Florencio Lasaga permitió que El Corte Inglés contratara a las empresas de la familia del director de Seguridad de los centros comerciales

El presidente de la Fundación Ramón Areces y consejero de El Corte Inglés, Florencio Lasaga, permitió que las empresas de la familia del director de Seguridad de la compañía, el expolicía Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo, cerraran contratos millonarios con la empresa de centros comerciales. eldiario.es ha tenido acceso al informe del departamento de Cumplimiento Normativo de El Corte Inglés y a una carta del responsable de esta división, Juan Ignacio Lamata Cotanda, en la que se constata que Lasaga estaba al tanto de las contrataciones millonarias.

Juan Carlos Fernández-Cernuda confirmó a eldiario.es el pasado martes que “es cierto que se ha contratado a empresas vinculadas a familiares” pero negó que exista un conflicto de intereses “ni irregularidad alguna” ya que “contaba con la autorización del anterior presidente, Isidoro Álvarez”, –que falleció en 2014– “y de un director general”, del que prefirió no detallar su nombre. Ese directivo es Florencio Lasaga. El Corte Inglés no quiso hacer declaraciones sobre este asunto.

La posición de Lasaga en El Corte Inglés es determinante. No solo es miembro del consejo de administración, el directivo también preside la fundación que controla el 37% de las acciones de la compañía de centros comerciales y se ha convertido en una pieza fundamental en la guerra entre familias por el poder en la empresa de distribución.

Fuentes de El Corte Inglés aseguran que Lasaga se ha posicionado junto a las hermanas herederas, Marta y Cristina Álvarez Guil, para derribar a Dimas Gimeno como presidente de la compañía. De hecho, el peso accionarial de la Fundación fue fundamental para retirar el carácter ejecutivo de la presidencia de Gimeno. Las mismas fuentes apuntan a que Lasaga aspira al puesto de presidente para cerrar su carrera en una compañía en la que entró en 1959.

El informe del departamento de Cumplimiento Normativo fue consecuencia de la llegada de un anónimo en octubre de 2017 hasta las oficinas de los máximos responsables de El Corte Inglés: entre otros, a su presidente, Dimas Gimeno, a Lasaga, y al consejero Manuel Pizarro.

En la carta apócrifa se señalaba que el director de Seguridad de El Corte Inglés había contratado durante años a las empresas Mega-2 Seguridad y Mega-2 Sistemas Integrados. Ambas compañías pertenecen en un 51% a la madre del director de Seguridad de El Corte Inglés y en un 49% a Domingo Martorell, un excomisario que consiguió colocar a Fernández-Cernuda en la compañía de distribución hace 28 años. Además se hace mención a Interlabora, otro proveedor de los grandes almacenes, donde el hermano del directivo de El Corte Ingles era director general y apoderado.

Tensión en el consejo

Fuentes de El Corte Inglés aseguran que la llegada del anónimo provocó una fuerte tensión en el consejo de administración de la empresa ante la negativa de las hermanas y una serie de consejeros a que se hiciera una investigación. Finalmente, el consejo aprobó que el departamento de Cumplimiento Normativo hiciera una serie de averiguaciones para aclarar si había un conflicto de intereses.

El informe firmado por el responsable de Cumplimiento Normativo, Juan Ignacio Lamata Cotanda, tiene fecha del 15 de diciembre de 2017. En la nota, primero se trata de rebajar el contenido de las acusaciones apuntando que el Canal Ético de la compañía solo atiende a las denuncias con remitente identificado, que tengan relación con el cumplimiento del Código Ético y “ofrezca apariencia de realidad”.

Por estos motivos, según el departamento de Cumplimiento no era necesario investigar las acusaciones que se habían recibido. Sin embargo -escenificando la división que viven el consejo de administración de El Corte Inglés- el departamento accede a remitir un cuestionario a Fernández-Cernuda “para garantizar su derecho a la defensa” y otro a Catalina Polán, sucesora en la dirección de Seguridad una vez que el expolicía había pasado en abril de 2017 a ser el responsable de Protección de Datos.

