El Gobierno insiste en que habrá más recaudación pese al freno de la economía y presume de gasto social en los Presupuestos

Con la difícil tarea de conciliar los gastos con los ingresos cuando todavía hay tributos que no se han aprobado y hay un consenso generalizado de ralentización del crecimiento económico, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este lunes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 en el Congreso. El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca cuadrar el círculo en unas cuentas que “potencian las políticas sociales a la vez que protegen el crecimiento económico y continúan con la reducción del déficit público”. Para 2019, el Gobierno espera que el crecimiento de la economía española se sitúe en el 2,2 por ciento, de nuevo impulsado por la demanda nacional, con un ritmo de creación de empleo próximo al 2 por ciento anual, de manera que la tasa de paro se sitúe en el 14 por ciento, dos décimas más de las previsiones hace un año.

En términos de empleo, la ministra ha repetido la fórmula que utiliza ahora el Gobierno de señalar que entre 2018 y 2109 se crearán 800.000 empleos. Montero ha anunciado que en 2018 hubo 536.000 empleos nuevos por lo que este año se reduciría a unos 275.000. Sin embargo, la ministra ha negado que en ese año vaya a haber una caída del ritmo de creación de empleo y ha mantenido que serán 400.000 los nuevos puestos de trabajo.

Ante las serias dudas que ha desplegado la oposición sobre cómo cuadrar ingresos y gastos, Montero ha subrayado que se trata de “unos presupuestos realistas acordes con la situación económica” que dejan atrás el “recetario de austeridad” del anterior Gobierno. El gasto no financiero del Estado alcanzará los 345.358 millones de euros, esto es, un incremento de 17.000 millones de euros, un 5,3% más. Sin embargo, a la hora de desgranar las cifras avisó de que iba a hacer una lectura diferente a la habitual para centrarse en las repercusiones en las medidas de gasto social, una posición que reflejaba el carácter electoral de unas cuentas públicas en un entorno de incertidumbre política por la debilidad parlamentaria del Gobierno socialista y ante las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo.

La ministra tiró de la desviación media de los presupuestos del Gobierno del PP para justificar que las previsiones de ingresos de sus cuentas públicas son “más fiables”. “La desviación media de los Presupuestos del Gobierno de PP que hizo el señor Montoro es de 5.100 millones de euros, en algunas ocasiones fue de más de 7.000 millones. El año pasado se recaudaron 2.400 millones menos de lo presupuestado. Si excluimos el IVA la subida de la recaudación de impuestos es del 7,3%, nuestra previsión de ingresos es más creíble a la que hicieron los gobiernos anteriores”, ha remarcado.

PIB nominal del 3,8% en 2019

Junto a la argumentación de la ministra, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, también ha defendido la previsión “conservadora y prudente” de ingresos del proyecto de PGE ya que “los agregados nominales tienen un comportamiento distinto, lo que es importante y se traduce en que la previsión del PIB nominal crece un 3,8% en 2019, gracias al repunte de los precios, a lo que hay que sumar un incremento de la demanda interna de 4,1% para este año. Si tenemos en cuenta que la base imponible agregada de las figuras impositivas que se plantean es un 5% la previsión de ingresos es conservadora”.

Por este motivo, la ministra ha destacado que los Presupuestos son “positivos para el conjunto de España, vivan en donde vivan, benefician al conjunto de españoles” para luego puntualizar que Catalunya recibirá un 16,8% de la inversión -a lo que habría que sumar unas partidas pendientes de 200 millones de otros años- con lo que, según la ministra, la partida destinada a esta comunidad llegaría al 18,5% como establece el Estatut catalán frente al 13,3% que obtuvo en las últimas cuentas públicas del Ejecutivo Rajoy. Mientras, en Andalucía pasa del 14,6% al 17,5% y Madrid perderá dos puntos al pasar del 12,3% del total al 10,3%. La ministra no quiso desarrollar el resto del reparto territorial entre las comunidades autónomas.

Montero ha admitido la ralentización de la economía española, aunque la situó en un contexto internacional: “No se trata de ninguna desaceleración imprevista y que solo se produzca en España. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad frente a los augurios catastrofistas de los que no quieren que se avance con unos presupuestos que solucionan los problemas de nuestros ciudadanos y son los que el país necesita”.

