Casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales del bono social eléctrico no disfruta de estos descuentos en el recibo de la luz, según advierte un estudio de EsadeEcPol publicado este jueves que mide “por primera vez” las tasas de cobertura del bono social. El informe subraya que “una buena parte de los que sí se benefician del bono social no son familias vulnerables: entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono”.
La investigación avisa de “problemas de diseño que limitan que la política tenga el alcance deseado”, que se explican porque los descuentos los tiene que pedir el usuario. Los autores, Natalia Collado Van-Baumberghen y Ángel Martínez Jorge, estiman que la tasa de cobertura del bono era en 2022 (último año analizado, y el del inicio de la crisis energética por la invasión rusa de Ucrania) del 24,5% de los hogares, lo que supuso un ligero incremento respecto al 23,2% de 2021 y el 22,6% de 2020.
Pero esa tasa es “especialmente alta” para las familias numerosas (45,5%), único colectivo que lo recibe independientemente de cuál es su renta. En este caso, lo tienen más del 60% de los hogares de ingreso-medio alto. Sin embargo, el 60% de las familias numerosas de ingresos bajos se queda fuera y no tiene el bono.
La tasa de cobertura del bono social es de apenas el 20% para los hogares de renta baja. “Y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima”, advierte el estudio, que se basa en un análisis estadístico multifactorial de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Su conclusión es que, aunque 2 de cada 3 beneficiarios son hogares de renta baja, un tercio del total no lo es.
Para paliar esta situación, el informe recomienda “reducir en la medida de lo posible barreras de entrada” para que el bono lo reciba quien realmente lo necesita. ¿Cómo? desplazando “la responsabilidad hacia las Administraciones, que podrían coordinarse con las comercializadoras para identificar qué hogares son susceptibles de recibir el bono con base en los datos de Hacienda (para renta), Seguridad Social (para condiciones de pensión mínima) y otros organismos que disponen de la información necesaria”.
Un “ejemplo claro” de esto sería el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dado que “sobre el papel la recepción del IMV hace al hogar automáticamente beneficiario potencial del Bono”. “Lo óptimo sería que la Administración aprovechara esta información para agilizar las concesiones del Bono, alineando y armonizando más aún ambas concesiones”. La “automatización” de estos descuentos ya la planteó en 2019 la estrategia del Gobierno contra la pobreza energética, que cubre el periodo 2019-2024. La medida nunca se llevó a cabo, aunque el Gobierno tiene pendiente desde hace años una reforma de estos descuentos.
El estudio recuerda que, en un contexto marcado por la subida de precios energéticos, en 2023 el 20% de los hogares no pudo mantener una temperatura adecuada en su hogar, la cifra más alta de la UE junto a Portugal, y en uno de cada diez hubo retraso en el pago de facturas. La cantidad de hogares que consumen menos energía de la necesaria por no disponer de recursos económicos para afrontar el gasto se ha duplicado entre 2020 y 2022.
Este miércoles, un informe de la Comisión advertía, con datos de 2023, de que España duplica la pobreza energética de la UE: el 20,8% de los hogares no pueden mantenerse clientes en invierno, el mismo dato que en Porugal y por delante de Bulgaria (20,7%) o Lituania (20%). La media europea es del 10,6% y en Luxemburgo solo tiene ese problema el 2,1% de la población.
Para mejorar el diseño del bono social, los autores del estudio aconsejan “reconsiderar la definición de criterios, introduciendo un máximo de renta para las familias numerosas”. Esta propuesta la ha dejado caer en el pasado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, pero no ha llegado a implantarse. La última vez que lo hizo fue en 2023, cuando trascendió el caso del entonces vicepresidente madrileño y hoy presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio.
El informe apuesta por “considerar en el largo plazo el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas (como impuestos negativos sobre la renta) que permitan abordar las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”.
Advierten de que “a día de hoy, el acceso a instrumentos y equipamiento para mejorar la eficiencia energética de los hogares, así como a la información necesaria para gestionar la instalación no es equitativo en España”. Para responder al reto de la pobreza energética y a los objetivos de descarbonización, reclaman estrategias mas activas de las administraciones para “salir a buscar” a hogares vulnerables que podrían beneficiarse especialmente de mejoras de eficiencia, en materia de rehabilitación, aislamiento, o instalación de renovables. Y piden focalizar los recursos disponibles para que se beneficien de ellos los hogares de renta más baja, “que son los que precisamente condicionarán más probablemente la eventual inversion en eficiencia a disponer de ayudas, pues sin ellas no podrán acometerla”.
Los autores advierten de que “la brecha de cobertura entre hogares monomarentales y con ambos progenitores se ha abierto en estos años”: si en 2020 había 3,5 puntos de diferencia, en 2022 había ya 12 puntos (20% - 32%).
En contraste, en 2022 la cobertura de hogares con todos los miembros nacidos en España duplicaba a la de hogares con alguna persona nacida en el extranjero (27% vs 13%). Para los hogares con vivienda en alquiler, la brecha se ha mantenido en 8-10 puntos durante estos tres años (19% de cobertura en 2022 frente al 27% para los hogares en propiedad).