Igüeña es una localidad leonesa de la comarca de El Bierzo. Según el INE, el padrón tiene registrado algo más de 1.100 habitantes, tras perder 800 durante la última década. A 43 kilómetros de la capital comarcal, Ponferrada, este pequeño municipio ha visto echar el cierre a su última sucursal bancaria durante la pandemia. Lejos de allí se encuentra El Guijo, en Córdoba, donde sus casi 350 habitantes tampoco tienen ya un banco en la localidad. O La Llosa, en Castellón, con un millar de vecinos que deberán viajar a otro pueblo para ir a su banco. Son solo tres casos de los más de 230 pueblos españoles que han perdido su última oficina entre 2020 y 2021, coincidiendo con la pandemia.
Es el mapa de damnificados que deja el drástico plan de recorte de gastos que ha emprendido el conjunto de la banca española durante los últimos años, y que se ha intensificado desde que arrancara la crisis sanitaria. Los problemas de rentabilidad del sector se han intentado compensar con recortes que han afectado, fundamentalmente, a las plantillas y las redes de oficinas. Aunque los cierres han estado centrados en grandes municipios, las zonas rurales no se han librado, agravando los graves problemas que tienen ya comunidades como Castilla y León.
El Banco de España actualiza cada tres meses el listado de oficinas bancarias abiertas en España por cada municipio y demuestra cómo ha ido creciendo el número de localidades que ya no tienen este servicio. Los datos más actuales de este registro son del 31 de diciembre de 2021. Teniendo en cuenta el conjunto del año pasado y del anterior, marcados fundamentalmente por la pandemia y por los fuertes ERE que han ido aprobando la práctica totalidad de las grandes compañías, son 232 municipios españoles los que han pasado a engrosar la lista de localidades sin sucursal bancaria. El INE estima que en España hay más de 8.100 municipios, mientras que el Banco de España únicamente tenía identificadas 3.648 poblaciones con al menos una oficina de banco tras los cierres ocurridos en los dos últimos años, especialmente en un 2021 muy intenso en recortes de gastos por parte de la banca.
Esta base de datos permite identificar cuáles son las poblaciones que, desde que empezó la pandemia, han visto perder su última sucursal. Pese a que se trata de un fenómeno generalizado en toda España, se ha cebado especialmente con algunas de las zonas conocidas como la España vaciada, que arrastraban problemas previos de falta de servicios bancarios tras una última década de abandono del medio rural por parte de los grandes bancos tras la desaparición de las antiguas cajas de ahorros. Únicamente, hay dos comunidades que han esquivado durante estos dos años de crisis sanitaria y de recortes en la banca el aumento de municipios sin sucursal. Es el caso de la Región de Murcia y de la Comunidad Foral de Navarra, además de las ciudades autónomas. El resto han registrado este fenómeno, aunque en algunos casos haya sido testimonial, como ocurre con Canarias, Baleares o Madrid, donde solo un municipio se ha quedado sin sucursal, según las estadísticas del Banco de España.
En el lado opuesto se sitúa Castilla y León. La comunidad ha visto cómo durante la pandemia 79 municipios han perdido su última oficina bancaria, obligando a sus habitantes a tener que desplazarse a otras localidades para hacer sus gestiones con el banco. En algunos casos, suponen importantes recorridos hasta la sucursal más cercana. La Rioja es la otra región más afectada por estos cierres, al haber perdido 25 de sus municipios la presencia de entidades bancarias. Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragón o Andalucía son las otras comunidades donde han desaparecido más de 20 localidades de la base de datos que elabora el Banco de España.
La citada base de datos permite conocer cuál era el banco que tenía la última sucursal en los 232 municipios que han perdido sus oficinas. Las entidades afectadas por grandes ERE son las que encabezan el listado, pese a que en algunos de los casos se prometió que no se saldría de entornos rurales donde fuese la última entidad. Así, Unicaja, tras su fusión con Liberbank, se encuentra a la cabeza con el cierre de la última sucursal en 56 municipios. Esta desaparición se ha producido principalmente en Castilla y León, donde Unicaja contaba con una presencia reseñable como heredera de Caja España Duero. Ibercaja, que también emprendió un ERE en 2021, ha dejado a medio centenar de pueblos sin su última oficina, la mitad de ellos en La Rioja. CaixaBank, tras su ajuste al absorber a Bankia, ocupa el tercer puesto con 37 municipios. Estos tres grupos bancarios acaparan más de la mitad de las localidades afectadas. No es de extrañar que encabecen la lista entidades que son herederas de las antiguas cajas de ahorros, mucho más enraizadas en el territorio, que en los bancos tradicionales, con una presencia eminentemente urbana.
