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El Gobierno defiende la “importante función en los mercados” de las socimis

Salida a Bolsa de Témpore, la socimi de Sareb

Marina Estévez Torreblanca

Pocos tipos de empresas generan tanta controversia en España por su escasa aportación a las arcas públicas y por los supuestos efectos nocivos en el mercado que provoca su actividad. Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) están, según algunos grupos políticos y sindicatos de inquilinos, en el epicentro de las subidas desmedidas del precio de los alquileres. Su ventajosa tributación es análoga a la de las sicavs, las Sociedades de Inversión de Capital Variable, acusadas de servir para ocultar rentas y ser opacas al fisco.

Los aspectos fiscales de ambos vehículos de inversión van a ser ligeramente modificados en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Pero nada hace prever un terremoto financiero. De hecho, el Gobierno ha concluido recientemente que las socimis “contribuyen a la financiación del sector inmobiliario y cumplen una importante función en los mercados de valores”. Lo hace en una respuesta parlamentaria a la diputada de PDeCAT Lourdes Ciuró, que preguntó sobre la “posibilidad existente de incorporar modificaciones en la regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, para dinamizar el mercado de la vivienda de alquiler y aliviar la falta de vivienda social de alquiler”.

De la respuesta, registrada el pasado 2 de octubre en el Congreso de los Diputados, no se desprenden las modificaciones legislativas que prepara el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que, de momento, se han pactado con Unidos Podemos. En concreto, se van a gravar con un 15% en el Impuesto de Sociedades sus beneficios no distribuidos. Sin embargo, los analistas financieros consideran que el impacto va a ser más bien reducido. Dado que la única obligación de las socimis a este respecto es la de repartir al menos un 80% beneficios en dividendos, bastará con que repartan el 100% de los mismos para no tener que pagar ningún impuesto por este concepto.

En lo que se refiere a las sicavs, estas sociedades van a mantener su actual estructura y regulación, con unas ventajas fiscales que permiten abonar un 1% en Sociedades. Sin embargo, la Agencia Tributaria asumirá un papel más importante en el control del cumplimiento de las exigencias para que estas sociedades de inversión colectiva puedan aplicarse ese tipo bajo en el impuesto.

En concreto, la Agencia Tributaria desarrollará medidas para acotar el poder de un solo accionista en una sociedad. Se limitará el porcentaje que suponga un único patrimonio en la sociedad. La normativa obliga a un mínimo de 100 accionistas, pero en ocasiones se ha utilizado por un único accionista que controlaba la práctica totalidad de la sociedad, estando una porción menor entre decenas de accionistas conocidos como mariachis con nulo poder en la gestión.

Motivos para ser importantes

Para justificar porqué considera “importante” la función de las socimis, el Gobierno cita motivos como que ofrecen a los inversores una mayor posibilidad de diversificar sus carteras e invertir en “una variedad de activos inmobiliarios con distintos instrumentos. También señala el Ejecutivo que las socimis permiten vender las acciones cuando se necesite y que dan ”acceso a los inversores de una gestión profesional de los activos inmobiliarios“.

Asimismo, hacen énfasis en que son en la actualidad el segmento más importante del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) “lo cual puede generar un efecto arrastre y fomentar la inversión a su vez en otras empresas no inmobiliarias que coticen en el MAB”.

Efectivamente, desde 2013 las socimis se han multiplicado en España, hasta llegar, actualmente, a las 66. Ese año, un cambio legal propició una exención total del impuesto de Sociedades respecto a las rentas que obtienen del alquiler de inmuebles (son los accionistas los que tributan por los dividendos que obtienen). Una de cada tres socimis españolas está controlada desde Luxemburgo. El pasado julio, cuatro socimis acumulaban 20.000 viviendas para el alquiler. Desde septiembre todas ellas pasaron a estar controladas por el fondo buitre Blackstone, convertido en uno de los mayores caseros de España tras adquirir Testa Residencial. Los estadounidenses, dedicados a comprar activos a precio de derribo y obtener un rápido retorno en su inversión, suman más del 80% de los activos de este tipo que cotizan en el MAB.

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