Se mantiene la cifra de déficit del 1,3% del anterior Gobierno, pero el techo de gasto asciende a 125.064 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,4 por ciento respecto al techo de gasto de las cuentas para 2018. “Las cuentas públicas tienen que proteger el colchón de seguridad del estado del bienestar”, ha destacado la ministra para luego insistir en que que se trata de las cuentas con el “mayor crecimiento del gasto social desde 2009”: 12.599 millones de euros, supone un incremento del 6,4 por ciento respecto al año anterior, para alcanzar los 209.510 millones de euros, un 57,3 por ciento del total. Sin contar con el desempleo, el gasto social llega a los 191.107,82 millones, un 6,6% más.

Solo el gasto en pensiones, que es la principal partida de gasto social desde el punto de vista cuantitativo, se eleva a 153.864 millones de euros, registrando un incremento de 6,2 por ciento. Junto al gasto social, el Ejecutivo socialista cree que es posible cuadrar un alza de pensiones del 1,6% y del 3% en el caso de las mínimas, un alza del 2,25% del salario de los funcionarios y la supresión del copago farmacéutico.

Todo ello, con una previsión de reducción de la deuda del conjunto de las administraciones públicas que finalizará en el 95,4% del PIB en 2019 y la emisión bruta por parte del Tesoro Público de unos 209.525 millones de euros, un 1,6% menos que el ejercicio anterior.

Montero ha pedido a PP y Ciudadanos que apoyen el proyecto presupuestario o, al menos, se abstengan, con el argumento de mejorar la vida de las personas y frenar así el populismo. La ministra ha explicado que no se ha reunido con los independentistas catalanes para recabar su apoyo para aprobar las cuentas pero ha anunciado que el Gobierno se acercará a todos los grupos políticos, a los que pide “responsabilidad”, para intentar alcanzar un acuerdo presupuestario.

10.000 millones en infraestructuras

Los Presupuestos contemplan una inversión en infraestructuras de 10.029,69 millones de euros, lo que supone disparar en un 18,1% la de 8.487 que se programó en las cuentas públicas de 2018. Se trata del mayor importe inversor para infraestructuras en ocho años, desde los 11.386 millones fijados en los Presupuestos de 2012, en plena crisis.

La inversión en Alta Velocidad ferroviaria se mantiene como primer destino de la dotación programada, dado que supondrá 2.660 millones de euros, mientras que el segundo destino de la inversión en infraestructuras serán las carreteras, con una dotación de 2.328 millones de euros, de la que 998 millones se destinará a mantenimiento de la red actual.

El presupuesto consolidado de gastos ascenderá en 2019 a 472.660 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto a las cuentas de 2018, con unas operaciones no financieras de 345.358 millones de euros, el 73,1% de todo el presupuesto consolidado y un 5,3% más en comparación con el ejercicio anterior.

Aunque hay poco margen entre los gastos e ingresos para hacer políticas más ambiciosas, la ministra depositó la confianza para solventar este gasto en los 227.356 millones que corresponden a los ingresos tributarios, lo que representa un incremento del 9,5 por ciento respecto a la recaudación prevista en 2018. Las nuevas medidas de ingresos, incluyendo las figuras impositivas de nueva creación, aportan en un año completo un total de 5.654 millones de euros.

Colectivos blindados ante la subida de impuestos

La presión fiscal aumentará un punto en 2019 hasta alcanzar el 35,5%, aunque todavía lejos de la media europea que se sitúa en el 41,4%. La ministra ha subrayado que tanto “la clase media, como trabajadores y pymes quedan blindados en este presupuesto” ante la subida impositiva.

En este sentido, Montero tuvo que admitir que el incremento del impuesto del diésel, que supondrá una subida de recaudación de 670 millones, para “quitarle una bonificación que afecta a todos los ciudadanos”, aunque la ministra la ha ubicado en necesidades medioambientales.

Aunque hay medidas como el impuesto de transacciones financieras y la tasa digital que llegarán al Consejo de Ministros el próximo viernes y tardarán en entrar en vigor al finalizar el primer trimestre, el Gobierno ha señalado que espera una “tramitación ágil y rápida” por lo que tendrá un “impacto menor” compensada por otros ingresos como el IVA.

La recaudación por impuestos directos (IRPF y Sociedades fundamentalmente) y cotizaciones sociales crecerá un 6,5%, hasta los 223.614 millones. De este total, 126.810 millones de euros, un 9,6% más, se corresponderá con los impuestos, mientras que por cotizaciones sociales se recaudarán 151.430 millones de euros, un 7% más que este año.

Los impuestos indirectos, entre los que se encuentra el IVA, repuntarán un 15,8%, hasta los 54.627 millones de euros, mientras que las tasas y otros ingresos tributarios caerán un 0,8%, hasta los 14.523 millones.