En el listado hay cinco casos en los que, a falta de una, cerraron dos entidades distintas sus últimas sucursales. Es el ejemplo de Ahillones (Badajoz), El Fondó de les Neus y Beneixema (Alicante), Fuente de Piedra (Málaga) y San Esteban de la Sierra (Salamanca). Pero, pese a la importancia que tiene para esos 232 municipios que en apenas dos años se han quedado sin bancos, sus cierres son solo una pequeña muestra de todos los que ha emprendido la banca en 2020 y 2021, especialmente este último. Según las estadísticas del Banco de España, han desaparecido 4.836 sucursales bancarias. A cierre del año pasado había algo más de 19.000 oficinas abiertas, una cifra que seguirá a la baja al menos en los primeros meses del año ante los efectos todavía de los ERE del año pasado. Hay que viajar hasta junio de 1976, cuando Carlos Arias Navarro todavía era presidente del Gobierno, para alcanzar un dato tan bajo.
Esta oleada de cierres han afectado fundamentalmente a la población de mayor edad, a la que tiene menos aptitudes digitales y a quienes viven en entornos rurales, complicándoles el acceso a la atención bancaria. En España existen menos de dos sucursales bancarias —1,7— por cada 1.000 habitantes que superan los 60 años y que, en un alto porcentaje, tienen más dificultades con las aplicaciones o los servicios digitales de los bancos. En 2008, antes de la crisis financiera, la cifra era mucho mayor, de 4,7 oficinas por cada 1.000 mayores, lo que da muestra de la creciente desatención que sufre este colectivo. Eso sí, con grandes diferencias por provincias. En algunos casos, los territorios que más municipios han perdido su última sucursal con la pandemia son aquellos con menor atención a personas mayores.
Esto llevó a un jubilado valenciano a emprender una campaña para poner sobre la mesa del debate público este problema. La campaña, que llegó a los despachos del Ministerio de Asuntos Económicos, impulsó al Gobierno a obligar a la banca a presentar un compromiso para la mejora de la atención a estos colectivos. Este hecho se saldó con un decálogo de compromisos genéricos por parte de las patronales bancarias del país (AEB, Ceca y Unacc).
El propio Ministerio pretende que estos compromisos estén contemplados también por ley. Es por ello que, en el reciente anteproyecto de ley para la creación de la nueva autoridad de defensa del consumidor financiero, se han incorporado cláusulas adicionales que obligan a los bancos a la atención personalizada. El texto apunta que “las entidades de crédito asegurarán a su clientela la disponibilidad de canales presenciales, ya sea permanentes o intermitentes, o telefónicos o telemáticos para la prestación de servicios bancarios, atendiendo al principio de prestación personalizada”. La futura norma explica que esta atención personalizada se entiende como aquella que tiene en cuenta “la edad de la persona a la que está prestando o va a prestar servicios bancarios, las características de la zona geográfica en la que reside la persona en términos de población y el nivel de competencias digitales de dicha persona, entre otras cuestiones”.
Además, la futura ley, que debe volver todavía al Consejo de Ministros antes de ser enviada al Congreso de los Diputados, incorpora nuevas obligaciones para el Banco de España en el control de la atención que prestan las oficinas bancarias, especialmente en zonas rurales. Tendrá que elaborar informes periódicos sobre la inclusión financiera. Para ello, los bancos estarán obligados a trasladarles datos como qué canales de venta se utilizan fuera de la oficina bancaria y qué cobertura territorial tienen; dónde se encuentran sus cajeros especificando cada municipio; las características de cada una de sus oficinas y los servicios que prestan, así como sus horarios; la frecuencia de retirada de efectivo según la edad y el territorio; o la distribución territorial y por edad de sus clientes.