El programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentan este lunes en el Congreso de los Diputados promete recuperar los derechos laborales “arrebatados” por la reforma laboral que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó nada más llegar al poder en 2012. “Derogaremos la reforma laboral”, dice el documento, que especifica las seis medidas que se abordarán con “carácter urgente”.
El documento, que no hace mención a la “derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012” que incluyera el frustrado acuerdo presupuestario que ambas formaciones pactaron en octubre de 2018, apuesta en primer lugar por eliminar “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad” avalada en octubre por el Tribunal Constitucional y suprimir “las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo”, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
El documento también plantea derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales que consagró la reforma de 2012; una modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para “limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”; limitar “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa” y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, “orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.
El acuerdo promete, en materia de contratación, “recuperar los derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, revisando las causas y el procedimiento, garantizando su reversibilidad y su carácter negociado”; y “explorar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales”.
Asimismo, se plantea “reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la distribución irregular del tiempo de trabajo contratado”, revisando la normativa para prevenir el “uso fraudulento” de esta figura “para garantizar efectivamente que las condiciones de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial son iguales a los de los contratados a tiempo completo”.
Además, se plantea “revisar las causas del despido para hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”; una “revisión de los contratos formativos” y aprobación y desarrollo del Estatuto del Becario “para que su uso responda a finalidades exclusivamente formativas”.
El documento confirma la anunciada subida del salario mínimo interprofesional (SMI) “hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea”, aunque sin precisar fechas, y promete una mejora de las políticas activas de empleo y del sistema de desempleo.
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