la Audiencia Nacional, donde también se mantuvo en activo tras incorporarse en 2013 a la aseguradora Mapfre, de la que sigue siendo consejera y es vicepresidenta segunda. Ambos van a renovar su mandato también en esta junta.
Los dos ficharon por ACS meses después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobase a toda prisa la indemnización de 1.350 millones a la constructora por el cierre del fallido almacén de gas Castor, mediante un Real Decreto-Ley declarado inconstitucional en 2017. Esa decisión no tuvo efectos prácticos para el grupo, que se garantizó esa multimillonaria compensación, cargada al recibo de los consumidores de gas (con intereses) y adelantada por los bancos. Como es conocido, al final, pagó el contribuyente: al anularse el decreto, los pagos a las entidades (Santander y Caixabank) se paralizaron, estas demandaron al Estado, el Supremo les dio la razón en 2020 y el Estado tuvo que acabar endeudándose para resarcir a las entidades.
En los últimos años, la proporción de abogados del Estado en el consejo de ACS ha crecido exponencialmente, de forma inversamente proporcional al peso de España en su cifra de negocios, que el año pasado cayó por primera vez por debajo del 10%. En concreto, en 2022, la multinacional de construcción, concesiones y servicios, con cerca de 129.000 empleados, facturó más de 33.000 millones, de los que el 56% provino de Estados Unidos, el 19% de Australia, y solo el 9% de España.
Pese a ese marcado y creciente perfil internacional, ACS sigue sin incorporar a ningún consejero extranjero a su máximo órgano de gestión, en contra de la tendencia generalizada en el Ibex. Y ha optado por pescar en ese cuerpo de élite de altos funcionarios. El último fichaje hasta ahora llegó el año pasado, con la incorporación de María José García Beato, en excedencia desde 2005 y actual consejera de Banco Sabadell, cuyos servicios jurídicos dirigió durante años. Con ella, el número de abogados del Estado en el consejo de ACS se elevó a cuatro.
Y en breve serán seis, en un momento en el que la CNMC quiere aplicar de forma directa el veto como contratistas de la Administración a las empresas que monten cárteles, un asunto en el que la constructora de Florentino Pérez se convirtió en líder destacado en España hace tiempo.
La última multa que le impuso Competencia se notificó en julio de 2022, con una sanción de 57,1 millones a su filial Dragados por manipular durante décadas licitaciones junto a todas las grandes constructoras. Entre otras, Ferrovial, que ha anunciado recientemente una polémica mudanza a Países Bajos.
En sus últimas cuentas anuales, ACS señala que “en opinión de Dragados y de sus asesores externos se considera que la actuación sancionada no es ilícita y no restringió la competencia además de considerarse la multa desproporcionada y carente de justificación”. Y estima “remota la posibilidad de que la resolución final de este asunto pueda tener un efecto significativo contra la sociedad”.