El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) recomienda a España que apruebe ya un plan nacional de acción contra el radón, un gas radiactivo y cancerígeno, invisible e inodoro que emana del subsuelo de zonas graníticas de buena parte de la Península Ibérica y se concentra especialmente en sótanos y plantas bajas de los edificios.
La recomendación figura en un borrador del informe que el OIEA va a presentar este viernes en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid, tras una visita de dos semanas a España de 36 inspectores del organismo. El borrador al que ha tenido acceso eldiario.es (no es la versión definitiva del informe) recoge esta recomendación: “El Gobierno debería asegurarse de completar y aprobar un plan nacional de acción del radón” con “acciones coordinadas” para reducir la concentración de este gas en edificios “existentes y futuros”, y asignación de responsabilidades.
España llega muy tarde a este asunto. Desde hace meses incumple una directiva europea (59/2013 EURATOM) que insta a los Estados miembros a poner en marcha antes del pasado 8 de febrero “planes de acción nacionales para abordar los riesgos a largo plazo de la exposición al radón”. La directiva instaba también a establecer niveles nacionales de referencia para las concentraciones de radón en recintos cerrados, e indicaba que los niveles de referencia para el promedio anual de concentración de actividad en el aire no superarán los 300 bequerelios por metro cúbico (Bq/m³). Un asunto que debe reflejar la próxima revisión del Código Técnico de la Edificación del Ministerio de Fomento.
El borrador de informe del OIEA destaca que durante años, el CSN ha promovido y difundido varias campañas de medición de gas radón y ha publicado un mapa nacional que refleja que en torno al 10% de las mediciones superan ese límite de 300 Bq/m³. Pero, como subraya el documento del organismo con sede en Viena, el plan “está pendiente de aprobación por el Ministerio de Sanidad”. Fuentes de este departamento indican que “se está pendiente de la transposición de la directiva” y que “se está trabajando” en el plan, sin precisar plazos.
La OMS fija el umbral de peligrosidad del radón muy por debajo de ese límite de 300 Bq/m³ que cita la directiva europea (en concreto, en 100 Bq/m³). Este organismo recuerda que el radón es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco y que la proporción de casos de cáncer de pulmón a nivel nacional atribuibles al radón “varía de un 3% a un 14%, en función de la concentración media nacional de radón y de la prevalencia de consumo de tabaco”.
En países como Estados Unidos y Reino Unido, la concentración de radón es un factor a tener muy en cuenta en la valoración de una vivienda. En Francia, es obligatorio desde julio de este año informar de los riesgos de exposición al radón de una vivienda para poder alquilarla o venderla.
Incertidumbre sobre las nucleares
La versión del informe del OIEA a la que ha tenido acceso eldiario.es habla de la necesidad de dotar de independencia financiera al regulador atómico español, el CSN, pero no hace referencia a la independencia del organismo, cuyo pleno está controlado por una mayoría de personas cercanas al PP y cuya politización ha sido ampliamente criticada en los últimos años por la mayoría del Congreso.
El documento señala que la falta de pronunciamiento del Gobierno sobre si extenderá la vida de los reactores nucleares más allá de los 40 años supone un “reto para posicionar adecuadamente los medios humanos y materiales requeridos” por el CSN. E insta al Ejecutivo a dar “pasos inmediatos” para actualizar el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) ya que “no hay base formal para la toma de decisiones respecto a la gestión a largo plazo de los residuos radiactivos, lo que suscita preocupaciones sobre la sostenibilidad de la actual estrategia”.
El plan no se revisa desde 2006 y está caducado desde 2011. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido a actualizarlo el próximo año. Respecto al almacén temporal de residuos nucleares de alta actividad (ATC) cuya tramitación ha decidido suspender Ribera, el borrador se limita a recomendar al Ejecutivo que “se asegure de que cualquier retraso en la implementación” no afecte negativamente a la seguridad de la gestión de los residuos.