El Gobierno abre un buzón para informar de “malas prácticas” en licitaciones públicas sin permitir el anonimato
La nueva Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada de “promover la concurrencia y combatir las ilegalidades” en las licitaciones públicas, ha creado un buzón para comunicar “patologías o malas prácticas” en este ámbito. No es un canal de denuncia, ya que no permite remitir información de forma anónima. Es necesario identificarse con nombre y apellidos.
El objetivo es que los participantes en cualquier licitación puedan comunicar “patologías, problemas sistémicos y sugerencias en la contratación pública” y cualquier “mal funcionamiento o distorsiones” en una actividad que supone en torno al 15-20% del PIB y en la que la falta de competencia genera unos sobrecostes que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifró hace unos años en 48.000 millones de euros anuales.
El Buzón de la OIReScon está reservado a agentes [personas físicas o jurídicas, representantes legales y órganos de contratación] que hayan participado en un procedimiento de contratación pública y quieran comunicar malas prácticas que puedan “afectar a los principios de publicidad y de concurrencia”, así como plantear “posibles respuestas o soluciones a las dificultades que plantee la aplicación de la legislación” de contratos públicos.
“Las comunicaciones deberán realizarse no aludiendo a un procedimiento en particular sino a una práctica (mala praxis) continuada”, dice la oficina, que recuerda que “no puede realizar una fiscalización o intervención previa de un procedimiento de contratación en tramitación”, ni sustituir las funciones del órgano de contratación, ni “ejercer las funciones atribuidas a los tribunales competentes en la materia”.
Los remitentes deberán enviar sus comunicaciones a una dirección de correo electrónico incluyendo “al menos” su nombre y apellidos, DNI, (en su caso) empresa a la que representan, dirección postal y electrónica y teléfono. Las actuaciones derivadas de las comunicaciones recibidas se incluirán en el informe anual del organismo.
Este buzón no es un canal de denuncia como los que persigue fomentar la nueva directiva europea de protección de denunciantes de corrupción (los llamados whistleblowers) o los sistemas de denuncia anónima de la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y muchas grandes empresas. Las del Ibex recibieron más de 8.000 comunicaciones el año pasado a través de sus buzones éticos. En muchos casos, estos protegen el anonimato.
El experto en contratación pública José Manuel Martínez, vicesecretario general del Ayuntamiento de Valladolid, subraya que en este caso “no se trata de un lugar para denunciar casos concretos de actuaciones irregulares o presuntamente delictivas”, sino de canalizar sugerencias para responder a las dificultades que plantea la aplicación de la legislación en materia de contratación pública, “orientar y proporcionar ayuda en su aplicación, como media de Gobierno Abierto, participación ciudadana y gobernanza en materia de contratación pública”.
“La oficina trata de entablar diálogos con los operadores prácticos de la contratación, tanto empresarios como empleados públicos, para corregir disfunciones generales o irregularidades generales, y a la vista de ellas poder dictar instrucciones vinculantes para corregirlas”, explica Martínez.
La puesta en marcha de este buzón se realiza al amparo del artículo 332 de la nueva Ley de Contratos, que entró en vigor en 2018 y que, en cumplimiento de una directiva europea de 2014, encomendó a la oficina velar por la correcta aplicación de la legislación para “detectar incumplimientos específicos o problemas sistémicos” en la contratación pública y “promover la concurrencia”, entre otras funciones.
Nombramientos a dedo
La Oficina está presidida desde julio del año pasado por María José Santiago, procedente de la Junta de Andalucía y uno de los primeros nombramientos de la ministra María Jesús Montero. Su designación y la de los jefes de división de la entidad se realizó por el procedimiento de libre designación entre funcionarios de alto nivel con amplia experiencia en la materia. Esa amplia discrecionalidad del Gobierno suscitó dudas en amplios sectores sobre la independencia real de la OIReScon.
