El juzgado admite a trámite la demanda de Baraka a BBVA, DCN y Merlin por la Operación Chamartín
La demanda de Grupo Baraka, la inmobiliaria del promotor Trinitario Casanova, a BBVA y Distrito Castellana Norte (DCN) por los derechos de reversión de la Operación Chamartín ha sido admitida a trámite en el Juzgado número 40 de Madrid, según ha comunicado la compañía esta mañana. Baraka ha enviado un burofax a KPMG y Deloitte, las auditoras del banco, de la empresa formada por él y la constructora San José y de Merlin Properties, para “advertirles de la obligación, según normativas, de comunicarlo como contingencia en sus balances para claridad del accionista”.
El grupo Baraka registró la demanda el pasado mes de octubre, reclamando a BBVA y a DCN 713 millones de euros por incumplimiento de contrato por derechos de reversión en la operación Chamartín. Según detalló entonces, la demanda solicita la apertura de juicio ordinario contra ambas entidades, al sostener que “están obligadas contractualmente a satisfacer los derechos de reversión derivados del procedimiento expropiatorio de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral”.
En ese momento, también remitió burofaxes a DCN, BBVA y Merlin para trasladarle que se abstuvieran de negociar la cesión de terrenos. BBVA negociaba entonces la venta de su participación en el proyecto a la socimi Merlin Properties. Las conversaciones se frenaron poco después. Finalmente, Merlin compró a la constructora San José una participación del 14,46% en la operación por 169 millones de euros.
La historia de los derechos reversión es larga. En los años 90, al poco de aprobarse por primera vez la operación, decenas de antiguos propietarios de suelo en la zona se unieron para reclamar su 'derecho de reversión'. La idea era que si les habían expropiado para darle al suelo un uso ferroviario, pero al final iban a construir casas, tenían derecho a recuperar sus terrenos y venderlos a mejor precio. Estos dos grupos eran el capitaneado por Jesús Espelosín, ex-concejal de urbanismo con el PSOE, y la asociación No Abuso, que lideró un abogado palentino llamado Antonio Vázquez. Son conocidos como 'reversionistas'.
Con los años, No Abuso llegó a agrupar a más de mil familias que suponen 1,2 millones de metros cuadrados de suelo, según sus propias cifras. Buscaron inversores que compraran sus derechos y les acompañaran en la travesía. Al final convencieron a Baraka, con la que llegaron a un acuerdo en abril de este año: la promotora pagó 100.000 euros y se comprometió a abonar 300 euros por metro cuadrado en caso de ganar los juicios y recuperar finalmente el suelo. Eso supondría un desembolso de 400 millones para Baraka, que una vez fuera propietario podría venderlo a más precio.
Al asunto le queda ahora un largo periplo judicial. Una ley de 1999 estipula los derechos de reversión durante un periodo de diez años. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que concluye que “al no acreditarse la desafectación tácita” de los terrenos (la declaración de que esos terrenos ya no están afectados a un uso público), “no procede la reversión”. Pero, precisamente, los reversionistas siempre han entendido que la reversión procederá cuando la operación esté del todo cerrada y los terrenos estén por fin desafectados a su uso ferroviario. Si eso sucediera, tanto ellos como el Grupo Baraka saldrían ganando.
