Una micropyme sevillana con cero empleados y sin actividad conocida ha iniciado los trámites administrativos ante el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía para promover una planta fotovoltaica de 600 megavatios (MW) en Badajoz.
De convertirse en realidad, el proyecto de esta empresa, Renopool 1, sería la mayor instalación de este tipo en Europa y una de las mayores del mundo, con una potencia equivalente al 13% de los MW fotovoltaicos que hay instalados actualmente en toda España. Esos 600 MW superan con creces la potencia de la central nuclear de Garoña (460 MW), la más antigua y pequeña de España.
La mayor planta fotovoltaica en el mundo es, por ahora, la que la compañía india Adani inauguró a finales del año pasado en Kamuthi, en el Estado indio de Tamil Nadu (648 MW), aunque hay proyectos en cartera por encima de los 1.000 MW, como el anunciado recientemente por la española Acciona en Dubai.
En España, el mayor parque fotovoltaico en operación lo promovió Renovalia hace ya diez años y está ubicado en Puertollano (Ciudad Real), con 70 MW (fue el mayor del mundo en su momento), aunque hay varias megaplantas de grandes dimensiones en diversos estados de desarrollo.
También en la provincia de Badajoz, el grupo extremeño Eco, con años de experiencia en el sector, inició hace unos días los trámites para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para un proyecto de 431,34 MW en los municipios de Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida. Y en Mula (Murcia), la alemana Promosolar Juwi proyecta desde hace años una gran planta de 450 MW que acaba de recibir el visto bueno, con condiciones, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según avanzó El Economista.
La promotora de este gran proyecto fotovoltaico de 600 MW en Badajoz, Renopool 1, tiene un perfil muy diferente al de Juwi, que, con unos 1.000 empleados y amplia presencia internacional, ha instalado cerca de 2.000 MW eólicos y 1.700 MW fotovoltaicos desde el inicio de su actividad.
Renopool 1 es otra cosa, y varios datos ponen en entredicho su capacidad para poner en marcha un proyecto que requeriría una inversión que superaría con creces los 600 millones de euros, pese al drástico abaratamiento de los paneles fotovoltaicos, que ha convertido a esta tecnología en la más competitiva de entre las renovables, por delante de la eólica.
Con un capital social de apenas 3.015 euros, Renopool 1 tiene por objeto social “la realización, estudio, gestión y ejecución de toda clase de proyectos relacionados con energías renovables y temas medioambientales”. La empresa nunca ha tenido actividad, según la información disponible en el Registro Mercantil del ejercicio 2013, el último del que presentó cuentas. Ese año, no tenía empleados y no facturó ni un euro, al igual que en el ejercicio anterior.
Renopool 1 fue constituida en Sevilla el 21 de febrero de 2012, unas semanas después de que el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, suprimiese los incentivos a las nuevas plantas de energías renovables, una moratoria que el Gobierno no ha levantado de forma parcial hasta el año pasado mediante unas subastas cuyo atractivo cuestionan los promotores del sector.
Un ex de Endesa
Los administradores solidarios de Renopool son dos empresarios con los que eldiario.es ha intentado contactar sin éxito, David Corrochano y Antonio Javier Limón. El primero fue responsable de Redes de Endesa, a la que estuvo vinculado hasta 2012. El segundo, según su LinkedIn, es un “autónomo” dedicado a “gestión y tramitación de proyectos de energía renovable en régimen ordinario” (sin derecho a prima) y ha trabajado en constructoras como Isolux y OHL.
El proyecto presentado por Renopool 1 el 31 de enero ante Medio Ambiente comprende también una subestación eléctrica y una línea eléctrica de 400 kilovoltios para evacuar la electricidad generada. El promotor ha pedido al Ministerio un “documento de alcance del estudio de impacto ambiental”, una posibilidad que contempla la actual Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Lo habitual es que el promotor presente su solicitud con el estudio ya hecho, pero la normativa también permite esta otra opción, menos utilizada, por la que el Gobierno debe “delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto ambiental”. El Ministerio tiene tres meses para contestar.
Fuentes de la Junta de Extremadura señalan que por el momento el Gobierno extremeño no ha recibido ninguna comunicación sobre este proyecto.