Estas son las últimas políticas en Nueva York, Portugal o Andorra para luchar contra los precios abusivos del alquiler

El problema del encarecimiento de los alquileres se extiende por todo el mundo. Entre los factores que explican este fenómeno se encuentran la subida de los precios de compraventa; el estancamiento de los salarios; el alquiler turístico y la rentabilidad para los inversores que ofrece el mercado inmobiliario en un contexto global de bajos tipos de interés. Es por ello que los movimientos sociales por la vivienda reclaman que los gobiernos aprueben nuevas medidas que frenen la escalada y que reviertan la legislación adoptada para animar el sector cuando estaba en horas bajas durante la crisis financiera (por ejemplo, las exenciones fiscales a las sociedades de inversión inmobiliaria o socimis). 

Los sindicatos de inquilinos españoles defienden una limitación o regulación de precios que evite las subidas abusivas, tal y como se aplican en lugares como Alemania o Francia. Era también una de las demandas de Unidas Podemos para el decreto de alquiler que se aprobó el pasado marzo, si bien finalmente quedó fuera de este texto legal que ha aumentado hasta siete años el periodo mínimo de los contratos.

“Las regulaciones de precios no son ni el apocalipsis ni la panacea, pero si se hacen bien, ayudan”, asegura el portavoz del Sindicat de llogaters, Jaime Palomera. En todo caso, deben ir acompañadas de la creación de un mercado amplio de vivienda pública, y de la movilización, para uso de inquilinos estables, de la vivienda vacía y turística, añade.

Frente a la propuesta de alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de lanzar una ayuda para el alquiler de 150 euros al mes para jóvenes menores de 35 años, que el mismo reconoció que podría conllevar el riesgo de que “se traslade a una subida de la renta por parte del propietario”, estos son algunos ejemplos recientes de medidas, más o menos ambiciosas, que se han aprobado en los últimos meses en distintos lugares del mundo:

Nueva York: regulación de 1 millón de viviendas

Un millón de viviendas en Nueva York, en las que viven alrededor de 2,4 millones de personas (un tercio del total de habitantes de la ciudad), disfrutan de precios regulados. Desde el mes pasado están más protegidos, tras aprobarse una norma que ha sido recurrida esta semana por un grupo de propietarios que alega que es inconstitucional.

El Senado de la ciudad, una de las más caras del mundo, aprobó el pasado junio la renovación de la ley que regula este tipo de contratos para que no suban por encima de unos precios y añadió protecciones adicionales. Por ejemplo, eliminaron algunos de los sistemas que los propietarios utilizaban para sacar los inmuebles del mercado regulado y vetaron el llamado “bonus por desocupación”, que les permitía subir el alquiler hasta un 20% cuando el apartamento quedaba vacío. La nueva ley extiende la regulación a otros municipios del estado, más allá de la ciudad de Nueva York y hace permanentes los controles de los precios.

Portugal: ventajas fiscales para propietarios 

El 1 de julio ha entrado en vigor el Programa de Arrendamiento Accesible (PAA) en Portugal, basado en ofrecer ventajas fiscales a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler por un precio en torno a un 20% menor que el de mercado. No se trata de una limitación de precios sino de un “incentivo” para aquellos caseros que se sumen al programa, y que dejan de pagar el equivalente del IRPF español por las rentas que perciban por el alquiler. 

Según el programa, el precio de un estudio en Lisboa no puede exceder los 600 euros, no se puede pedir más de los 1.150 euros por un piso de dos habitaciones ni 1.700 en el caso de una casa grande de 5 habitaciones. El precio está definido por la zona donde está ubicada y el tipo de inmueble.

París: 5 años de limitación de precios 

También el 1 de julio ha entrado en vigor la nueva ley que permite a las ciudades francesas limitar el precio de los alquileres. París ya está aplicando la medida, aprobada por el gobierno del conservador Emmanuel Macron. El coste de la renta no podrá ser un 20% superior a un coste medio que se determinará según zona, año de construcción, calidades o número de habitaciones.

La nueva ley, que sustituye a una anterior que se derogó por problemas técnicos, incluye sancionar a los propietarios que incumplan con 5.000 euros si son personas físicas y 15.000 euros si son empresas o sociedades. El experimento se va a realizar entre este verano y 2023 y a partir de ahí se decidirá si continúa en vigor.

Berlín: cinco años sin subidas y altas multas

Berlín es una de las ciudades europeas más activas en la experimentación de políticas contra el problema de los precios del alquiler, que les afecta especialmente, con subidas del 60% entre 2011 y 2016, y un encarecimiento anual del 20% adicional los siguientes años. Ahora, su gobierno, con acuerdo de socialdemócratas, ecologistas e izquierdistas,  ha aprobado congelar durante los próximos cinco años los precios. 

El plan entrará en vigor el próximo año, pero para evitar que los propietarios traten de subir los alquileres hasta entonces se prevé que sea con efectos retroactivos a partir del anuncio, que se produjo hace unas semanas. 

El reglamento prevé multas de hasta medio millón de euros para los propietarios que superen un “alquiler máximo” todavía por definir. Además, las subidas de alquiler justificadas por reformas que superen los 50 céntimos de euro por metro cuadrado necesitarán la aprobación de las autoridades. Los alquileres de apartamentos de obra nueva, sin embargo, no se verán afectados por el tope.

Andorra: moratoria de un año en la subida de precios

A principios de este ejercicio el gobierno andorrano acordó la prórroga automática de un año de todos los contratos de arrendamiento que venzan durante 2019, a los que solo se les puede aplicar la subida del IPC, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

Flexibilizaron los requisitos para acceder a las ayudas a la vivienda de alquiler y se se incrementó la partida prevista para 2019. Además, el Gobierno negocia un convenio con Andorran Banking para la cesión de sus viviendas.