Que ningún invento, nuevo diseño o avance que se pueda poner en práctica a corto plazo y logrado por investigadores o empresas españolas contra la pandemia de la COVID-19 se quede sin una patente por falta de dinero para los trámites.
Este es el objetivo de una campaña altruista lanzada con el lema 'Patentes contra la pandemia' por parte de un despacho de abogados de Elche (Alicante), Ibidem, que ya estudia diversas propuestas para aconsejar y tramitar gratis el registro de la propiedad intelectual de estas innovaciones 'made in Spain' ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en Madrid.
Este bufete especializado en la protección de los intangibles relacionados con la creatividad y la innovación analiza las posibilidades de que el avance alcanzado “se pueda implementar de forma rápida” para salir “lo antes posible al mercado”.
Si la respuesta es positiva, Ibidem se encarga de la, a menudo, lenta y enrevesada tramitación de la patente y se hace cargo de los entre 2.000 y 4.000 euros que suelen costar las tasas para formalizar el registro.
El abogado y responsable de esta iniciativa para financiar el coste legal de los inventos contra el coronavirus, Celso Mazón, ha explicado a Efe que se fijan en aquellos adelantos que ayuden al sistema sanitario a combatir la pandemia y a promover la rápida recuperación de los enfermos, con especial énfasis en los colectivos más desfavorecidos.
Hasta el momento han recibido una veintena de solicitudes para beneficiarse de la iniciativa y el despacho ya tramita la protección intelectual de tres.
Otro par de estas propuestas han sido desechadas al considerar que no son susceptibles de registro, inviables o por creer que no tienen una rápida salida al mercado y el resto sigue bajo estudio en una campaña que se desarrollará durante seis meses, entre finales de marzo y septiembre.
Fundas de móvil con autolimpieza del virus, productos de desinfección de valor añadido para hospitales o residencias de mayores y mamparas con sistemas de higienización específicos son algunas de las herramientas de la industria tradicional susceptibles de ser financiados por Ibidem para su protección legal.
A estas posibilidades se suman desarrollos sobre equipos de protección individual (EPI), mascarillas, respiradores y geles protectores, aunque el abanico es tan amplio como la imaginación de los investigadores o emprendedores.
Por ejemplo, tienen cabida proyectos tecnológicos y de “big data” para seguir y evaluar la pandemia, y aquellas innovaciones que contribuyan a transformar los procesos actuales para producir material técnico y sanitario contra la COVID-19.
“Nuestro objetivo es ayudar a quien no puede afrontar el pago de la tasa para que no se quede ningún desarrollo sin su patente”, ha asegurado este experto que participa en los estudios de viabilidad previos al registro.
La propiedad intelectual es un elemento que incentiva la labor investigadora de las empresas y centros de innovación ya que, en caso de éxito, la patente otorga el monopolio (y los beneficios económicos) sobre el producto en un plazo de entre 10 a 20 años.
“Una vez que tienes algo en la cabeza y lo consigues, esperas un retorno económico: es una motivación más” y si no se hiciera así, según el abogado alicantino, “se podrían perder cosas muy interesantes: desarrollos para el bien social”.
Las empresas tienen conciencia de la extrema importancia de la propiedad intelectual para reservar la explotación legal de sus intangibles, un proceso en el que, sin embargo, queda camino por recorrer en el caso de los consumidores.
Antonio Martín