Facua ha indicado que tras reconocer que se había producido un alta fraudulenta y anular las facturas, Movistar exigió al afectado más de 200 euros por darle de baja con el argumento de que el falso contrato tenía un “compromiso de permanencia”.
“Al negarse a pagar, una empresa de gestión de cobros amenazó con llevarlo a los tribunales y causar un grave perjuicio para su nombre, bienes y derechos futuros”, ha señalado Facua.
Facua ha indicado que, tras un año y medio desde la interposición de la denuncia y una queja ante el Defensor del Pueblo por la “lentitud” de la Agencia Española de Protección de Datos en dar respuesta, el organismo ha resuelto sancionar a Movistar por una infracción 'grave' de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.