Además de certificar que la contratación de servicios de seguridad se hacía con “criterios de análisis de ofertas, evaluación de servicios, garantía en términos de calidad y mantenimiento de precios uniformes”, el informe apunta que “si bien el señor Fernández-Cernuda reconoce que familiares directos en primero o segundo grado han tenido o tienen cargos administrativos o representativos o participación accionarial en las empresas CC Interlaboral S.L. y Mega-2 Servicios Integrales S.L. han sido conocedores de estas circunstancias tanto el anterior Presidente, D. Isidoro Álvarez, como el Consejero D. Florencio Lasaga”.

El conocimiento de las operaciones por parte de Álvarez y Lasaga es la justificación para que el veredicto de Cumplimiento Normativo sea que de las acusaciones del anónimo “no resulta trascendente como incumplimiento de la buena contractual”. Para apoyar la decisión también se apunta que “no consta que existiera prohibición previa de contratación” de empresas de familiares de directivos de El Corte Inglés.

Además, en la auditoría interna se señala que el Código Ético de la compañía “establece la obligación a todos los empleados de evitar actividades que puedan dar lugar al beneficio personal, colisión o conflicto de intereses personales o familiares con los del Grupo de El Corte Inglés, estableciendo la necesidad de comunicación de la circunstancia a la Empresa a través del responsable superior, que en este caso se había cumplido”.

“No existe una norma definida para la contratación”

De la peculiar forma en la que se llevaban los negocios en la compañía, sorprende que en el informe se admita que en una firma del tamaño de El Corte Inglés “no existe una norma o política definida para la contratación de servicios en la Empresa”.

Con este informe, el departamento de Cumplimiento Normativo dio por cerrado el asunto. Ante las peticiones de Gimeno de que se sigan investigando las contrataciones del departamento de Seguridad, Lamata responde con una misiva el 4 de enero de 2018, en la que apunta que se ha hecho “una análisis básico de la circunstancia puesta de manifiesto por el anónimo” para terminar concluyendo que en el “aspecto del conocimiento y autorización por la Dirección, además de por el responsable del área, se constató con el Consejero señor Lasaga”.

El responsable de Cumplimiento Normativo continúa la carta subrayando que “no existe una norma o instrucción interna que regule la contratación de servicios y, en su caso, establezca las formalidades o cautelas en supuestos en que puedan existir este tipo de relaciones o intereses personales o familiares, recomendándose su implantación”. Finalmente, concluye que “un estudio exhaustivo de las contrataciones” dela dirección de Seguridad “supera mucho la intervención que corresponde a la función de Cumplimiento”. Caso cerrado.

Segundo anónimo

En febrero de 2018 llegó a la presidencia y a varios miembros del consejo de administración de El Corte Inglés un segundo anónimo. En esta segunda denuncia sin firma se acusa a Fernández-Cernuda y Domingo Martorell de logran una fortuna con las empresas Mega-2 Seguridad y Mega-2 Servicios Integrados mediante contratos exclusivos, precios hinchados, implantación de sistemas con sobrecostes del 300%, pagos de pluses y la asunción de El Corte Inglés de costes laborales de las empresas de seguridad.

El segundo anónimo volvió a remover las ya tensas relaciones en el consejo de la compañía de grandes almacenes. Pero la profusión de detalles y cifras acusatorias doblegó a los consejeros renuentes a una investigación y se ha contratado a la auditora E&Y para que realice una investigación sobre las supuestas irregularidades denunciadas.

Un directivo de El Corte Inglés, que prefiere no dar su nombre, pone en duda la eficacia de la auditoria externa de E&Y, argumentado que no es una firma especializada en “forensic”, de manera que no cuenta con herramientas específicas para la investigación y prevención de todo tipo de fraudes y corrupción.