Derogación “íntegra” de la reforma laboral o de los aspectos “más lesivos”: las diferencias de PSOE y Unidas Podemos

La reforma laboral de 2012 vuelve a primera línea política y es motivo, de nuevo, de diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. Los dos partidos del Gobierno suscribieron este miércoles un acuerdo con EH Bildu con el compromiso de tumbar “de manera íntegra” la legislación laboral del PP “antes de la finalización de las medidas extraordinarias” para hacer frente a la crisis por la COVID-19. A cambio, el partido vasco apoyaba a la prórroga del estado de alarma. La mención a la integridad de la derogación ha derivado en tensiones entre las dos formaciones del Ejecutivo: los socialistas dieron anoche un paso atrás y ciñen el compromiso solo a algunos elementos de la norma, mientras que Pablo Iglesias se remite al texto firmado, es decir, a la derogación total.

¿Qué diferencias existen entre ambas posturas? Bastantes. La reforma laboral del PP de febrero de 2012 reguló muchas materias, como la supremacía del convenio de empresa sobre el sectorial y el fin a la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos (su prórroga una vez caduca su vigencia sin acuerdo para uno nuevo), pero también abarató las indemnizaciones por despido, eliminó la autorización administrativa de la autoridad laboral en despidos colectivos y abrió la mano a la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, entre muchas otras cuestiones.

En primer lugar, hay que recordar qué firmaron PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu en la tarde del miércoles. “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19”, recoge el escrito.

El compromiso fija un límite temporal para esa derogación “íntegra”, la finalización de las medidas económicas y laborales derivadas de la pandemia del coronavirus. Se trata de un plazo poco concreto y que puede dar lugar a interpretaciones que alarguen este límite. Por ejemplo, ¿se trata de las medidas ya adoptadas por el Gobierno o aquellas que se puedan tomar para hacer frente a esta crisis? En el primer caso, las políticas ya aprobadas, como los ERTE por la COVID-19, están en vías de negociación para ver hasta cuándo se mantienen para apoyar a los sectores más afectados por la emergencia.

La rectificación del PSOE: reforma parcial urgente

Tras la firma de este documento, el PSOE envió a los medios de comunicación una aclaración a última hora de la noche del miércoles, en la que los socialistas apuntaban: “Se anula el punto primero de dicho acuerdo”. Es el que recogía el compromiso de la derogación íntegra de la reforma laboral.

El PSOE afirmaba que el acuerdo quedaba “de la siguiente manera” y copiaba literalmente parte del acuerdo de Gobierno firmado el pasado diciembre por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar el Ejecutivo de coalición. Los socialistas se remitían solo a la derogación “urgente” de varios aspectos que se plasmó en el programa de Gobierno. En concreto, tres: la derogación la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, de la ultraactividad (“las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo”) y de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

En realidad, el Gobierno ya derogó el despido por bajas médicas en febrero, que no creó la reforma laboral de 2012, pero sí lo facilitó. Por lo tanto, los socialistas solo incorporan al compromiso con Bildu dos elementos: devolver la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa y ampliar la ultraactividad de los convenios colectivos.

Ambas cuestiones estuvieron en la mesa de negociación del pasado Gobierno en solitario del PSOE con los agentes sociales, cuando la entonces ministra de Trabajo Magdalena Valerio negoció la eliminación de los elementos “más lesivos” de la reforma laboral del PP. Finalmente, el Ejecutivo renunció a aprobar estos cambios ante el adelanto electoral acordado.

Unidas Podemos apuesta por la derogación “íntegra”

Y aquí llegan las diferencias en el seno del Gobierno. Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Ejecutivo, ha defendido este jueves el texto firmado ayer con EH Bildu y, por tanto, la derogación íntegra de la reforma laboral frente a la rectificación de los socialistas. “En el pacto que se firma ayer entre los máximos responsables de los tres partidos –PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu– ese es el acuerdo. Después cada partido podrá decir lo que quiera”, ha afirmado Iglesias. “Lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado”, ha insistido el vicepresidente.

Así, el líder de Unidas Podemos apuesta por la derogación íntegra y, además, acelerada, ya que el límite es el fin de las medidas excepcionales por la COVID-19. Derogar por completo la reforma laboral de 2012 supondría anular multitud de medidas, muchísimas más de las dos mencionadas por el PSOE.

Entre ellas, una de las que acaparó más atención en su momento, febrero de 2012 fue la rebaja de las indemnizaciones por despido improcedente, que se redujeron de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42. El Gobierno de Mariano Rajoy amplió además las causas de despido objetivo, que tiene una indemnización de 20 días por año trabajado, al que se podían acoger las empresas que encadenaran solo tres trimestres consecutivos de caída de ingresos o ventas.

El Ejecutivo del PP también eliminó la autorización administrativa previa en los despidos colectivos (ERE), el derecho del trabajador al cobro de los salarios de tramitación en caso de despido improcedente cuando la empresa opta por el pago de la indemnización, facilitó los descuelgues de las empresas de condiciones laborales pactadas en convenio y la modificación unilateral de condiciones por parte de los empresarios, así como permitió las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, entre otras muchas medidas.

La postura del Gobierno de coalición hasta ahora

Las tensiones entre PSOE y Unidas Podemos por la derogación de la reforma laboral no son nuevas. Pablo Iglesias ha insistido este jueves en que el pacto de Gobierno firmado en diciembre no habla de una “derogación parcial”. Es cierto, no lo hace, pero tampoco menciona una derogación “íntegra”.

El documento apunta: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”.

A continuación, recoge el compromiso de derogar tres elementos de manera “urgente” (despido por bajas médicas, supremacía del convenio de empresa y límites a la ultraactividad), seguidos de otras tres medidas específicas en materia laboral: la modificación de la subcontratación a efectos de limitarla “a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, la restricción de la capacidad del empresario de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y la revisión del “mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.

Con base a este acuerdo programático, por parte del PSOE reiteran su compromiso de derogar la reforma laboral del PP, pero se suelen referir a ella ciñéndose a los “elementos más lesivos”. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Caliviño, de la cuota de ministros de los socialistas, es una de las que más insiste en esa línea. Apuesta por tocar elementos puntuales de la norma y centrarse en un “nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI”.

En Unidas Podemos se apoyan en el mismo pacto para defender la derogación de toda la reforma laboral, aunque no de golpe. La propia ministra de Trabajo, de la formación morada, ha sostenido en muchas ocasiones que no se puede tumbar la reforma de 2012 de un plumazo, sino en varias fases: una primera, con la derogación urgente de las cuestiones que figuraban en el acuerdo programático y a la que dio el pistoletazo de salida la eliminación del despido por bajas médicas; una segunda fase, con la modificación de otras materias que requerían algo más de tiempo, pero que también consideraban prioritarias, entre las que Yolanda Díaz mencionó en alguna ocasión la causalidad de los despidos; y otra fase de largo recorrido en la que se llevara a cabo una revisión en profundidad de la legislación laboral, con un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Al final de este proceso, que se planteaba como reto de legislatura, la ministra Yolanda Díaz admitía que no se podía derogar completamente y aseguraba que se dejaría atrás lo esencial de la reforma laboral del PP de 2012. No obstante, este proceso es diferente al compromiso alcanzado con Bildu. Como poco, en lo referido a los tiempos, ya que la derogación se acelera mucho en el tiempo. eldiario.es ha consultado al Ministerio de Trabajo sobre el acuerdo firmado con la formación vasca, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.