El Gobierno retrasa a esta semana la entrada en vigor del decreto de Vivienda
El Gobierno prevé retrasar al miércoles la entrada en vigor del decreto sobre vivienda que aumenta desde tres hasta cinco o siete años y que fue aprobado el viernes por el Gobierno. Normalmente la publicación se produce el sábado, al día siguiente del consejo de ministros, aunque en algunas ocasiones se retrasa. En estos momentos, según fuentes del Ministerio de Fomento, la intención es publicarlo mañana martes en el BOE, con lo que entrará en vigor al día siguiente. Por lo tanto, afectará a los contratos que se firmen partir del miércoles. En el plazo de un mes el Congreso deberá convalidarlo o derogarlo, pero en todo caso los contratos que se firmen durante este tiempo estarán afectados por la norma.
Se da la circunstancia de que el socio presupuestario del Gobierno, Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, ha amenazado con votar en contra del decreto, pues aunque contiene medidas que consideran positivas, como el aumento del tiempo de los contratos o la limitación en las fianzas, ha quedado fuera un elemento que consideran fundamental: facultar a los ayuntamientos a elaborar índices de precios. Esta circunstancia podría dificultar su necesaria convalidación en el Congreso en el plazo de treinta días.
Los índices de precios son un indicador oficial de precios de mercado. Una vez se obtienen (en este caso se estudia hacerlo a través de las fianzas depositadas en las comunidades autónomas) pueden quedar como mera información para propietarios e inquilinos o bien utilizarse para tratar de frenar las subidas desmedidas de precios, como se ha hecho en ciudades como Berlín o París, impidiendo que las renovaciones de contrato se eleven por encima de ciertos porcentajes. Otra opción es la de bonificar fiscalmente a quienes alquilen por debajo de los precios de referencia. Unidos Podemos y los sindicatos de inquilinos se decantan por la primera opción, no por la de las deducciones.
Alquileres más largos
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el real decreto por el que los contratos de alquiler volverán a tener una duración de cinco años, siete en el caso de las personas jurídicas. La prórroga tácita pasa de uno a tres años, tal y como consta en el acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y Unidos Podemos. Además, en este paquete de medidas urgentes se establece un máximo de dos mensualidades para la garantía adicional al mes de fianza.
Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (una sociedad o empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario.
Para ello, se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), a la que se achaca en parte la subida desmedida del precio de los alquileres desde que se aprobó en 2013 (ha subido un 18% en toda España desde entonces, un 47,5% en Barcelona y un 38% en Madrid), hasta el punto de que el 65% de los desahucios ya se deben a impagos de renta, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
En este decreto, elaborado por el departamento que dirige José Luis Ábalos, el Gobierno realizará además cambios en los procedimientos de desahucio por los que se articulará un “proceso especial” para las personas que se encuentren en una “situación vulnerable”. Para ello, el Ejecutivo modificará la Ley de Enjuciamiento Civil y fomentará una mayor coordinación con los servicios sociales en casos de desahucio, de forma que los procesos de lanzamiento ante impagos se paralicen hasta que intervengan dichos servicios sociales.
