El Índice de Precios al Consumo (IPC), que muestra la evolución de los precios, lo que también se conoce como inflación, es uno de los indicadores estadísticos más arraigados y extendidos en la sociedad española. Sin embargo, desde Economía están decididos a que los españoles pierdan esta referencia y desliguen su vida de este indicador que mide lo que sube el coste de la vida. No obstante, como dejar de mentar al IPC no detendrá la evolución del coste de la vida, el Gobierno creará nuevas referencias con las que actualizar los principales servicios y que no se congelen en el tiempo.
Para desindexar la economía, esto es, desvincular la prestación de servicios y las rentas de una subida automática del IPC, el Ejecutivo cambiará leyes, como la Ley de Arrendamientos Urbanos, las pensiones (que se tramitan en estos momentos en una ley separada), y revisará todos los contratos públicos y servicios regulados en los que se fija una revisión automática de un precio con el IPC. En lo posible, nada que dependa del Estado, y esto incluye a las tres Administraciones (Gobierno Central, autonómico y local), tendrá como referencia nunca más al clásico IPC.
El Gobierno no puede forzar a hacer esta traslación a las partes privadas, pero sí cambiará la legislación para que el IPC no se tome por defecto en caso de omisión en un contrato de alquiler, por ejemplo, y espera que, con el paso del tiempo, la práctica permee las relaciones entre particulares. Por lo pronto, los convenios colectivos ya no toman el IPC como referencia para actualizar los salarios desde prácticamente el inicio de la recesión.
En cualquier caso, cualquier prestación de servicios tiene que tener una referencia para actualizar su valor o, de lo contrario, la economía entraría en una suerte de glaciación. El ministerio que preside Luis de Guindos ha ideado un indicador alternativo que pueda servir como referencia. Este indicador se calculará con el IPC armonizado (el que se manda a Bruselas con los criterios de Eurostat), menos una fórmula que calculará la competitividad perdida desde que España entró en el euro.
La complejidad de este nuevo indicador es evidente. Frente a un índice relativamente sencillo como el IPC que rastrea los precios de productos básicos de la cesta de la compra, este nuevo Indicador de Competitividad no está vinculado a una referencia que el usuario pueda trasladar a su día a día. Es sencillamente una fórmula matemática. Para familiarizar a los usuarios, el nuevo indicador se publicará el mismo día que el IPC y también lo elaborará el INE.
Con casi toda probabilidad, los que apliquen este indicador congelarán sus precios en los próximos años. La razón es que al Gobierno le sale que, por ahora, el resultado de su ecuación es cero. Y no tiene pinta de que tal y como está diseñada la fórmula (teniendo en cuenta que España en el pasado ha tenido una inflación muy por encima de la zona del euro, lo que le ha hecho perder mucha competitividad) vaya a subir de cero a corto plazo. Con todo, el Ejecutivo le ha puesto un techo y un suelo al indicador. Nunca podrá ser de más del 2% ni estar por debajo del 0%. Esta horquilla hace que el Gobierno meta mano directamente en la formación de los precios.
Para los contratos públicos, la actualización será aún más farragosa. Las concesiones estatales también están sujetas a una actualización anual, pero el Gobierno quiere revisar cada caso para ver si tiene sentido que se actualicen y, de ser así, decidir con qué criterio lo hacen, ya que siempre tendrá en cuenta los costes. El órgano para decidir si se actualizan y con qué criterio será la Comisión Delegada que se reúne cada jueves con los subsecretarios de las áreas de economía de todos los ministerios. Esta comisión tendría, además, que disponer de una referencia ad hoc para cada contrato. En algunos casos, por ejemplo, porque el principal factor a tener en cuenta para actualizar un servicio sea el precio del carburante o del cemento.
Dada la complejidad de este proceso, el Gobierno se da seis meses para ir revisando y proponiendo los nuevos indicadores para estos sectores. Así las cosas, y teniendo en cuenta que hasta ahora solo hay un Anteproyecto de Ley, prácticamente transcurrirá todo 2014 sin que esté claro cuánto y cómo subirán los precios. Es muy probable que este 1 de enero no se pueda hablar de que sube la luz, el transporte o el servicio postal porque la nueva ley aún no esté operativa. Estos servicios los prestan los conocidos como sectores regulados en los que se fijan precios de referencia. Estos precios ahora han perdido por así decirlo el norte, esto es, el IPC y tendrán que orientarse con un nuevo indicador que aún está por definir.
Pros y contras
Las desventajas de este cambio de reglas de juego proceden ante todo de la dificultad de la inseguridad que generará el limbo en el que quedarán muchos contratos públicos hasta que se estudie si tienen que actualizarse y cómo. Como muchos de ellos son concesiones a largo plazo, la aplicación de forma retroactiva liberará a las empresas de su contrato, en el caso de que crean que no les merezca la pena. Pero los nuevos licitantes que en los próximos trimestres opten a concursos públicos no sabrán cuál será la revalorización de sus contratos en el futuro.
Por lo pronto, desde Economía reconocen que no existe una ley así en el resto de países europeos. España vuelve así a ser un laboratorio para lanzar este tipo de experimentos, teniendo en cuenta que esta era una de las peticiones de Bruselas. Desde Economía se defienden asegurando que un problema de altos precios como el que tiene España solo se da en algunos otros países del sur de Europa, por lo que no es necesario hacer una ley así.
Las ventajas del nuevo escenario son muchas, sobre todo políticas. En tiempos de contención, de recortes salariales y de congelación de pensiones, que el 1 de enero se estrenara el año anunciando nuevas subidas del autobús o de la bombona de butano hubiera sido, socialmente insostenible. La más que previsible congelación en los próximos años de estos servicios aplacará con mucho el descontento social que están provocando las otras medidas de ajuste tomadas por el Gobierno.
A la larga, la repercusión en los bolsillos de los ciudadanos no es tan certera. El Ejecutivo prevé un ahorro de 700 millones de euros para las familias y una mejora del PIB significativa. Sin embargo, una de las principales razones por las que se toma la medida, la de evitar los efectos de segunda ronda y que el IPC se dispare, apenas se notará. Así, Economía prevé que el IPC apenas se modere una décima con estas medidas.
Por dejar de usar el IPC no se dejará de arañar el poder adquistivo de los españoles. Si la cesta de la compra sigue subiendo (en los últimos meses la educación, la sanidad y los alimentos están particularmente desbocados y no están afectados por esta nueva ley), los españoles tendrán cada vez menos poder adquisitivo. Se llame como se llame.