El Gobierno y el sector firman un acuerdo del fin del carbón, dotado con 250 millones

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la de Empleo, Magdalena Valerio, han firmado hoy con representantes de UGT, CCOO y USO y de la patronal Carbunión un acuerdo para el desarrollo sostenible de las comarcas mineras hasta 2027, dotado con 250 millones de euros en los cinco primeros años.

El acuerdo, firmado en el Ministerio de Transición Ecológica, prevé prejubilaciones para los trabajadores con más de 48 años y que tengan 25 de cotización en el régimen especial o 20 trabajados, así como bajas incentivadas que variarán en función de la antigüedad, e incrementos en los casos de silicosis de primer grado.

Los trabajadores que no se prejubilen formarán una bolsa de empleo que gestionará el Instituto de Reestructuración de las Comarcas Mineras, con cursos formativos y acceso prioritario a puestos de trabajo relacionados con la restauración ambiental de las minas.

Según los cálculos de ese instituto dependiente de Transición Ecológica, serán beneficiarios de las ayudas sociales unos 600 trabajadores, y el 60 % de los empleados de las empresas mineras podrán optar por la prejubilación.

Junto al fondo de 250 millones en cinco años para el desarrollo comarcal y para iniciativas empresariales, el acuerdo incluye un plan de energías renovables y la posibilidad de que el Gobierno firme contratos con administraciones autonómicas y locales para el acceso a los fondos europeos y a incentivos fiscales.

Ribera ha destacado la contribución social de la minería durante décadas y ha dicho que será imprescindible un seguimiento de los resultados del acuerdo, y ha agregado que el Gobierno consideraba “inaceptable” dejar “a las personas abandonadas” en “un tiempo de cambio profundo” en el sector energético.

Valerio ha resaltado que el acuerdo es una muestra de que “el diálogo social funciona” y ha recordado que, según una decisión del Consejo Europeo de 2010, a partir del 1 de enero de 2019 las empresas mineras que sigan operando tendrán que devolver las ayudas públicas dadas entre 2011 y 2018.

El presidente de Carbunión, Pedro Iglesia, ha explicado que han accedido a firmar el acuerdo pese a que no recogen sus “planteamientos de futuro” y ha indicado que “como empresarios” no aceptan “el fin de un sector que creó riqueza y sigue creando riqueza”.

En representación de UGT, Pedro Luis Hojas ha dicho que el acuerdo se ha conseguido a pesar de que había “muchos agoreros” y ha considerado que el sector “tiene que verse recompensado para no quedar en el olvido”.

Agustín Martín, de CCOO, ha apuntado que el acuerdo “intenta superar una época de incumplimientos de los gobiernos anteriores y de abandono de las empresas de la minería”, y que supone “el comienzo del trabajo por la reindustrialización en las comarcas mineras”.

En nombre de USO, Pedro Ayllón ha señalado que han logrado “el mejor acuerdo posible”, aunque los trabajadores del carbón tenían mayores demandas.

El representante de USO ha lamentado que se hayan quedado fuera del acuerdo los empleados de contratas y subcontratas del sector, aunque han conseguido que se incluyera una mención para su acceso a la bolsa de empleo y formación en las recolocaciones.

En las inmediaciones de la sede ministerial, se han concentrado alrededor de un centenar de manifestantes desplazados desde comarcas mineras de León y Asturias para protestar por el distinto trato que se da en el acuerdo a los trabajadores de empresas auxiliares.